Corren tiempos en los que la fuerza de una idea se mide por las personas que es capaz de sacar a la calle en manifestación. Representantes políticos de todo signo, ofreciendo cifras de asistencia en la mayoría de los casos exageradas, usan la voluntad de expresión de la ciudadanía para dotar de contundencia a su argumentario político. No obstante, llama la atención que todos ellos hayan olvidado que el consenso más sólido que han mostrado los españoles es su repulsa a la violencia. Si hubiera que elegir un adjetivo para España según sus manifestaciones, éste sería sin duda pacifista.

La ciudadanía española llegó a asombrar al mundo por ello en 2003. Cuando hasta 600 ciudades de todo el mundo se llenaron de protestas contra la inminente Guerra de Irak, España se convirtió en eje de la más visible repulsa internacional. "La política exterior de EEUU no la pueden marcar los manifestantes de Barcelona", llegó a afirmar George W. Bush, impulsor de aquel conflicto y creador de la teoría de las inexistentes armas de destrucción masiva con la inestimable colaboración de José María Aznar y Tony Blair.

Más de 1,3 millones de personas dijeron "No a la Guerra" en la ciudad condal, según la Guardia Urbana. Más de un millón en Madrid; medio millón en Valencia (donde la marcha tuvo que empezar una hora antes de lo previsto debido a la avalancha de gente, a la que seguía acudiendo gente tras su finalización); 300.000 en Zaragoza; 200.000 en Sevilla; misma suma que en las tres capitales de provincia del País Vasco. En total se superaron ampliamente los tres millones de manifestantes en todo el Estado.

Más de 1,3 millones de manifestantes se congregaron en las calles de Barcelona el 15 de febrero de 2003

Las concentraciones superaron cualquier cota de asistencia alcanzada hasta esa fecha: ni la capital la noche en la que Tejero secuestró el Congreso de los Diputados; ni la manifestación a favor del Estatut de Autonomía en Barcelona en 1977; ni la protesta contra el Plan Hidrológico Nacional de Zaragoza fueron mayores que el "No a la guerra". Solo el rechazo del terrorismo del ETA y al yihadismo han unido a los españoles en cotas similares. Y a pesar de ello, las instituciones han desoído el mandato ciudadano de aquel "No a la Guerra".

Casi tres lustros después, España sigue participando en la Guerra de Irak, fase dos: la del contraataque de Daesh. Lo hace con tropas, (profesionales de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas adiestran a personal iraquí sobre el terreno) y con apoyo logístico y financiero. Unos fondos que podrían aumentar en 15 millones de euros, tal y como se filtró la misma mañana en la que Mariano Rajoy se reunió con Donald Trump, justo antes de la consulta del 1-O, consiguiendo que éste se pronunciara a favor de que "España siguiera unida" —aunque utilizando un lenguaje verbal y no verbal que transmitía ideas muy vagas sobre el país y su relación con Catalunya— Años después de Zapatero retirara las tropas, España sigue muy presente en Irak, pero en ese tiempo ha evolucionado en algo diferente.

Si en algo destaca el militarismo español de 2017 es en el papel de arsenal para cualquier país con dinero para pagar las armas que aquí se producen, cuyo I+D+i se paga con dinero público. Prueba de ello es el ínfimo porcentaje de denegación de solicitudes de exportación de armas que tiene la junta interministerial del Gobierno al cargo del asunto, la JIMDDU (siempre en torno al 1% anual). Este órgano tiene el deber de vetar los envíos a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, ya que violarían la propia ley española de comercio de armas.

Un insurgente yemení apunta un lanzacohetes C-90, producido por la empresa española Instalaza y vendido en un principio a Arabia Saudí.

A pesar de ello uno de los principales clientes de la industria de la muerte española es Arabia Saudí, acusada por Naciones Unidas y Unicef de provocar la mayor catástrofe humanitaria del mundo con sus bombardeos en Yemen, que han asesinado a 10.000 civiles, hiriendo a otros 50.000. El brote de cólera que asola el país es el más mortífero brote de cólera del que se tienen registros históricos, con 2.100 muertos y más de 750.000 infectados, según los datos de la propia ONU publicados en septiembre.

​Objeción de conciencia a la guerra, ilegal

La hipocresía política hizo tope en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados a finales de septiembre, cuando todos los grupos, incluido el PP, pidieron al Gobierno que aumentara los controles para asegurar que las armas que vende España no se utilizan contra la población ni en violaciones de los derechos humanos. En la misma sesión, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de un veto explícito a la venta de armas a Arabia Saudí, acusada de violar los derechos humanos sistemáticamente contra sus propios ciudadanos (al menos 66 personas han sido decapitadas en lo que va de 2017, según Amnistía Internacional) y de cometer crímenes de guerra en Yemen. 

