"Mi madre salió impotente del juzgado", dice en una breve conversación telefónica con Público desde Ceuta Abdel Mounime Tahiri, hermano de Iliass Tahiri, un chaval de 18 años que murió el pasado 1 de julio en el centro de menores público –de la Junta de Andalucía– Tierras de Oria, en la provincia de Almería, mientras cinco guardias de seguridad tratan de inmovilizarlo durante varios minutos sin que este se resista.

Según la nomenclatura utilizada en estos centros, lo que le aplicaban era una contención mecánica, un eufemismo para no decir lo que es realmente: atar a una persona durante un tiempo con correas a una cama, boca abajo.

Uno de los guardias llega a poner su rodilla en una zona cercana a la cabeza de Iliass mientras el chaval está boca abajo, como se puede comprobar en un vídeo que está en el sumario del caso y que la periodista Patricia Ortega Dolz ha publicado en el diario El País en su integridad.

"A mi madre no la han escuchado. Nadie la ha llamado para preguntarle. ¿Has estado con tu hijo? ¿Qué te ha contado?", lamenta Abdel Mounime Tahiri, quien asegura que, además del abandono institucional, existió una total falta de sensibilidad en el juzgado a la hora de tratar a la madre.

Las imágenes de la muerte de Iliass en Tierras de Oria, un centro que ha sido cuestionado por sus métodos por el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo, traen a la mente la de George Floyd, que han provocado fuertes movilizaciones contra el racismo en EEUU. "El hombre que mataron en América. Lo mismo. Lo mismo", dice Abdel Mounime Tahiri.

El hermano ha visto el vídeo: "Veo que lo han matado. Le comprobaban el pulso un montón. Y se les ve nerviosos entre ellos. Se dan cuenta y han seguido atándole. Tiene toda la cara metida en la almohada. Y un tío encima. De imaginarlo nada más, me asfixio".

Ese vídeo forma parte del sumario del caso, que fue investigado por la jueza Teresa Inés Sánchez Gisbert, quien decidió archivar la causa porque consideró que el deceso de Iliass fue una "muerte violenta accidental".

El asunto sigue todavía vivo en los juzgados porque la familia de Iliass considera que fue un homicidio y ha recurrido el auto de archivo y lo va a pelear hasta el final, según asegura Abdel Mounime Tahiri. El Código Penal español recoge la figura de homicidio imprudente grave y menos grave, que no implica intencionalidad en quienes acaban con la vida de una persona.

Fianza disuasoria

Las ONG Andalucía Acoge y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, consultadas por Público, consideran que este asunto revela que en España "aún queda camino para que se respeten los derechos humanos".

Andalucía Acoge quiso personarse en el caso, pero la jueza les impuso una fianza disuasoria, de 15.000 euros, según José Miguel Morales, secretario general de Acoge. "Una fianza de 15.000 euros nos obliga a desistir. Y ahora resulta que hemos conocido esas imágenes, que son muy duras y que dan pie a insistir en que esto se aclare hasta el fondo y que se depuren responsabilidades", asegura a Público.

"Cinco adultos para inmovilizar un chaval. Medio planeta está pendiente del no puedo respirar Y esto pasa en un centro que es de la Junta de Andalucía. Es relevante. Un chaval muere por una maniobra de contención evidentemente mal hecha y no hemos visto medidas destinada a investigar el caso. Es una situación muy de manual, que revela que no se hacen las cosas como se deben en lo que afecta a los derechos humanos", agregó Morales.

Francisco Fernández Caparrós, coordinador del área de Cárceles de la APDHA, afirma a Público que el vídeo "pone en cuestión tanto la diligencia de la Junta como la del juzgado". "El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, decía que las contenciones mecánicas se aplican solo en los casos en los que existe agresividad y el vídeo muestra que no hay ningún tipo de resistencia por parte de Iliass, con lo cual parece que no había razón para usar el protocolo. Y tampoco parece que se ejerciese el protocolo", agrega.

"El TEDH dice que tiene que existir una especial diligencia. Esto es algo que por desgracia, no es extraordinario. Ya pasó lo mismo en un centro de menores de Melilla, una contención mecánica en diciembre de 2018 que provocó una parada cardíaca de un muchacho y el juzgado archivó el asunto y se olvidó. En ambos casos, la actuación institucional y de la justicia demuestra escasa diligencia".

Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, también cargó las tintas sobre la actuación institucional. "La Junta ya no puede echar balones fuera. Una vez que se hace público el vídeo queda patente que hubo una aplicación absolutamente desorbitada y excesiva de esta medida que terminó en la muerte de Iliass. Es un adolescente que jamás debía haber fallecido. Y menos cuando es la propia administración la que debía protegerlo".

"Independientemente de lo que termine resolviendo la justicia en materia penal, lo mínimo que puede hacer es depurar responsabilidades administrativas, disciplinarias si corresponden y de revisión del contrato de la empresa gestora de este centro. Es evidente que ha existido un mal funcionamiento de la administración durante años. Lo que ha sucedido durante años en los centros, donde la Administración se desentendió de este tema es una cuestión que nos debe avergonzar a todos", agregó Mora.

"Le vamos a exigir al Gobierno andaluz que realice una valoración de cómo se está aplicando el actual protocolo que él mismo aprobó para que caso como el de Iliass no puedan volver a suceder jamás. Todo esto se lo exigiremos en sede parlamentaria", remachó la diputada.