La Comisión Europea fue meridianamente clara en sus advertencias a España y a la Junta de Andalucía tras la reunión del consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. La ley que pretende ampliar los suelos regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que está en una situación "crítica", según el CSIC, va en la "dirección contraria" a la que se debe ir en este momento. Sobre España pesa ya desde junio de 2021 una condena del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar el agua de Doñana. Si no se avanza en los cuidados del parque, la Comisión pedirá sanciones millonarias al Tribunal.

El mensaje difícilmente pudo ser más claro para la Junta de Andalucía: "La Comisión Europea está profundamente preocupada porque la legislación andaluza, si se aprueba como está ahora, pueda degradar las zonas húmedas protegidas de Doñana. Hay una evidencia fuerte de que la agricultura intensiva y los resorts turísticos cercanos están relacionados con la desecación/encogimiento de los estanques de Doñana, lo que demuestra que los actuales niveles de explotación de aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones. La legislación propuesta [la de Moreno] crea un entorno legal favorable para el reconocimiento del uso del agua de lluvia y de superficie lo que se añadiría a la excesiva presión que ya existe sobre las ya sobreexplotadas aguas subterráneas".

A pesar de estas severas advertencias en las que queda clara la indicación de que se debe caminar –tanto en la legalidad como en la orientación de los debates públicos– hacia la protección del acuífero y no en avanzar en más suelos regables, el PP andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, no ha retirado la proposición de ley ni parece que tenga intención alguna de hacerlo, al menos antes de las elecciones del 28 de mayo. De acuerdo con el artículo 127 del reglamento del Parlamento podría hacerlo perfectamente, habida cuenta de que tiene mayoría absoluta, llevando a Pleno el asunto.

"Siempre hemos tenido claro que el problema de la Corona Forestal de Doñana requiere soluciones y no mirar hacia otro lado. Esas familias de Huelva se lo merecen. Llevan demasiado tiempo esperando. Eso es lo que hacemos. Proponer alternativas. Eso es lo que trasladé este lunes a Sinkevicius. Siempre dentro de la legalidad, obvia decirlo", dijo Fernández Pacheco, también portavoz del Gobierno, este martes en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno.

Fernández Pacheco se escudó en que la legislación aún no estaba aprobada. "Uno presenta alegaciones frente a un proceso sancionador (que no se ha iniciado). Hay una consideración (de la comisión) respecto a un texto que ha iniciado su tramitación". En otro momento, dijo: "Insisto en lo mismo: el problema del Condado de Huelva no se ha originado ayer. El problema será del que ha gobernado Andalucía durante 37 años. Digamos las cosas por su nombre. La Junta no ha aprobado nada. ¿Cómo va a haber sanciones porque un Parlamento empiece a tramitar un texto? Eso es de primero de derecho. España está sancionada y el reino de España tiene que dar cuentas del cumplimiento de la sentencia y el comisario está preocupado. Estamos decididos a cumplir las sentencias y a cumplir con la legislación. Tenemos que estar hablando, no amenazando. Que digan hora y sitio y allí estará la Junta de Andalucía". 

El consejero Fernández Pacheco defendió la conveniencia de la propuesta del PP y cargó contra el Gobierno de España. "El siguiente paso sería poder entablar un diálogo constructivo con el Gobierno de España. La Comisiñn no sda una renuion en cinco dias. No salimos de nuestro asombro con las declaraciones de la vicepresidente Ribera, con insultos al presidente y esta negativa a sentarse con nosotros. Si la propuesta es retirar la proposición de ley para sentarse, le devolvería la pregunta, ¿Por qué no se reunió con la Junta desde noviembre, que se lo pedíamos? Si lo hubieran hecho, tendríamos ese gran pacto por Doñana que siempre ha buscado el presidente de la Junta de Andalucía. Lo que les preocupa es el 28 de mayo. Por eso no quieren hablar. El interés electoral emponzoña siempre el ejercicio democrático".

El portavoz de Moreno no hizo referencia alguna a que la ley la presentó a las puertas de las municipales el PP, que tiene mayoría absoluta y por tanto garantizada su aprobacion, de manera unilateral y sin convocar el Consejo de Participación de Doñana, en el que no existe consenso alguno alrededor de su propuesta. Por el contrario, genera un mayoritario rechazo.