El tráfico de armas hacia la monarquía absolutista islámica tiene uno de sus focos en el puerto de Bilbao. Allí, en uno de los despliegues rutinarios de seguridad por la carga de material peligroso en el que participan retenes de seguridad de los bomberos, uno de ellos se plantó. "Por la numeración de los contenedores podían ser proyectiles con cabeza explosiva, detonadores… Armamento. Cuando pregunté a los responsables me dijeron que, efectivamente, había bombas y proyectiles". Inazio Robles, de 41 años y padre de dos hijos, comunicó a sus superiores que no custodiaría un envío de armas por motivos de conciencia, quedando a la espera de nuevas órdenes. 

Los hechos ocurrieron en marzo. Seis meses después, el expediente que le abrió la Diputación de Bizkaia está a punto de cerrar su primera fase de investigación. Podría acarrearle hasta cuatros años de suspensión de empleo y sueldo. En su expediente, el instructor ha pedido la opinión de un constitucionalista sobre su caso. No obstante, su rechazo ideológico a la guerra no tiene cabida en la legislación española. 

El bombero vasco Inazio, que se negó a participar en un retén que debía custodiar un envío de armas hacia Arabia Saudí desde el Puerto de Bilbao.

"La única que está constitucionalmente reconocida es la objeción de conciencia al servicio militar", explica a este medio Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha. "¿Puede haber otras objeciones de conciencia? Sí, pero tienen que estar recogidas en una ley. Existirán mientras la ley las contemple. ¿Cuál se ha regulado? La objeción de conciencia en la práctica de abortos", ahonda Miguel Ángel Presno, catedrático en la misma materia y profesor de la Universidad de Oviedo. Es decir: La ley permite objetar a la práctica del aborto, pero no a colaborar con una guerra donde se cometen violaciones de derechos humanos. "Ha habido una carga política en la regulación del derecho, evidentemente", corrobora el docente.

"Yo diría que no tiene derecho a la objeción de conciencia. Puede negarse, pero no ejercer la objeción de conciencia bajo un amparo legal", afirma Presno sobre Inazio. "Sin duda es un tema complejo", reconoce Valero. "Sin embargo —continúa la profesora— el Derecho sancionador siempre ha de aplicarse proporcionalmente y, desde mi punto de vista, suspender sin empleo y sueldo a un padre de familia por un acto de estas características, sin duda llevado a cabo de conformidad con sus más íntimas convicciones, sería a todas luces desproporcionado".

Mordaza por señalar a los vendedores de armas

Si las instituciones públicas han olvidado el "No a la Guerra" y la legislación española no permite alegar objeción de conciencia a los ciudadanos para no colaborar con una guerra, ¿qué les ocurre a aquellos que recurren a la protesta no violenta para señalar la hipocresía del Estado en la venta de armas? Se enfrentan a la aplicación de la ley mordaza con toda su dureza. 

Así les ha ocurrido a los 19 activistas antimilitaristas que protestaron el pasado mes de marzo frente al recinto ferial Ifema en la capital por acoger la feria de armamento Homsec. La platafoma Desarma Madrid, organizadora de la protesta junto a miembros de Alternativa Antimilitarista MOC, denunció que en ese evento se negocia por el armamento que terminará matando en Yemen, Siria, Libia, Palestina o Irak. Mientras un grupo de activistas desplegaba pancartas en la acera, otros seis (el número de ediciones de la feria) se arrojaba pintura por encima emulando la sangre de las víctimas de los conflictos que alimenta la industria española. Fueron todos detenidos.

Las multas llegaron hace menos de 10 días. 11.419 euros en total, 601 euros a cada activista por violación del artículo 36.6 del Código Penal, falta grave por "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones". Se trata de una de las trampas antidisidencia introducidas en el ordenamiento jurídico con la reforma y uno de los artículos más aplicados de la ley mordaza. "Acusan de lo mismo a toda la gente que estaba allí, incluso a la gente que estaba en la acera. A otros les acusan de manchar de pintura a los agentes cuando fueron ellos los que se mancharon cuando les cogieron...", explica a Público uno de los activistas sancionados, de KEM-MOC Bilbao.

La Policía argumenta que los activistas obstaculizaron el tráfico e impidieron la entrada al recinto. "Harían falta miles de personas rodeando Ifema para eso, tiene varios accesos. El objetivo era la denuncia, no obstaculizar el acceso o el tráfico porque sabemos que eso no es posible. Solo queríamos denunciar que en esa feria se vendían armas para Arabia Saudí", niega el activista.