Este viernes la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Ana María Iguácel, tomará declaración a Julio Pacheco (Madrid, 1955), el hombre que presentó una querella por las torturas que sufrió tras ser detenido en 1975 por miembros de la Brigada Político-Social, la policía política de la dictadura franquista,
entre los que se encontraba el comisario José Manuel Villarejo. 

Esta es la primera querella que se admite a trámite en el Estado español por un delito de torturas durante la dictadura. El resto de querellas cayó en saco rato al invocar los jueces la ley de amnistía de 1977 como freno para la investigación de los crímenes del franquismo.

Tras la decepción que supuso la suspensión de la citación de Julio Pacheco, el pasado 14 de julio, y la de su pareja, Rosa García, como testigo, la reactivación de las diligencias por parte la jueza Iguácel ha alimentado las esperanzas del colectivo de presos y represaliados de la dictadura de que la investigación prospere. 

La suspensión en julio pasado fue sorpresiva y sin que mediara aviso previo por parte del juzgado. Julio Pacheco, Rosa García y el abogado Jacinto Lara se encontraron con un juez de refuerzo, al que la jueza titular había asignado el caso, que suspendió las declaraciones con la excusa de que debía reexaminar la causa porque tenía "muchas aristas".

Un mes después, Julio Pacheco recibió una providencia de la jueza, que vuelve a asumir la investigación, citándole para este viernes, 15 de septiembre. También declarará Rosa García, que sufrió torturas cuando fue detenida a la vez que su pareja, en el verano de 1975, en el marco de una operación contra la disidencia antifranquista. 

La jueza mantiene investigados a cuatro antiguos agentes de la Brigada Político-Social, entre los que está el comisario jubilado Villarejo, por la prácticas de torturas y malos tratos en la Dirección General de Seguridad, tales como golpes en las plantas de los pies y puñetazos. "Nos ha costado muchos años llegar hasta aquí y más de cien querellas inadmitidas de otras tantas víctimas que no han visto respetado su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", indica Julio Pacheco a Público.

Jacinto Lara, el abogado de Julio Pacheco y de CeAqua, la plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, confía en que "en esta ocasión se tome finalmente declaración por el juzgado tanto al querellante como a la testigo y continúe la tramitación de la causa". 

El letrado insiste en que "sería la primera vez que en el marco de un proceso penal se toma declaración a un querellante que ha
denunciado un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad". 

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su último informe periódico sobre España, el 27 de julio de 2023, considera que la actual Ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas. 

Por ese motivo, en forma de recomendación, insta de nuevo al Estado español a adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes impunes. Entre las medidas que se deberían adoptar, el Comité apunta expresamente la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.