Las adjudicaciones sanitarias de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, mediante el procedimiento de emergencia, es decir, a dedo y sin apenas papeles, a empresas privadas durante la pandemia y sus prórrogas durante los años posteriores —242 millones a dedo en tres años— han pasado de la crítica política a ser un asunto de análisis penal.

Un juzgado de instrucción de Sevilla, el número 13, ha abierto pesquisas —diligencias previas, confirman fuentes judiciales— después de una denuncia presentada por el PSOE por presunta malversación y prevaricación. El Gobierno andaluz siempre ha defendido la legalidad de su actuación y ha asegurado que contaba en este caso con los avales de los letrados de la Junta.

La apertura de esa investigación ha generado este jueves una bronca política de considerable entidad en Andalucía, donde había en el Parlamento sesión de control al presidente. El Gobierno de Moreno Bonilla pasó al contraataque con dureza contra el propio Juan Espadas y contra el PSOE, al que afeó su estrategia de confrontación, de acusación "sin pruebas" y de expandir lo que tachó de "fango". También le acusó de utilizar en su etapa como alcalde los contratos que ahora cuestiona. 

El propio Moreno trató de mostrarse sereno y tranquilo y de elevarse por encima de este tema en la sesión de control, en la que, empero, fue acorralado —todos los portavoces consideran que existe como mínimo lo que llaman "corrupción política"— por la oposición, la más áspera que ha tenido que afrontar desde hace casi seis años, desde que es presidente. Este fue, a pesar de los esfuerzos de Moreno por hablar de otros temas, el asunto central de los reproches de todos los partidos.

Varios parlamentarios tuvieron la impresión de que el presidente había sobreactuado y que era el momento en que más vulnerable lo habían visto en sus años de Gobierno, según manifestaron a Público.

El montante de la contratación de emergencia estaba previsto que fuera de 70 millones de euros y acabó por superar los 240 tras las prórrogas. En esta información de Público, se pueden consultar todas las claves al respecto.

Uno de los ejes fundamentales para comprender la denuncia es el siguiente. En junio de 2021, después de los momentos más duros de la pandemia, la Consejería de Hacienda, concretamente el director general de Contratación de la Junta de Andalucía, emitió una Instrucción, dirigida a todo aquel con capacidad de contratar en la administración andaluza, en la que instaba a reducir al mínimo la contratación de emergencia. No se le hizo caso.

"Incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente a la Covid-19 tendrá carácter excepcional y residual, esto es, siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación que pudieran ser de aplicación", recogía esa instrucción.

Para saber la dimensión real del caso—si se trata de delitos o no— y sus consecuencias, más allá del ruido político y de las acusaciones cruzadas, hay que esperar a las decisiones que tome el juzgado. De momento, la investigación apenas ha comenzado.

120 millones en 2024

Los partidos, además, tienen este asunto bajo la lupa. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, manifestó en la sesión de control que este año, 2024, se había proseguido en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la contratación de emergencia de un manera muy discutible.

"Se siguen haciendo estos contratos. En febrero y marzo de este año el SAS ha iniciado expedientes de contratos a dedo en siete provincias por valor de 120 millones de euros y han dicho [para justificar esta modalidad de contratación] que lo hacían así porque, si no, no cumplían con sus objetivos presupuestarios. En febrero. Es que no cuelan sus excusas. Es corrupción política. Ya sabremos si de más cosas".

Los socialistas y también Por Andalucía y Adelante consideran que no solo las contrataciones de emergencia —muy restringidas en la ley— fueron fraudulentas, sino también que, hasta cierto punto, el modo general de gestión en el Servicio Andaluz de Salud lo es.

"Es un modus operandi, no es algo puntual. Son contrataciones a dedo y nos iremos enterando de quienes son los principales beneficiarios. Se generó un sistema de trabajo al margen de la legalidad, provocando un quebranto público", manifestó Espadas.

Los contratos menores

Además de los contratos de emergencia, que ya están en el juzgado, hay ahora otro asunto sobre la mesa: los contratos menores, una forma de contratación muy habitual en todas las administraciones públicas, del Servicio Andaluz de Salud.

Esta semana eldiario.es reveló que cuatro informes de la Intervención de la Junta de Andalucía ponían en cuestión este tipo de contratos en el año 2021. Así, los auditores del SAS en cuatro provincias (Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén) emitieron informes "desfavorables" en los que denuncian el "uso abusivo" del contrato menor.

Los abogados de los socialistas estudian ahora, según dijo Espadas, si presentan una ampliación de la denuncia en el juzgado que ya ha admitido a trámite la primera o presentan una nueva. Adelante y Por Andalucía también estudian como denunciar este asunto.

