Cuando la actividad política baja a mínimos en agosto, es buen momento para subrayar perfil propio en los medios e intentar ser tendencia ante la escasez de noticias. En algunos ministerios aprovechan la coyuntura estival para marcar línea. Así, algunas valoraciones, declaraciones y decisiones de ministras socialistas durante esta semana, cuando Pedro Sánchez comienza vacaciones, han evidenciado el ala más conservadora del Gobierno y han disgustado a los socios de Ejecutivo, Unidas Podemos, y también a los aliados parlamentarios.

El pasado martes, 3 de agosto, Sánchez despachaba con el rey Felipe VI en el Palau de Marivent de Palma de Mallorca. Ese mismo día se celebraba el último Consejo de Ministros de la temporada. El día anterior, el lunes, Gobierno y Govern de la Generalitat celebraban el encuentro de la Comisión Bilateral, un paso más en el retorno del diálogo tras años de conflicto en Catalunya. Comenzaba la semana con la reunión secreta y previa al encuentro oficial entre gobiernos de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y del vicepresident y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró.

Este encuentro fuera de agenda sirvió para cerrar la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Al día siguiente, la nueva ministra portavoz y responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunciaba también una inversión de 1.600 euros para el mismo efecto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las críticas de ecologistas no tardaron en llegar. Tensión entre PSOE y Unidas Podemos. También entre las izquierdas catalanas.

Un acuerdo, bajo manga, al más puro estilo peix al cove de los tiempos de Jordi Pujol. El PSOE demuestra entenderse a la perfección también con la derecha nacionalista catalana de Junts, la postconvergència, la de Puigneró. Unidas Podemos se va de vacaciones viendo el desgaste que padecen con este tipo de decisiones ante opciones como Más País, que intenta hacerse con el espacio verde. "Política desarrollista cuyos resultados ya conocemos", definió Ada Colau, que ve cómo su pelea de años por otro modelo turístico para Barcelona puede irse al traste en un abrir y cerrar de ojos. La alcaldesa barcelonesa habló en nombre de todo el espacio confederal. También lo hizo Juantxo López de Uralde, diputado e impulsor de Alianza Verde, el nuevo partido ecologista integrado en Unidas Podemos: "Hay que dejarse de eufemismos y decir que una política de futuro pasa por una reducción de infraestructuras".

Aún así, este tipo de decisiones del ala socialista del Gobierno causa pavor en el seno de Unidas Podemos, saben que pueden desmotivar al electorado de izquierdas y progresista. Un anuncio de nuevo macroproyecto que no tiene en cuenta las derivadas de sostenibilidad medioambiental y que sigue apostando por el modelo turístico y no por un cambio de modelo productivo. Tampoco piensa en clave de equilibrio territorial: las dos áreas más superpobladas, Madrid y Barcelona, reciben más inversiones, un agravamiento de la crisis de la España vaciada. Teruel Existe, cuyo diputado, Tomás Guitarte, puede resultar esencial ante las apretadas mayorías en el Congreso, ya ha mostrado su decepción en este sentido.

En Catalunya, tal y como analizaba Público, esta decisión ha generado tensión entre las izquierdas catalanas, así como en los municipios afectados por la ampliación del aeropuerto y en el movimiento ecologista, que ya prepara una gran manifestación para septiembre. En el seno de ERC, las opiniones son contrapuestas. Comunes y CUP se han negado al proyecto. Especial interés tiene la posición de los anticapitalistas, pues su acuerdo con ERC da sustento al Govern.

"Pone tantos tuits que no comento ninguno"

Más allá del entendimiento sociovergente sobre los aeropuertos, algunas otras ministras han salido al proscenio mediático durante las últimas jornadas, echando leña al fuego estival de la coalición, con otros temas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aparecía el miércoles en una entrevista en Europa Press cargando contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Pone tantos tuits que no comento ninguno", le afeó a su compañera de Consejo de Ministros, haciendo una defensa cerrada de la monarquía, fotografiada ante un cuadro de Felipe VI, en dicha entrevista.

Belarra había criticado, en la red social y con motivo del primer aniversario de la espantada del padre del monarca a Emiratos Árabes, los escándalos "de corrupción e impunidad" de Juan Carlos I, al tiempo que calificó su huida de España como una "grave anomalía democrática" y un "descrédito de las instituciones".

La líder de Podemos también recordó de las novedades borbónicas del año: "Revelaciones sobre nuevas cuentas ocultas en paraísos fiscales, fortunas de dudoso origen, posibles vínculos con el tráfico de armas...", en referencia a las últimas informaciones de Público. "La monarquía constitucionalmente reconocida es un factor de estabilidad para España y el rey Felipe VI representa perfectamente los valores de la España actual, moderna, de progreso, de tolerancia, de diálogo e insisto, es un factor de seguridad para todos los españoles", valoraba, por el contrario, Robles, la ministra preferida de las derechas.

