Timoteo Mendieta, fusilado por el franquismo en 1939 y arrojado a una fosa común, fue enterrado el pasado 1 de julio en Madrid. Se acababa así la lucha de su única hija viva, Ascensión, de 92 años, que pidió ayuda a la justicia argentina para recuperar sus restos mortales. La sepultura, que congregó a varios centenares de personas, fue cubierta por los principales medios de comunicación españoles y incluso por algunos extranjeros. Sin embargo, TVE no dedicó ni un minuto a informar sobre este entierro icónico de la lucha de miles de ciudadanos por encontrar a sus familiares desaparecidos y asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura.

Tres meses después y a raíz de una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE) justifica este silencio informativo arguyendo que "TVE nunca ha dado los nombres de las personas exhumadas ni ha personalizado ningún caso de recuperación de restos mortales". Sin embargo, el de Timoteo Mendieta —asesinado por su filiación sindical en UGT—no es un caso cualquiera sino que se trata del primer exhumado de una fosa franquista por orden de la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría.

El Consejo de Informativos de TVE reconoció poco después en un informe la "censura" de los servicios informativos sobre la exhumación del sindicalista. De hecho, mientras medios nacionales e internacionales cubrían el entierro de Timoteo Mendieta, el telediario de la cadena pública emitía una pieza sobre fosas comunes en Colombia. Algo parecido sucedió a finales de agosto, cuando el informativo de Fin de Semana dedicó una crónica a la efeméride del Día del Desaparecido sin mencionar que aún hay alrededor de 114.000 españoles desaparecidos desde la Guerra Civil.

En el caso de la sepultura de Timoteo Mendieta, además, los responsables de los telediarios incumplieron "la obligación de garantizar el derecho de acceso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM)", explica a Público el presidente del Consejo de Informativos, Alejandro Caballero. El colectivo, reconocido como una asociación de interés público por RTVE, no pudo hacer oír su voz en una información que les vinculaba porque "los telediarios no cubrieron la noticia", señala.