Llegó el día. Cristina Cifuentes se enfrenta este jueves a la moción de censura presentada por Podemos para intentar arrebatarle la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Lorena Ruiz-Huerta será la encargada de defender el nuevo programa de Gobierno con el que intentará convencer al resto de grupos de la necesidad de expulsar al PP del Ejecutivo autonómico. ¿El objetivo? Dar la vuelta al modelo político, económico y social del PP y acabar con la corrupción en la región, que no deja de acaparar titulares, especialmente desde que el antecesor de Cifuentes, Ignacio González, haya sido encarcelado por el caso Lezo.

Pero la actual presidenta gracias al apoyo de Ciudadanos también se ha visto salpicada por los escándalos. Los contratos de la adjudicación de la cafetería de la Asamblea al grupo del empresario donante del PP Arturo Fernández en los años 2009 y 2011 contienen, según la Unidad Central Operativa (UCO)  de la Guardia Civil que investiga la Operación Púnica, varias arbitrariedades que podrían constituir un presunto delito de prevaricación y cohecho por parte de la presidenta autonómica.

Cifuentes ya ofreció sus explicaciones al respecto el pasado viernes en la Cámara regional, donde se enzarzó en un bronco debate, especialmente, con los diputados de Ciudadanos y Podemos, César Zafra y Ramón Espinar, respectivamente, y también -aunque en otro tono- con Encarnación Moya (PSOE). Aun así, aún ha de volver a la comisión de investigación de la Asamblea el próximo día 23, y todo apunta a que el debate de la moción girará también en torno a este asunto. La oposición desmonta horas antes para Público algunos de los argumentos de la presidenta: 

¿Hubo incompatibilidad al formar Cifuentes parte del Comité de Expertos y presidir la Mesa de Contratación? ¿Quién más intervino en la adjudicación?

QUÉ DICE CIFUENTES: No hubo incompatibilidad alguna. Presidía la Mesa de Contratación porque "siempre" se ha delegado en la Vicepresidencia Primera de la Mesa de la Asamblea tal cargo. Además, la ley prohíbe formar parte al mismo tiempo del Comité de Expertos y del oŕgano proponente del contrato, que, según ella, no es la Mesa de Contratación sino la Dirección de Gestión Administrativa.

La Mesa de Contratación estaba compuesta por 4 técnicos y 3 políticos: los otros tres vicepresidentes de la Mesa de la Asamblea, de PP, PSOE e IU. En el Comité de Expertos había otros dos funcionarios con Cifuentes. Entre ellos un técnico -la letrada jefe, en 2009; y el técnico superior, en 2011- que es el encargado de valorar las propuestas de los adjudicatarios.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN: "Del Comité de Expertos formaban parte tres personas:  dos de ellas del Partido Popular (la Sra. Cifuentes y la Jefa de Protocolo -cargo de confianza del gabinete de la Presidencia-), por lo que tenían mayoría en él. Su decisión, además, era vinculante para el resto de los órganos", señala el PSOE.

"El vicepresidente primero no siempre forma parte de las mesas de contratación. Sólo cuando el presidente de la Asamblea decide delegar sus funciones", matizan en Ciudadanos. Asimismo, "hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación -que depende de la Secretaría de la Asamblea- que expresamente declara la incompatibilidad entre pertenecer a la Mesa de Contratación y al comité de Expertos". Por otro lado, "Cifuentes estaba en un Comité de Expertos donde ella no era experta. Y admitió no haber revisado nada", recuerdan. 

Por su parte, desde Podemos afirman que la Dirección de Gestión Administrativa "ni siquiera tenía esa competencia" -que le atribuye Cifuentes- como "órgano de contratación", según el Artículo 86 del Reglamento de la Cámara. Recuerdan que la decisión de que la entonces vicepresidenta primera presidiera la Mesa de Contratación fue adoptada por la Mesa de la Asamblea en tiempos de mayoría absoluta del PP, sin que exista ninguna norma que haga recaer sobre el titular de la Vicepresidencia esta responsabilidad.

Sobre la argumentación de Cifuentes de que todo era compatible, aseguran que es "rotundamente falso". "La ley es meridianamente clara a este respecto, y así lo han interpretado diversos tribunales", apostillan, citando el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público del momento: "Los miembros del Comité de Expertos no pueden estar integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato, y deberán tener la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración".

También critican el informe aportado por la secretaria general de la Asamblea que respalda a Cifuentes: "El propio informe falta a la verdad, señalando que no existen pronunciamientos judiciales al respecto", afirman, citando dos sentencias en ese sentido -del TSJ de Andalucía y de su homólogo en País Vasco: "Asumen claramente las interpretaciones manifestadas por los informes de las Juntas Consultivas que declaran incompatible ser miembro de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos".

