La Universidad de Alicante ha accedido de manera provisional a borrar de dos artículos digitales del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá el nombre del alférez que participó como secretario en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta, Antonio Luis Baena Tocón. Lo ha hecho tras recibir una petición del hijo del alférez en virtud de la Ley de Protección de Datos. La decisión ha causado un gran revuelo entre historiadores y académicos al sentar un peligroso precedente para sus trabajos de investigación. Sin embargo, la Universidad de Alicante no es la única que ha recibido una petición para que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón desaparezca de la historia. 

Este periódico ha constatado como los abogados del hijo del alférez también han remitido sendos escritos al medio de comunicación Nueva Tribuna, asociado a Público, y a la web memorialista de Andalucía Todos los Nombres. El motivo de la carta es el mismo: eliminar el nombre Antonio Luis Baena Tocón del artículo La Historia en las cunetas, publicado originalmente en Nueva Tribuna y firmado por Herminio Trigo, alcalde de Córdoba durante nueve años.

El exalcalde cuenta en el artículo en cuestión que descubrió en 2017 que Antonio Luis Baena Tocón, además de ser "el interventor" del Ayuntamiento de Córdoba  "durante los primeros años" de gobierno de IU en la ciudad, "fue miembro del Tribunal Militar que condenó a Miguel Hernández". "Aunque en su momento lo hubiéramos sabido, poco se podía hacer, estaba amnistiado", prosigue Trigo en su artículo. 

En este sentido, Público ha contactado con los responsables de Nueva Tribuna y de la web memorialista Todos los nombres. La respuesta es que la petición del hijo del secretario del juicio a Miguel Hernández se ha puesto en manos de los respectivos equipos jurídicos que tomarán una decisión tras contactar con la Agencia de Protección de Datos. De momento, no obstante, Nueva Tribuna ha señalado que no "va a retirar el artículo en el que se menciona al alférez franquista Antonio Luis Baena". 

"No es la primera vez que recibimos una petición de este tipo. Una vez tuvimos que eliminar el nombre de la persona que puso la bomba contra la revista satírica 'El Papus'. Tuvimos que sustituirlo por sus iniciales. En aquel caso actuamos como vamos a hacer en este. Lo pusimos en conocimiento de nuestro abogado quien, tras consultar con la Agencia de Protección de Datos, nos recomendó sustituir el nombre por las iniciales", explica Cecilio Gordillo a Público, que explica que ahora están a la espera de los consejos de su abogado. 

El caso del 'borrado' del nombre del secretario del juicio de Miguel Hernández, sin embargo, ha llamado mucho más la atención que el denunciado por Gordillo. Por varios motivos. Primero, por la fuerza que tiene Miguel Hernández como símbolo de la represión franquista. Segundo, porque historiadores e investigadores han visto en la cesión de la Universidad de Alicante una amenaza para sus trabajos y publicaciones. 

José Luis Ferris, autor del libro Miguel Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, señala a Público que la decisión de la Universidad de Alicante le parece "demencial". "Ya han pasado unos cuantos años desde que murió Franco y se acabó la censura. No entiendo el porqué de la decisión. Siempre y cuando se pueda demostrar lo que estás contando no se debe eliminar ningún nombre. La decisión de la UA, que dice estar sujeta a la Ley de Protección de Datos, está coartando la libertad de los investigadores para sacar a la luz lo que nunca debió estar debajo de la luz".

En este sentido, Ferris señala que "no tiene ninguna duda" de que la investigación de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española en la UA, es "completamente correcta". "Me consta que Ruiz Carratalá ha trabajado con datos fidedignos y que pueda documentar todo lo que ha publicado. Espero que la Universidad rectifique porque si no se sentará un peligroso precedente y vamos a tener que borrar muchos nombres de nuestras investigaciones", sentencia Ferris. 

La directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo Ibáñez, ha corroborado a Público que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón aparece hasta en diez documentos en el expediente del juicio a Miguel Hernández como secretario. "He estudiado el expediente de Miguel Hernández y puedo atestiguar que el nombre de este señor consta como mínimo en diez documentos y, además, aparece su firma", explica Del Olmo, que también fue comisaría de la exposición Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra.

Del Olmo Ibáñez denuncia que la actual Ley de Protección de Datos resulta "una piedra en el zapato" en la labor de los investigadores y, sobre todo, en el acceso a los archivos. "Esta ley nos ha supuesto un retroceso tremendo. La causa general del franquismo, por ejemplo, estaba online a libre disposición y la tuvimos que retirar por la Ley de Protección de Datos. Pero hay más ejemplos. Tenemos todos los expedientes penitenciarios que dejó la represión en la provincia. Se pueden consultar de manera presencial en el Archivo, pero no podemos subirlos a la web por la citada Ley", prosigue la doctora en Historia. 

Primera página del consejo de guerra a Miguel Hernández.

¿Qué dice la Ley de Protección de Datos y su uso por parte de familiares?

¿Hasta qué punto tiene derecho un familiar de un personaje a eliminar el rastro de éste en internet? ¿Y qué sucede si dicho personaje tuvo un papel, aunque mínimo, en un acontecimiento histórico? ¿Prevalece el interés público de la memoria colectiva, o el derecho al olvido de un descendiente que se siente mancillado?

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece en su artículo 2 que ésta no se aplica a las personas fallecidas, pero en el artículo 3 afirma que "las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquélla y, en su caso, su rectificación o supresión".

Es decir, en principio y con carácter general un hijo sí puede solicitar la supresión del nombre de su padre fallecido de un documento. Sin embargo, no es tan sencillo. En la misma ley, el artículo 93, que regula el derecho al olvido en búsquedas de internet, obliga a tener en cuenta "los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información".

En un riguroso análisis del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera, este académico razona que en el caso del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, "si, como es el caso, el padre del solicitante participó como secretario judicial en un consejo militar parece que eso implica el desempeño de una función pública que tiene trascendencia social, y más repercusión todavía si el condenado fue el poeta Miguel Hernández".

Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos europeo, de aplicación directa, establece en su artículo 87 una serie de excepciones aplicables al tratamiento con fines de investigación científica o histórica. En su apartado 2 alude expresamente a la investigación histórica, y prevé que puedan establecerse excepciones en el derecho al olvido de un sujeto (como el caso de un fallecido con un papel determinado en la historia) "siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines".

Por último, en la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa al caso Costeja, los jueces europeos establecieron además una excepción esencial al derecho al olvido: hay que ponderar el papel desempeñado por el interesado en la vida pública para justificar o no el interés del público en tener acceso a dicha información.

"Estamos hablando de la vida pública de datos históricos", comenta a Público el abogado Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que destaca que "existe un riesgo de 'amnesia histórica' ya no tanto para una universidad pública —que puede conllevar un 'efecto Streisand' de libro, como acaba de suceder— sino para pequeños sitios web, blogs de investigadores independientes y demás, que van a terminar recibiendo peticiones de derecho al olvido y, ante la posibilidad de sanciones o demandas, la gente se autocensure". "Tenemos que tener todos claro que lo que está en juego es nuestra memoria histórica", concluye.