Entre los años 1960 y 1978, muchas personas fueron víctimas de la represión en el Estado a consecuencia de su lucha por la defensa y la recuperación de las libertades democráticas y sindicales. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que creará una comisión de valoración para resarcir moralmente a los represaliados del tardofranquismo.

El teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, ha destacado que este mecanismo es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad franquista: "Se trata de una exigencia democrática, moral y política que llevamos adelante justamente por la inacción de los gobiernos de España, que no han tomado medidas suficientes para que estos crímenes no queden impunes". Asens destaca que llevan trabajando en él desde mayo de 2015.

Sin embargo, el Ayuntamiento tuvo que esperar para encontrar la forma jurídica perfecta para este proyecto y, entre tanto, priorizó el apoyo a asuntos más urgentes como apoyar la querella argentina y personarse en la causa de la Asociación AltraItalia contra los bombardeos de las tropas italianas de Mussolini que sufrió la ciudad entre 1937 y 1939 y en los que murieron 5.000 personas; la retirada de placas franquistas de los edificios y trabajos de reparación democrática como la retirada de la medalla de oro al alcalde franquista Miguel Mateu.

Esta comisión, que será pionera en España, nace inspirada por la experiencia del Gobierno Vasco para la recuperación de la memoria histórica,  que ya en 2003 puso en marcha su plan de investigación para localizar información sobre las personas represaliadas, fusiladas y desaparecidas en la Guerra Civil.

Uno de los objetivos pendientes de este proyecto, impulsado por la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, era la creación de una comisión de la verdad de carácter no judicial, tal y como propuso Amnistía Internacional, con un límite temporal para intentar esclarecer casos de desaparecidos antes de que sus familiares fallezcan con el paso de los años. 

El proceso para alcanzar la verdad, justicia y reparación

Una junta de valoración integrada por historiadores, juristas y psicólogos será la encargada de analizar y valorar las solicitudes para ser declarada persona represaliada por el tardofranquismo. Al frente estará August Gil Matamala, represaliado y prestigioso abogado laboralista barcelonés, según han confirmado a Público fuentes del Ayuntamiento.

El protocolo de Estambul, aprobado por la ONU para investigar y documentar los casos de tortura y otras formas de malos tratos, servirá de referencia a la junta, que perseguirá tres objetivos: reconocer y rendir homenaje a las personas que sufrieron vulneraciones de los derechos a la vida o la integridad, promover el conocimiento sobre el pasado para fomentar una ciudadanía democrática y mostrar gratitud a las entidades de memoria histórica.

El informe resultante incluirá un análisis de los requisitos establecidos, un resumen de los hechos acreditados y la propuesta de resolución del expediente, que puede desembocar en una declaración de persona represaliada por el tardofranquismo, en una denegación de la solicitud o una inadmisión a trámite de la solicitud por falta de fundamento. La respuesta por parte de la Administración no se demorará más de seis meses desde la entrada de la solicitud al registro municipal.

Pasos para obtener el reconocimiento

Las personas empadronadas en Barcelona que sufrieron una vulneración de derechos entre los años 1960 y 1978 podrán iniciar los trámites para ser reconocidas como personas represaliadas, tanto si se vulneraron sus derechos como si perdieron a algún familiar próximo (pareja, progenitores, hijos, nietos o hermanos) a causa de los hechos.

La solicitud se presentará en la Oficina por la No Discriminación (OND), junto con la documentación requerida: pruebas admisibles en derecho, resoluciones judiciales o administrativas; informes o certificados médicos que ayuden a evaluar las consecuencias o las secuelas de los hechos en cuestión, y, en caso de muerte de la persona represaliada, el certificado de defunción y la acreditación del parentesco.

Cabe especificar que el reconocimiento tendrá carácter simbólico, no irá acompañado de reparación económica o penal.

Motor de cambio

El Consistorio quiere ser motor de cambio y por eso el proyecto ha sido diseñado por el equipo jurídico del Ayuntamiento con vocación de abrir camino a la implantación en otras comunidades o municipios dispuestos a  seguir escribiendo el relato de la verdad. "Nuestra intención es que este reglamento, que ya ha empezado su tramitación en Barcelona, sea replicado. Por ese motivo impulsamos, junto con la sociedad civil y otros municipios, que preside actualmente la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista", explica el teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía. 

No obstante, todavía habrá que esperar para su puesta en marcha. “Hemos solicitado una reunión con la Ministra Delgado para trasladarle esta iniciativa y otras que llevábamos a cabo en el ámbito penal", aclara Asens.

La propuesta de reglamento tiene que pasar por las comisiones de gobierno, de presidencia y finalmente en el plenario, y cuenta con cinco capítulos, 30 artículos, tres disposiciones finales y dos adicionales.