¿Estaba bien el informe de los técnicos? ¿Se adjudicó correctamente el contrato a Arturo Fernández?

QUÉ DICE CIFUENTES: "El contrato se adjudicó siguiendo un procedimiento reglado, donde se siguió el criterio de los técnicos". Cifuentes admitió no haber leído nunca el informe de los mismos, pero se justificó ateniendo a las explicaciones verbales que éstos le habían dado sobre la idoneidad de que el grupo Cantoblanco de Fernández se quedara la cafetería de la Asamblea. Además, "nadie recurrió las decisiones tomadas, se tomaron por unanimidad de todos los grupos políticos", defiende la presidenta.

"El informe del funcionario (técnico) se admite habitualmente por el resto de miembros del Comité de Expertos", esgrime para argumentar su posición. "En todo momento se siguieron los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad", añade.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN: "La UCO sospecha que esta adjudicación no se hizo de manera correcta y, además, sospecha de dos adjudicaciones: la de 2009 y la de 2011", esgrime Cs. 

Podemos también se remite a los informes de la Unidad Central Operativa, y recuerda que estos prueban la existencia "de una serie de requisitos iniciales más allá de los establecidos legalmente, y que pudieron dificultar la libre concurrencia de otras empresas".

La formación morada alude a la dura fiscalización de CLECE, una de las empresas que aspiraban al contrato, mientras que con la empresa de Fernández "se es tan laxo que se admiten contratos de otras empresas distintas a la que licita para acreditar la experiencia. Incluso aparecían identificadas con un CIF distinto". Y esto sólo hace referencia a la adjudicación de 2009.

¿Es un trato de favor al empresario donante de Fundescam, de la que Cifuentes fue vocal?

QUÉ DICE CIFUENTES: Ella "simplemente" fue vocal de Fundescam, la fundación creada por el PP de Madrid a través de la cual, presuntamente, se 'blanqueaban' las donaciones de los empresarios 'amigos' del partido que después se veían beneficiados por varios contratos de la Administración de Aguirre. Como tal, la actual presidenta no participaba en las actividades de la fundación, "menos todavía en las decisiones económicas".

Además, esgrime Cifuentes, "las fechas no encajan". Ella dejó su puesto en Fundescam un año antes (2008) de que se produjera la primera adjudicación investigada por la UCO en el marco de la operación Púnica.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN: "Justamente cuando Arturo Fernández presuntamente dio donaciones a Fundescam, Cifuentes si estaba allí como patrona. Cuando se la nombra vicepresidenta primera de la Asamblea y miembro de la mesa de contratación es cuando Arturo Fernández consigue los contratos que están siendo investigados, tanto en 2009 como en 2011", relatan los naranjas.

"Las donaciones de Fundescam se realizan para financiar de manera ilegal las elecciones autonómicas de 2007, y así, una vez estando en el Gobierno, se puede realizar el pago de los favores, de tal modo que no es relevante que no esté en el momento de la adjudicación, pues sí lo estaba al momento de la donación", apuntan desde Podemos. 

El partido morado destaca que en la adjudicación de 2011 la UCO documentó que la experiencia de las empresas se valoró con una alta puntuación, aunque Cantoblanco no la acreditó. Podemos recuerda que también "se modifican los criterios de valoración en el propio Comité de Expertos, después de que los requisitos del pliego de contratación hubieran sido publicados, por tanto atentando a la seguridad jurídica de los licitadores". "Qué casualidad, se hizo de forma que benefició a la empresa de Arturo Fernández", ironizan.

¿Ha criticado Cifuentes a la Guardia Civil?

QUÉ DICE CIFUENTES: "No, en absoluto", responde Cifuentes una y otra vez. El pasado viernes, para reforzar su postura ("Yo siempre he defendido y defenderé a todos los miembros de la Guardia Civil", dijo), se colocó un pin de la Benemérita en la solapa, recordó que era hija de militar y que el Cuerpo la nombró su madrina. 

Poco después, en cambio, incidió en que el informe de la UCO no tiene trascencencia alguna porque "es a los jueces y a los fiscales -y no a los investigadores policiales- a quien corresponde hacer valoraciones jurídicas y reclamar responsabilidades".  "El informe -que ya había sido desestimado y ahora, por razones que se desconocen, ha salido a la luz- contiene numerosas contradicciones y afirmaciones que no se sustentan en prueba alguna", sostiene la presidenta de Madrid. "Conjeturas", lo llamó.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN: "Sí la ha criticado. Y la aparición del informe no se debe a razones que se desconocen: Se ha levantado parte del secreto de sumario, concretamente, un tomo en el que se encuentran dichos informes de la UCO. La señora Cifuentes ha participado en el 90% de los pasos de esta contratación y por eso es una de las persona que se ve señalada en el informe de la UCO", esgrimen en Cs. "Además, la UCO no hace valoración jurídica alguna; sólo un relato de cómo fue la adjudicación", añaden.

