El cese de la violencia de ETA no trajo consigo el fin de las medidas de excepción impuestas por los sucesivos gobiernos cuando la organización terrorista atentaba. Y dos años y nueve meses después de aquel anuncio el inmovilismo sigue siendo la opción del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy en lo que se refiere al proceso de paz abierto en el País Vasco. ETA no se ha disuelto, como se le exige desde la mayoría de los partidos políticos españoles, pero sí sigue dando pasos que han permitido que la sociedad vasca asuma ya como irreversible el fin de los asesinatos.

El último quedaba a la luz este domingo, con la publicación en Gara de un comunicado en el que la organización anunciaba una 'remodelación' de sus estructuras para pasar de la confrontación armada al de la exclusivamente democrática', y en el que aseguraba que ha desmantelado 'las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada'. Además de su propio contenido, lo que ha vuelto a dejar de manifiesto el anuncio de ETA es el inmovilismo del Gobierno.

El comunicado añade así más presión a la que ya ejerce en los últimos años la sociedad vasca sobre el Ejecutivo del PP. Porque los vascos siguen discrepando sobre la idoneidad de aplicar beneficios penitenciarios a los presos de la organización, sobre las condiciones que deben ponerse encima de la mesa para considerarla un agente político, o sobre cómo debe gestionarse el dolor de las víctimas. Pero en lo que sí coincide una abrumadora mayoría de ciudadanos es en reivindicar un diálogo Gobierno-ETA.

El 75% rechaza el papel del Gobierno

El Euskobarómetro —encuesta realizada por la Universidad del País Vasco— de mayo, el último en el que se preguntó sobre el conflicto, desveló que un 83% de los vascos apoya una eventual negociación entre el Ejecutivo y los etarras independientemente de que sean nacionalistas o no. También se reclama este acercamiento desde todos los partidos políticos vascos —con la excepción de PP y UPyD—, e incluso desde sectores del PSE, una de las formaciones que junto a la conservadora fue más castigada por la violencia terrorista.

El mencionado sondeo también desveló otro dato que una vez conocido el comunicado de ETA fechado el 15 de julio, también condicionará la acción de gobierno de Rajoy de los próximos meses, previos al inicio de un ciclo electoral que concluirá en 2015 con las elecciones generales. El 75% de los vascos desaprueba con rotundidad la gestión realizada desde la Moncloa del fin de la violencia de ETA. Sólo la aprueba un 5% que, principalmente, corresponde a los votantes del PP.

En este contexto, cobraron ayer más sentido las declaraciones que se vienen realizando desde distintos sectores, incluido el grupo de observadores internacionales encargados de velar por las garantías del fin de la violencia, en la línea de exigir pasos al Gobierno para ponga fin a las medidas de excepción impuestas a los presos de ETA, o cese en la persecución de los miembros de organizaciones políticas alejados de la violencia.

La liberación 'inmediata' de Otegi

Uno de esos observadores, el viceprimer ministro del Gobierno norirlandés, Martin McGuinness, pidió ayer mismo la puesta en libertad del exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el acercamiento de los presos, tras el 'gran paso' dado por ETA con su anuncio. En una declaración colgada en la web del Sinn Fein, consideraba que 'la liberación inmediata' de Otegi sería 'un primer paso importante', al tratarse de 'un actor clave en la construcción del proceso de paz'. En su opinión, que éste siga encarcelado 'tiene motivos claramente políticos y es un obstáculo evidente para el avance'.

Añadía, además,  que 'los presos vascos que han sido dispersados lejos de sus hogares deberían ser trasladados más cerca de sus familias y los presos gravemente enfermos deben ser liberados'. Sólo así, concluía en su texto, se podría 'facilitar el avance en el proceso de paz vasco'. El nuevo comunicado de ETA no hace más que dejar en evidencia las exigencias de diversos sectores para que el Gobierno mueva ficha.