Ruido ante diálogo con Catalunya

Además, Robles tiene obsesión con marcar perfil propio con respecto a la crisis territorial y con Catalunya. En la misma entrevista, aprovechaba para distanciarse de su compañero de Gobierno, el ministro de Cultura y primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Este se había mostrado partidario de ceder a Catalunya las competencias del Estatut que anuló el Tribunal Constitucional en la histórica sentencia de 2010, y entre ellas está la creación de un Consejo de Justicia de Catalunya y numerosas competencias de Justicia que irían unidas a este Consejo. Por el contario, Robles rechaza tajantemente incorporar en un nuevo Estatut dichas competencias en materia de Justicia. La responsable de Defensa, jueza de formación, entra en materia correspondiente al ministerio de Justicia, liderado por la nueva ministra Pilar Llop.

El pasado jueves era el turno de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. En una entrevista en la Agencia EFE despachaba sobre las negociaciones presupuestarias de cara a las cuentas del 2022 y no dudaba en asegurar que descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas "que nada tienen que ver con las cuentas públicas" pese a la "tentación" de algunos partidos de mezclar las negociaciones.

Como si los Presupuestos no fueran una cuestión política, como si en las negociaciones no se intercambiaran intereses, como si los votos de ERC no fueran necesarios para sacar las cuentas adelantes, Montero lanzaba este mensaje a los socios parlamentarios catalanes: "No es de extrañar que en esas conversaciones algunos tengan la tentación de incorporar otras materias". Había sido preguntada por la posibilidad de que ERC quiera incluir en la negociación presupuestaria alguna de sus reivindicaciones de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat. Contrasta la postura socialista con respecto a la de Unidas Podemos. En la última semana de julio, la vicepresidenta segunda y máxima representante de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, iniciaba una ronda de contactos con los socios de la mayoría de la investidura para ir asegurando las cuentas y consolidar esa mayoría de cara a profundizar en la agenda social. 

El mismo jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechazaba que el Gobierno esté planteando traspasar la competencia del MIR a Catalunya: "No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia. La única agenda de la mano del presidente Sánchez es seguir mejorando y cualificando nuestra FSE y nuestro MIR". Rápidamente respondida en redes sociales por la consellera de la Presidència del Govern, Laura Vilagrà: "En la Comisión Bilateral los gobiernos español y catalán acordamos crear un grupo de trabajo para tratar de este traspaso y de otros, por lo tanto, sí que está en la agenda". Más allá de las estrategias negociadoras de cada ejecutivo y de que en una negociación suele pasar que lo que realmente se está negociando no salta a la palestra pública, las ministras socialistas continúan lanzando mensajes contradictorios con respecto a la idoneidad del diálogo con Catalunya. Como si fuera un motivo del que avergonzarse.

Soberanía energética

Otro punto de fricción entre socios ha sido la OPA de la australiana IFM sobre un 22% del capital de Naturgy aceptada por Nadia Calviño por condiciones. La ministra de Economía, fiel a su estilo, ha visto con buenos ojos la entrada de este capital extranjero en una empresa de un sector estratégico como es la energía. Las izquierdas socias del Gobierno en el Congreso no han valorado de igual manera esta operación en un momento en el que, además, la factura de la luz mantiene unos precios desorbitados. 

La disputa pública más llamativa ha sido con Belarra, que se ha mostrado contrariada con la decisión de la ministra de Economía (sin citarla) de esta semana. La responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y secretaria general del partido morado argumentaba así en Twitter: "Nuestro país necesita hacer una reflexión profunda sobre su modelo energético en un momento en el que la transición ecológica y el agotamiento del uso de las energías de origen fósil arrojan grandes oportunidades y también enormes retos". "Hemos perdido una oportunidad de proteger nuestra soberanía energética, que es clave para apostar con firmeza por la neutralidad climática y para garantizar un acceso asequible a la energía del conjunto de la ciudadanía", añadía.

La última semana de julio ha servido, de este modo, para hacer balance del curso por parte de los diferentes responsables públicos. Algunas ministras socialistas, en pocos días, han lanzado mensajes sobre ecología (poniéndose a favor de seguir fomentando el contaminante transporte aéreo), sobre monarquía (cerrándose en favor de la institución sobre la que no dejan de caer escándalos en la figura de Juan Carlos I), endureciendo el perfil ante el diálogo en Catalunya (Estatut, mesa de diálogo...) y sobre la soberanía energética (facilitando la entrada de más capital estranjero en el sector energético). Temas que no han gustado a sus socios de Gobierno ni a buena parte de los aliados parlamentarios que sustentan la coalición gubernamental.