Desde Podemos recuerdan otros dardos de Cifuentes a los guardias civiles: “Esto es el difama que algo queda”; “La UCO está equivocada al involucrarme”, e incluso llegó a afirmar que el escrito es un informe "sin ningún fundamento jurídico". Sobre el hecho de que la Guardia Civil incluyera calificaciones jurídicas, desde la formación morada argumentan que es "una práctica habitual que se hace en la gran mayoría de los atestados e informes policiales, pues permite tramitar adecuadamente la instrucción penal de los hechos delictivos que consigna". "Lo que no tiene sentido es tratar de describir unos hechos supuestamente delictivos sin poder explicar que delitos se podrían estar incurriendo, como si tuvieran que jugar al Tabú", ironizan.

¿Puede Cifuentes acabar imputada?¿Dimitirá si ocurre?

QUÉ DICE CIFUENTES: En un principio, la presidenta se comprometió a abandonar el Gobierno de Madrid si resultaba imputada. A ello le obligaría tanto su pacto de investidura con Ciudadanos como sus propias "líneas rojas", marcadas por su "tolerancia cero" con la corrupción en el Partido Popular de Madrid que también preside.

En la comisión de la Asamblea, en cambio, se desdijo, al menos, en parte. "Esa (la de la imputación) es una hipótesis absurda. No existe ninguna imputación ni elementos que permitan esperar tal cosa en el futuro", aventura. Y argumenta: "Que hubiera un segundo informe y, aun así ni el juez ni la Fiscalía hayan visto motivos para actuar contra mí, supone una garantía añadida de que no se ha producido ninguna ilegalidad". Por último, asegura que tampoco el resto de miembros del Comité de Expertos está imputado. "Simplemente declararon en una investigación policial", concluye, incidiendo en que no cabe esgrimir contra ella ninguna responsabilidad penal ni tampoco política.

QUÉ DICE LA OPOSICIÓN: "Es verdad que, de momento, no hay ningún pronunciamiento oficial de la Fiscalía o del juez. Habrá que respetar los tiempos judiciales para saber cómo acabará esta investigación", señalan los socialistas, que recuerdan que Cifuentes tendrá que volver a la comisión el próximo 23 de junio.

"El juez Velasco no ha desestimado el informe de la UCO, ha dicho que por ahora no quiere usarlo, pero eso no significa que el juez que entre en sustitución de Velasco considere que este informe es relevante e impute a la señora Cifuentes", advierten en Ciudadanos. "Además, en el segundo informe, la UCO se ratifica de forma indubitada en su relato", apostillan.

Por otro lado, "un cargo público siempre tiene responsabilidad política. Ella tenía que velar porque la adjudicación no tuviese ninguna incidencia, y además, valorarla y no lo hizo", continúa la federación madrileña de Cs, que acusa a Cifuentes de no ser tan intransigente con la corrupción como dice: "Si lo fuera, habría votado a favor de la ley de C's de protección al denunciante". "Además, no es Juana de Arco: ha ido a rebufo de las informaciones que salían en la Comisión de Endeudamiento sobre el Canal de Isabel II antes de elevar el informe del caso Lezo a la Fiscalía", denuncian, a la vez que le  recuerdan que ha de cumplir el pacto de investidura y dimitir si resulta imputada. "Y en el PP vamos a imputado o encarcelado por semana", bromea.

El partido morado, por su parte, asegura que Cifuentes debería dimitir, "aún antes de probarse su responsabilidad penal". "No debe confundirse la responsabilidad legal y la política, sino no dimitirían en otros países por una multa de tráfico o copiar un doctorado", apuntan.

En la misma línea este miércoles, en una entrevista con Público, Lorena Ruiz-Huerta tildaba de "posibilidad abierta" que Cifuentes sea imputada. "El juez no se ha pronunciado mediante ninguna resolución judicial diciendo que Cifuentes no tenga responsabilidad penal. Está todo abierto, y todo podría suceder. El juez ha emitido una opinión en una conversación con periodistas, pero no hay una resolución judicial que decida no imputarla porque no tiene responsabilidad penal, es importante que la gente lo sepa", concluyó la candidata a sustituir a Cifuentes en caso de que prospere la moción de Podemos. Este jueves se sabrá.