La tuberculosis bovina es una enfermedad del ganado vacuno que se controla cada año a través de pruebas veterinarias –proceso denominado saneamiento– a los animales de las explotaciones ganaderas. Si una vaca da positivo, es obligatorio sacrificarla en el matadero para posteriormente vender su carne, pero no se puede utilizar para cría de animales. Ni el animal que ha dado positivo, ni ningún otro de esa explotación, que debe pasar primero una cuarentena.

Estas son las medidas que la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, que gestiona Vox, ha tratado de saltarse con una normativa más laxa, practicando una suerte de negacionismo sanitario, a través de una resolución publicada el 15 de mayo.

Dicha resolución es contraria a la normativa española y a la europea. Por esta razón, el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido la aplicación de esta norma que Vox prometió a los ganaderos y que ha obligado al Ministerio de Agricultura a salir al paso con una orden ministerial que limita el movimiento de ganado.

A la ausencia de competencias por parte del vicepresidente García-Gallardo se le ha unido en esta ocasión una nula gestión del problema de la Consejería de Agricultura y que ha puesto en jaque e indignado a los ganaderos de bovino de Salamanca y a veterinarios, sectores en su mayoría conservadores, y que temen represalias de Bruselas si el Gobierno de Mañueco-Gallardo no acata las normas y la ley.

Después de 36 años de gobierno del PP en Castilla y León –el último junto a Vox– los propios profesionales del campo aseguran que el programa sanitario "no funciona". "Estamos peor que hace 30 años, con una prevalencia mayor de la enfermedad. Lo único que saben hacer en matar vacas y la enfermedad no mengua. Entonces al menos queremos que dejen de hablar de la erradicación de la tuberculosis y hablen tan solo de control", apunta a Público Raúl del Brío, un ganadero y agricultor salmantino.

No hay que olvidar el lema de Vox en las elecciones autonómicas del pasado año, que dejaba bien claro dónde iba a buscar apoyos: "Vox siembra", rezaba en sus carteles electorales. La ultraderecha en Castilla y León señalaba ya entonces al sector primario y el mundo rural como uno de sus principales pilares. Y lo fue. Por esta razón, una de las tres consejerías elegidas por la formación de Santiago Abascal fue la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con Gerardo Dueñas al frente.

Ahora, en un intento de contentar a sus votantes afines, Vox se ha subido al caballo negacionista de la ciencia, tratando de manipular a los ganaderos al prometerles acciones que no pueden cumplir. Ana Sánchez, número 2 del PSOE en las Cortes de Castilla y León, asegura que "este problema de la tuberculosis bovina ya arrancó en 2019 con una promesa incumplida de Mañueco", pero se ha enquistado con las "políticas de la extrema derecha, que expone a España a dos cosas: a multas y a perder ayudas de la PAC", asegura la socialista.

"Desde el PSOE estamos con los técnicos, los veterinarios y con los científicos y apoyando a los ganaderos, diciendo que hay saneamientos con menos dificultades para ellos y que la ciencia tiene que seguir avanzando en sistemas más fáciles de saneamiento, no siendo negacionistas de la ciencia", subraya Sánchez.

Los veterinarios alzan también la voz contra la Junta

La tensión generada por esta acción política desembocó este lunes 5 en los graves incidentes que ganaderos y Policía protagonizaron en la sede de la Junta en Salamanca.

Tras esta protesta, el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca ha hecho público un comunicado en el que critican que se les señale como culpables de "una situación que nunca debió suceder" y que tiene a la Junta de Castilla y León como protagonista, después de que en un "acto de la máxima irresponsabilidad, publicaran una ley que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante. No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar".

"Por mucho que los políticos de Castilla y León pretendan ciegamente continuar con el disparate, la legislación hay que cumplirla y tenemos sobre nosotros todas las miradas, tanto del resto del país como de la Comunidad Europea. Y el cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia", aseguran.

"El Gobierno de Castilla y León" –continúan– ha sacado "una normativa que lo pone todo patas arriba. No sólo por lo mal hecha que está, que da vergüenza leerla, sino porque nos deja en una situación de absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria", añaden de manera contundente.

El descontento de los ganaderos ante esta situación también es evidente, aunque hay sectores cercanos a Vox que han tratado de responsabilizar a Pedro Sánchez de la situación.  Pero lo cierto es que la semana anterior, el Ejecutivo había limitado el movimiento de ganado en Castilla y León para evitar que desde la Consejería de Ganadería se saltara la norma sobre tuberculosis bovina.