El Plan España 2050 diseñado por Moncloa plantea estudiar una posible "herencia pública universal", una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación.

La idea, admite el Ejecutivo, puede sonar utópica, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países y España debería "explorar esta posibilidad" teniendo en cuenta los niveles de desigualdad.

El plan presenta una dura radiografía de la desigualdad y el riesgo de pobreza en España, en los puestos de cabeza en la Unión Europea, y destaca que en la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial, ya que afectan "de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes".

Además, advierte de en lo que va de siglo la diferencia de riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, asemejándose ya a la que existe en Estados Unidos y también se aprecia un peor funcionamiento del "ascensor social".

"Nacer en familias de bajos ingresos condiciona las oportunidades de educación y desarrollo profesional en mayor medida que en otros países europeos", apunta el documento.

Se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, contexto en el que plantea explorar la idea de esa "herencia pública universal".

Para reducir la pobreza y la desigualdad, el plan subraya la necesidad de modernizar el aparato productivo y el mercado laboral y mejorar el potencial recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal.

Igualar la capacidad recaudatoria a la media de la UE, apunta, permitiría poner en marcha políticas sociales para reducir reduzcan significativamente la desigualdad y la pobreza.

Junto a los impuestos, propone mejorar el sistema de transferencias sociales y las dinámicas del mercado inmobiliario. Entre las iniciativas concretas plantea crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años.

En un primer momento, señala, esta prestación deberá dirigirse a las familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital y después se ampliaría al resto de familias, como ya se hace en la mayoría de los estados europeos.