Este, el de los contratos menores, fue el asunto al que se agarró Moreno Bonilla para su contraataque contra Espadas. El presidente y su Gobierno niegan que haya 458 millones de euros en fraude de ley.

458 millones, según la Junta, es "la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021". "En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores y los interventores han analizado solamente 573 contratos: el 0,19%", agrega la Junta de Andalucía.

"Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor", consideran fuentes del Gobierno andaluz.

Moreno incidió en esa línea en su debate con Espadas. Primero, lanzó: "Ha hecho una afirmación que es falsa e irresponsable, que la Junta dio 458 millones en fraude de ley: eso no es cierto. Sabe que no es cierto. En el año 2018, gobernaba el PSOE. En el año 2018 las ocho centrales provinciales adjudicaron 791 millones en contratos menores. La pregunta que me hago es: si se hicieron 791 millones en contratos menores y no había pandemia, ¿Cuántos fraccionaron?".

Después, Moreno leyó supuestos informes de la intervención de aquellos años, que decían, según el presidente, cosas similares a las de los informes del año 2021, ya con ellos en el poder: "La intervención fiscalizó y dijo textualmente en su informe sobre la actuación de las ocho centrales provinciales, que se había prescindido total y absolutamente del proceso legalmente establecido en la contratación de determinados bienes y servicios fraccionando el objeto de los contratos". Público solicitó tanto al PSOE como al Gobierno andaluz los informes de la intervención a los que aluden, pero no obtuvo éxito en ninguno de los dos casos. 

"791 millones sin pandemia. ¿Usted va a denunciar a la señora [Susana] Díaz y al anterior ejecutivo por esos 791 millones? ¿Lo va a denunciar? Debería hacerlo por coherencia. ¿Va a ir a la tele a decir que el PSOE repartió 791 millones ilegalmente? ¿Va a hacer la misma afirmación que hizo ayer? No debe comportarse de manera irresponsable. Cuando habla de corrupción, no es el mejor de los caminos faltar a la verdad o actuar con irresponsabilidad", dijo Moreno.

Espadas defendió que los contratos menores "están en la ley, como la contratación de emergencia", pero que "el problema no era ése". "El problema es cuando se utiliza la contratación de emergencia de forma ilegal, y cuando se utilizan los contratos menores en fraude de ley", remachó.

Moreno prosiguió con su ataque, esta vez con los contratos menores firmados durante la etapa de Espadas como consejero de Vivienda [lo fue entre 2008 y 2012] y como alcalde de Sevilla [entre 2015 y 2022]: "Hay que ser responsable. Usted pone bajo sospecha todos los contratos menores. El 96% de todos los contratos que se hicieron en la consejería de su consejería eran menores ¿Por qué no licitaba?".

"Usted —prosiguió Moreno— fue alcalde de Sevilla, en el año 2016: nueve de cada diez contratos eran contratos menores en el Ayuntamiento de Sevilla. A dedo. Pero, ¿Por qué? ¿Eso es ilegal? Ni en su etapa de consejero ni de alcalde, había covid ni había emergencia, ¿Por qué criminaliza y enfanga una situación de emergencia en la sanidad?"

"El camino más corto para llegar a una meta electoral no es ser irresponsable, no es faltar a la verdad. El camino es ser riguroso, decir la verdad y hacer las cosas bien. Y ese atajo solo le va a llevar a más problemas al PSOE", remachó Moreno.

Los contratos menores, aquellos de obra y servicio por importe menor a 40.000 y 15.000 euros, son una figura recogida en la normativa. La ley de contratos del Estado impide que las administraciones fraccionen contratos "con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". Esta es una clave relevante en este asunto.

Para Espadas, los informes de la Intervención de 2021 son claros. En Huelva, dijo, "se ha constatado la utilización del contrato menor en fraude de ley".

Espadas acusó al Gobierno andaluz y a Moreno de mentir también cuando ha asegurado que había suministrado los informes al PSOE: "No tenemos ni una sola copia de ningún informe que nos haya mandado su Gobierno", afeó Espadas al presidente de la Junta.

"Hemos tenido que conseguir la información a través de Transparencia, de la mano de ciudadanos que han solicitado esa información", agregó. "Han querido torpedear y obstaculizar" la labor de oposición ante un "fraude de ley como un piano", remachó Espadas.

"No me vale que digan que como lo que han contratado tiene que ver con la salud y la sanidad, está todo perdonado. Es absolutamente impresentable que [un Gobierno] venga a decir que tiene impunidad para saltarse las normas de contratación pública y durante dos años contratar con quien quiera, prorrogando, adendando y haciendo lo que considerara desde la Consejería de Salud", cerró Espadas su reflexión.