Cien días suele ser el margen que se otorga a un alto cargo antes de criticar su gestión. Pero Dolores Delgado no va a tener este espacio temporal de confianza cuando sea nombrada fiscal general del Estado. La oposición a Pedro Sánchez será muy beligerante ante su gestión, mientras el mundo jurídico mirará con lupa sus decisiones.

El estupor, asombro e indignación iniciales por el próximo salto de Delgado del despacho de ministra de Justicia al de fiscal general del Estado van a ser reemplazados por un marcaje sin precedentes a las decisiones que adopte.

En privado, destacados miembros de la carrera judicial y fiscal consultados por Público coinciden en que seguirán muy de cerca la gestión de Delgado. Interpretan su nombramiento como un gesto a los socios republicanos de Sánchez, no en vano en su etapa del ministra la abogacía del Estado cambió de criterio de acusación de los líderes del ‘procés’ de rebelión a sedición.

Los fiscales del Supremo siguieron adelante con la acusación de rebelión con el apoyo de María José Segarra, la fiscal general cesada. Delgado siempre negó que este giro hubiera sido una imposición.

Pero estas mismas fuentes coinciden en un temor: que Delgado busque modular la posición de los fiscales ante los distintos casos abiertos en Catalunya sobre el proceso independentista. Y también ante las futuras salidas de la cárcel de los líderes condenados por sedición y malversación de las que deberá informar la Fiscalía.

La mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales han criticado el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado. No por su trayectoria profesional, sino porque se proyecta a la sociedad una imagen de politización y falta de imparcialidad de la Fiscalía, según el comunicado de la conservadora Asociación de Fiscales.

La asociación a la que pertenecía Delgado, Unión Progresista de Fiscales, es la única que ha pedido un margen de confianza. Delgado sabe que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato", ha destacado Teresa Peramato, portavoz de esta asociación.

“Si intenta frenar la actuación del ministerio público en Catalunya u ordenar la salida de prisión de un líder del ‘procés’ cuando no le corresponda, los fiscales pueden pedir que dé las órdenes por escrito y éstas serán recurribles ante los tribunales”, explica una alta fuente judicial. Y los partidos políticos de la oposición estarán al quite de estos escritos para recurrirlos.

Varias fuentes fiscales recuerdan que los fiscales cuentan además con el artículo 27 de su Estatuto Orgánico del ministerio público. Fue invocado en 2017 por los fiscales del caso Lezo, cuando el entonces fiscal Anticorrupción Manuel Moix intentó poner trabas a la investigación de este caso de corrupción que salpica al PP. El escándalo, la crisis interna en la Fiscalía y la filtración de que tenía una sociedad offshore en Panamá desembocaron en la dimisión de Moix.

El artículo 27 establece que un fiscal que recibe una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente” puede plantear la cuestión a la Junta de Fiscales. Y si la orden viene del fiscal general del Estado, éste debe resolverla oyendo a la Junta de Fiscales de Sala, que agrupa a la cúpula de la carrera.

"¿Qué es la judicialización de la política con la que dicen que quieren acabar? La Justicia es un instrumento de control del poder político. Y si los políticos cometen delitos en su praxis, la Fiscalía los perseguirá siempre”, sostienen fuentes internas de la carrera fiscal.

"La actitud de los fiscales dependerá de la prudencia de Delgado ante la deriva soberanista”, destaca otra fuente fiscal. 

Dolores Delgado se enfrentará a otra dificultad añadida en su próximo cargo: es conocida su mala relación con el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La ministra de Justicia que exhumó al dictador Francisco Franco y quedó marcada por negar inicialmente su asistencia a una comida con el excomisario José Villarejo está especializada en la lucha contra el terrorismo. Conoce en profundidad la carrera fiscal y tiene apoyos entre los fiscales progresistas.

Dura comparecencia en el Congreso

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinará en su pleno de este jueves la idoneidad de Delgado como candidata a fiscal general del Estado. Es una cuestión de trámite, ya que ella cuenta con 25 años de ejercicio profesional, cuando se exigen 15 años.

Una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno debe elevar su propuesta al Congreso de los Diputados. Delgado será examinada por la Comisión de Justicia, que analizará sus méritos e idoneidad.

La comparecencia de Delgado ante la Comisión de Justicia promete ser muy dura. El PP, Vox y Ciudadanos no han concedido ni un día de margen: el primero ha anunciado que recurrirá judicialmente su nombramiento y el partido de ultraderecha se ha querellado contra Sánchez y Delgado por tráfico de influencias.

De entrada, Delgado ha eliminado la cuenta que tenía en Twitter y donde se presentaba como ministra de Justicia "con alma de fiscal".