El flanco de la sanidad pública en Andalucía, cuyo deterioro es un asunto bien corrosivo para el Gobierno autonómico, como ya comprobaron los socialistas, es un tema de primer orden y más después de la pandemia. A las puertas de las elecciones, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este martes se ha puesto a enredar en una rueda de prensa con la fecha en la que convocará los comicios, ha logrado un acuerdo relevante con los cinco sindicatos sanitarios más importantes de la Comunidad –CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Médico y Satse–, con el que ha intentado apaciguar los ánimos en un sector hastiado por los recortes, los vaivenes políticos, y las consecuencias del coronavirus.

A última hora, Moreno ha buscado cerrar un pacto que según las fuentes sindicales consultadas calma "bastante" las aguas en los centros sanitarios. Los trabajadores han venido desde hace años un deterioro de la sanidad pública en la Comunidad que, según los datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, se ha agravado en los años de Gobierno de Moreno. Así, el sistema andaluz es el que está en peor estado, junto con el de Murcia –una de las dos CCAA más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica–.

El malestar entre los sanitarios ha sido un dolor de cabeza para el Gobierno en estos meses y ahora, en el tiempo de descuento de la legislatura, el Gobierno andaluz ha firmado con los sindicatos un acuerdo que Morenos considera "histórico" porque "cumple demandas largamente reclamadas por los profesionales sanitarios y por la cuantía de los compromisos adquiridos".

Así, el pacto, según el Gobierno y confirman los sindicatos supone la "extensión de la carrera profesional a todas las categorías del Sistema Andaluz de Salud" e "incluye tanto a fijos como a interinos o eventuales". Esta era una demanda de los profesionales al menos desde el año 2006 y, según el Gobierno andaluz, beneficia "a más de 72.000 profesionales –41.512 se incorporan al modelo y otros 30.982 que ya estaban incluidos y se benefician de la actualización–". El gabinete de Moreno deberá financiar este acuerdo con 170 millones de euros cada año.

Banalizar el poder

Mientras tanto, Moreno en una rueda de prensa en Málaga se puso a enredar con la fecha de las elecciones, una competencia exclusiva del presidente, lo que ha llevado al coordinador de IU, Toni Valero, a acusarle de "banalizar el poder" para que no se hable de su "nefasta" gestión. Después del Consejo de Gobierno –que se llevó a Málaga–, Moreno manifestó que continúa con una "reflexión serena" y abrió la puerta a que los comicios se celebren entre semana, lo que ya ensayó con éxito Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero sería la primera vez en Andalucía (las de 1990 fueron en sábado). El presidente, según recoge Europa Press, dio la legislatura por "concluida" y aseguró que "toca a su fin".

"No tengo una decisión tomada, pero si confirmo que lo mejor para Andalucía es que sean antes del verano, serán antes del verano", dijo Moreno. "Todo está abierto. Quedan cosas por despejar", agregó el presidente.

La excusa que se ha buscado Moreno para justificar un posible adelanto electoral no deja de ser irónica: a pesar de que lleva seis meses sin presupuestos y su Gobierno –excepto el consejero de Hacienda, Juan Bravo– ha venido defendiendo, después de que Vox decidiese no apoyar las cuentas para 2022, que se podía seguir en el poder sin un presupuesto, es precisamente esa: la conveniencia de un presupuesto nuevo para el año 2023.

Así, Moreno afirmó que "todo el mundo" con quien ha consultado los posibles escenarios suele coincidir en que es fundamental arrancar el año 2023 con unos Presupuesto, sobre todo, en el actual contexto económico tan complejo. "Yo no puedo aprobar un presupuesto si no tengo un Gobierno formado a finales de agosto o principios de septiembre para que en noviembre esos presupuestos estén en la Cámara andaluza y comience su debate", dijo.

Moreno remachó que la decisión sobre la fecha de las elecciones llegará "pronto": "Estoy intentado por todos los medios acertar". El presidente tiene una ventana abierta para adelantar hasta la primera semana de mayo. Si no disuelve el Parlamento antes, ya las elecciones serán en otoño. La legislación andaluza prohíbe convocar elecciones en julio y agosto y la ley electoral impone 54 días entre el decreto de convocaría.

La fecha que más se repite en los mentideros políticos andaluces es el domingo, 26 de junio. Sin embargo, para convocar ese día, Moreno tendría que hacerlo en plena feria de Sevilla, que será la primera semana de mayo. Otra posibilidad es que el presidente, tras el próximo pleno que se celebra el 28 y 29 de abril, en el que se aprobará la Ley de Economía Circular, una norma que lo distancia de su hasta ahora socio Vox, disuelva la Cámara al día siguiente –tiene que llevar su decisión a un Consejo de Gobierno– y en efecto, las elecciones se celebren la semana del 26 de junio, pero antes, no ese domingo.