Fernando Grande-Marlaska renueva al frente del Ministerio del Interior, una cartera que el juez aceptó sin pensárselo dos veces como "un honor". En un año y medio ha tratado de "limpiar" las cloacas policiales y gestionar de forma eficaz los disturbios en Catalunya tras la sentencia del procés.

Marlaska (Bilbao, 1962) fue uno de los nombres más sonados del primer Gobierno de Pedro Sánchez y con el tiempo se convirtió en su cara y su voz en uno de los momentos más críticos del mandato, con altercados diarios en Catalunya a escasas fechas de las elecciones generales. Un asunto complejo del que salió con escasos rasguños y con un persistente mensaje de colaboración con los Mossos frente a los momento de violencias que se vivieron en las calles.

Marlaska cerró la legislatura con la satisfacción del resultado del gran reto logístico de asegurar la COP 25, una cita que España preparó en apenas tres semanas y para la que fueron movilizados más de 5.000 efectivos, y de los escasos incidentes del "Clásico" de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid pese a la amenaza de Tsunami Democràtic.

En esta nueva legislatura, el exmagistrado de la Audiencia Nacional no lo tendrá nada fácil con un gobierno de coalición con Unidas Podemos, un partido que lo cuestionó desde el primer momento y que hizo bandera de la retirada de las medallas al expolicía franquista conocido como Billy el Niño (un asunto que el ministro no ha sido capaz de resolver) o del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Marlaska ha ganado experiencia política, pero no ha colgado del todo la toga de juez, como se ha comprobado en su negativa férrea a desvelar detalles o valorar investigaciones policiales que estén judicializadas, como el caso de las pesquisas que se siguen sobre Tsunami Democràtic o los CDR. "Lleva la toga tatuada", comentan desde su entorno.

Entre los retos que tiene por delante, en virtud de los acuerdos de investidura con los diferentes partidos, está el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico. Aunque se trata de una reivindicación histórica que incluso llegó a pactar el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar con el entonces jefe del ejecutivo navarro Miguel Sanz, la oposición ha criticado duramente ese acuerdo al considerar que supondrá la salida de la Guardia Civil de Navarra.

También las asociaciones del instituto armado han pedido explicaciones de un traspaso que afectaría a 175 agentes, pero Marlaska ya ha dejado claro que "ningún guardia civil va a salir de Navarra".

Desde que el 7 de junio de 2018 tomara posesión del cargo, Marlaska tuvo claro que no iba a consentir deslealtades dentro de las fuerzas de seguridad. Dio la primera prueba al cesar al que fuera coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí.

La razón fue la filtración de una comunicación interna en la que Corbí informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados correspondientes a la unidad, algo que Marlaska no toleró, pese a que su relación venía de años por sus respectivos papeles en la lucha contra ETA.

Al cese del exjefe de la UCO le siguieron diferentes relevos en la Policía Nacional. Entre ellos sorprendió el del máximo responsable de Información, el comisario general Germán Castiñeira, que apenas llevaba diez meses en el puesto y que siempre ha estado en la órbita progresista.

Lejos de los nombramientos, uno de los grandes retos de Interior ha sido recuperar la dañada imagen de la Policía tras los escándalos de la denominada "policía política". Marlaska siente "vergüenza" de esas conductas "aborrecibles" y contrarias al Estado de Derecho y ha insistido en que desde su departamento se investigará "hasta el final", aunque no se ha cansado de decir que el 99 % de los agentes son "absolutamente profesionales".

Con ellos, los policías, y sobre todo con sus sindicatos, ha tenido que templar el ministro para cerrar el acuerdo de equiparación salarial alcanzado por el anterior ejecutivo del PP, mientras le ha surgido un nuevo interlocutor, el sindicato Jupol, que arrasó en las últimas elecciones sindicales.

Hasta ahora la nueva organización rema a distinto ritmo que los sindicatos tradicionales y sigue dando la batalla por la equiparación porque el aumento salarial conseguido no se ajusta a su reivindicación.

Ese ha sido uno de los principales asuntos por los que la oposición ha atacado a Marlaska, pero no el único. Fue duramente criticada su respuesta a los incidentes que se produjeron durante la participación de dirigentes de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo Gay.

El ministro, activista reconocido en favor de los derechos de los LGTBI, afirmó entonces que era ilusorio pensar que no tiene consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos".

El PP también censuró los primeros acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, que no obstante no levantaron polémica entre la mayor parte de las asociaciones de víctimas, informadas de cada movimiento por el ministerio.

Entre los logros de su primera etapa está, sin duda, los resultados de la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Solo en un año desde su puesta en marcha en julio de 2018 el plan para hacer frente al tráfico de drogas en el Estrecho se ha saldado con 149 toneladas incautadas y la detención de casi 5.000 personas.

Afronta una nueva legislatura con dos datos positivos con los que se ha cerrado 2019: la reducción en más de la mitad de la llegada de migrantes irregulares por mar y la disminución por segundo año consecutivo del número de fallecidos en accidentes de tráfico. Consolidar estos descensos será uno de sus retos.