El Gobierno ya está formalmente constituido y puede poner en marcha su maquinaria legislativa. Tras las elecciones del 23 de julio y las negociaciones para desbloquear la investidura de Sánchez (que incluyó la negociación sobre la amnistía) en el PSOE y en Sumar tenían claros tanto el diagnóstico de la situación como la hoja de ruta a seguir, una planificación que, básicamente, oponía dos realidades.

Frente a la estrategia de la crispación de la derecha y de la ultraderecha, materializada en una ola de protestas con un notable trasfondo ultra, el Ejecutivo (entonces no nato) pensaba ya en el despliegue de una agenda de medidas sociales que pusiera una nota calmada pero firme.

Ante la crispación, legislación, que sobre todo es una manera de demostrar que la investidura (y el acuerdo sobre la ley de amnistía) no es un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar en derechos sociales y civiles en un contexto político que tiende más bien hacia lo reaccionario.

La vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó como "mayoría del sí" los 179 votos que hicieron presidente a Sánchez, no sólo por su carácter afirmativo, sino también por todos los síes que permitieron en la pasada legislatura aprobar medidas como la reforma laboral, los escudos sociales, las subidas del SMI o la revalorización de las pensiones, y que vencieron al no que la derecha convirtió en identidad parlamentaria.

El Gobierno surgido de esa mayoría ya está en plenas facultades, y su objetivo el de estrenarse con el impulso legislativo a las prioridades que cada departamento tiene en su haber. Este miércoles se celebra el primer Consejo de Ministros tras las promesas de sus cargos ante el rey y el traspaso de carteras que ha tenido lugar este martes.

Desde las filas del PSOE han destacado especialmente el carácter "político" de esta legislatura. Lo dijo el propio Sánchez este lunes en el Palacio de la Moncloa tras anunciar su nuevo Gobierno. Al mismo tiempo resaltan la necesidad de avanzar en medidas sociales y progresistas. El discurso de investidura del presidente dejó claras algunas prioridades sobre las que fuentes del Gobierno destacan que se desarrollarán con la mayor prontitud posible desde el Consejo de Ministros.

Algunas de ellas por razones obvias de temporalidad. La reducción del IVA de algunos alimentos básicos del 4% al 0% caduca este 31 de diciembre. Se aprobó en diciembre del pasado año dentro del Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Sánchez anunció en el Congreso que se extendería esa bajada hasta junio de 2024.

También se pretende abordar con celeridad la subida del umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros, para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor. Y también debe aprobarse antes de final de año la medida del transporte público gratuito para todos los menores y jóvenes y las personas desempleadas. Entrará en vigor a partir del 1 de enero según anunció Sánchez.

Se espera también que no se demore en exceso la aprobación de la Ley de Representación Paritaria. Realmente esta ley ya se aprobó el 22 de mayo, pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Pero el adelanto electoral anunciado por Sánchez frenó su tramitación parlamentaria. La ley, salvo que haya cambios, obligará a que haya presencia de mínimo un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales, los colegios profesionales y los jurados de reconocimientos públicos.

Por otra parte, desde el Gobierno ya se han iniciado los contactos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, según confirman fuentes socialistas. El Ministerio de Hacienda ya trabaja para presentar en los próximos días el techo de gasto. PSOE y Sumar ya tienen avanzados algunos asuntos sobre las cuentas públicas que trataron en las negociaciones del pacto de Gobierno. Falta amarrar el apoyo del resto de socios: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria. Pero tras los acuerdos firmados para la investidura, no se prevén demasiadas complicaciones.

Las prioridades de Sumar

Los ministerios de Sumar también tienen clara su agenda. En el caso de Trabajo, las dos prioridades en este (re)inicio del Gobierno de coalición son una nueva subida del salario mínimo y la mejora de la prestación por desempleo. Los de Díaz y los de Sánchez acordaron en su pacto programático fijar la subida del salario mínimo por ley, pero en Sumar no se conforman sólo con la automatización de este incremento, sino que también quieren ligarlo al coste de la vida para que los trabajadores que menos cobran no pierdan poder adquisitivo.

Para ello, Díaz encargará con carácter urgente a la comisión de expertos de Trabajo que elaboren un informe sobre la capacidad real del SMI para reducir las desigualdades entre los trabajadores (en especial las que existen entre mujeres y hombres) y sobre cómo potenciar esta capacidad. En ese informe se incluiría una relación entre la potencial subida del salario mínimo y el coste de la vida. Posteriormente, Trabajo convocará a los agentes sociales para fijar la cifra.

En el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, capitaneado por Pablo Bustinduy, las prioridades son varias. De la legislatura pasada queda pendiente la aprobación de la ley de familias y de la ley de servicios sociales, dos normas que no pudieron ver la luz por culpa del adelanto electoral, pero que el equipo de Ione Belarra, la anterior ministra, dejó bastante avanzadas.

También es una prioridad la aprobación de la retribución de hasta ocho semanas de permisos parentales y de cuidados pactada entre el PSOE y Sumar en el acuerdo de Gobierno, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido" o una reforma del ingreso mínimo vital para asegurar su capacidad, efectividad y alcance para las personas que lo necesitan.

En Sanidad, Mónica García se fijará como prioridad la aprobación de un pacto por la salud mental y el despliegue de una mayor cobertura de la salud visual y bucodental (sobre todo para los menores), así como un refuerzo urgente de la Atención Primaria. De fondo, uno de los mayores retos de García es la aprobación de una ley para reducir las listas de espera.

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, se volcará en la lucha contra la censura, en un contexto donde PP y Vox manejan la oferta cultural de la mayoría de los territorios, y después de la sonada cancelación de varios conciertos y actuaciones. El acceso a la cultura para las personas más pobres también será una de las prioridades de este departamento. Para Sira Rego, al frente del Ministerio de Infancia y Juventud, la prioridad es la de elevar la infancia a la categoría de política de Estado.