Fernández Pacheco defendió la conveniencia de su propuesta de suelos regables en el entorno de Doñana y cargó contra el Gobierno de España. "El siguiente paso sería poder entablar un diálogo constructivo con el Gobierno de España. La Comisión nos dio una reunión en cinco días. No salimos de nuestro asombro con las declaraciones de la vicepresidente Ribera, con insultos al presidente y esta negativa a sentarse con nosotros. Si la propuesta es retirar la proposición de ley para sentarse, le devolvería la pregunta, ¿Por qué no se reunió con la Junta desde noviembre, que se lo pedíamos? Si lo hubieran hecho, tendríamos ese gran pacto por Doñana que siempre ha buscado el presidente de la Junta de Andalucía. Lo que les preocupa es el 28 de mayo. Por eso no quieren hablar. El interés electoral emponzoña siempre el ejercicio democrático". El portavoz de Moreno no hizo referencia alguna a que la ley la presenta el PP, que tiene mayoría absoluta de manera unilateral y sin convocar el Consejo de Participación de Doñana, en el que no existe consenso alguno alrededor de su propuesta.

Sequía estructual

Esta decisión de Moreno llega justamente cuando la situación es de "sequía estructural", según dijo la consejera de Agricultura y Agua, Carmen Crespo. La Junta de Andalucía no tiene competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, que son del Estado. Crespo anuncio un tercer plan de sequía para los ríos –un 33% de las cuencas– que gestiona la Comunidad. La consejera apostó por más infraestructuras y obras que eliminen pérdidas de agua y reclamó al Gobierno de España que termine las que les corresponden, lo que, a su juicio, cambiarían las cosas porque habría más agua. "Todos tenemos que trabajar y hemos pedido un decreto de sequía en el Guadalquivir, que ya se hace urgente. La sequía ha venido para quedarse. La obras deben empezar ya", dijo Crespo.

Crespo afirmó: "Tendremos una situación dramática en el cereal, y para los cítricos, olivar, frutas y hortalizas las previsiones no son optimistas. ¿Qué hacemos (en el Gobierno andaluz)? Adelantarnos: hacemos un tercer decreto de sequía. Con los anteriores hemos conseguido 48 hectómetros cúbicos más y al acabar el semestre [tendremos] 70 hectómetros cúbicos más".

El gabinete de Moreno defiende en efecto que el agua para su idea de ampliación de suelos regables no vendrá de Doñana, sino de otra cuenca, la del Tinto-Odiel-Piedras, lo que requiere obras. "Hablamos de agua que tendría que venir de otra cuenca. Doñana no se toca. Lanzamos un mensaje de sosiego a la Comisión Europea. Queremos diálogo, consenso y búsqueda de soluciones. El Gobierno andaluz ni puede ni quiere renunciar a solucionar este problema", dijo Fernández Pacheco. "La proposición de ley se presenta con un único objetivo: presentar soluciones a gente que lo pasa mal. Si con la presentación de ley, conseguimos que el Gobierno de España se ponga las pilas y haga las obras, ya habrá merecido la pena", dijo el portavoz.

Sin embargo, a pesar de que este argumento se repite una y otra vez, la ley en tramitación, aunque habla de aguas superficiales, no lo circunscribe solo a esas aguas, sino que permite que el agua para los nuevos suelos regables se extraiga de cualquier lugar. Así reza la propuesta en este momento: "Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentran estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".

Sobre la posibilidad de las multas, el portavoz de Moreno dijo: "La Junta es una administración seria y trabaja en el marco de la legalidad. Es una sentencia del año 21 y viene después de la administración del PSOE. Ya estamos condenados. Ese cuento de Pedro y el lobo de la señora Ribera. Han llegado ya las multas por no depurar las aguas residuales. La consejera Crespo se las encontró porque Andalucía estaba condenada por no depurar las aguas residuales. Menos meter miedo a la gente y más sentarse a hablar".

El comisario Sinkevicius "es consciente –según la comunicación de la Comisión enviada a los medios– de la importancia del riego para la economía local y de que al mismo tiempo la ley europea requiere un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos, para beneficio de todos los usuarios del agua y de los ecosistemas, especialmente en el contexto de escasez de agua. Los valores excepcionales de Doñana deben ser preservados porque son importantes para España y la Unión Europea como un todo. Un deterioro mayor de las aguas subterráneas podría tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de Doñana, uno de los puntos calientes de la biodiversidad en la UE".