La Ley de Memoria Histórica de Andalucía entró en vigor en abril de 2017, hace casi un año, después de ser aprobada en el Parlamento sin ningún voto en contra. El PP y Ciudadanos se abstuvieron, y ese fue el mayor consenso posible para una norma que aún divide a la sociedad y a los grupos políticos en dos bloques ideológicos muy polarizados: la izquierda y la derecha.

Un ejemplo de ello es el desarrollo desigual que está teniendo la ley en los municipios andaluces: esta semana el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, aprobó por mayoría en el pleno municipal bautizar su Universidad Popular con el nombre de un ex alcalde franquista, Ramón Calatayud, una decisión que podría vulnerar la legislación vigente.

Unos días antes, el Consistorio de Córdoba aprobó en un pleno muy encendido (con la asistencia de vecinos a favor y en contra) cambiar el nombre de 15 calles de la ciudad ligadas al franquismo. El PP trató de salvar cinco de ellas, proponiendo someter la decisión del Ayuntamiento a una consulta popular, algo que fue rechazado por los grupos de izquierda y por la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, quien advirtió de que “el cumplimiento de la legalidad no puede someterse a referéndum”.

José María Pemán, en 1977 | EFE

Una de las cinco calles de Córdoba que el PP intentó salvar fue la que lleva el nombre de José María Pemán, escritor, dramaturgo, considerado poeta oficial del franquismo. A los pocos días de aquel convulso pleno, la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, participó en un desayuno informativo en Córdoba, donde le preguntaron sobre el cambio de nombre la calle José María Pemán, que también da nombre a un teatro en Cádiz, cerrado desde hace diez años. Rodríguez recordó que el poeta tuvo “un papel fundamental en la represión de docentes republicanos”, y respondió que cuando se reabra al público “no debería llamarse Teatro Pemán”.

La líder del partido morado “no había consensuado” esta opinión con el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, también pareja de Rodríguez. Y, en efecto, el regidor encajó la polémica por sorpresa y se apresuró a zanjar el debate cuanto antes. “Al Teatro Pemán el PP lo dejó morir, nosotros vamos a darle vida. El Teatro Pemán murió, y del que va a nacer ya veremos el nombre en el bautizo”, dijo. El recinto, ubicado dentro del Parque Genovés, cerró sus puertas hace una década, en marzo de 2008. Se empezó la primera fase de su remodelación, pero quedó paralizada en 2012, y desde entonces no se ha avanzado.

El nombre de José María Pemán no es lo mismo en Córdoba que en Cádiz. Pemán fue un escritor vinculado al franquismo, apoyó a Primo de Rivera y a Franco, fue diputado de la CEDA durante la República y tras el golpe de Estado, colaboró en la depuración del magisterio español.

Pero también fue un gaditano insigne y para muchos aún es una especie de héroe local. Su literatura costumbrista bebe mucho de las tradiciones de Cádiz, era un gran aficionado al carnaval (padre del personaje Lola la Piconera, con el que quiso representar a la mujer gaditana) y devoto de la cofradía del Nazareno. Su casa estaba en Cádiz, junto a la plaza de San Antonio, no muy lejos del teatro de verano al que le pusieron su nombre, estando él aún en vida.

Cartel de las obras del Teatro Pemán, en Cádiz, cerrado desde hace más de seis años.

El alcalde ha parado la polémica en seco, porque de momento no hay teatro. Pero cabe esperar que finalmente se aborde el asunto del cambio de nombre. En Andalucía, desde que se aprobó la Ley estatal de Memoria Histórica, se han rebautizado una treintena de calles José María Pemán, puesto que hay un consenso entre historiadores al situarle próximo a la represión fascista. Mientras otros escritores se exiliaban del país, eran encarcelados o fusilados, Pemán disfrutó del favor del régimen franquista, y trabajó para él.

El Gobierno municipal de Cádiz se inclina a cambiar el nombre al teatro, pero no lo hará antes de las elecciones municipales de 2019. Es un charco en el que no tienen prisa por meterse y, cuando llegue el momento, algunos se preguntarán: ¿Se puede cambiar el nombre franquista a un teatro, pero no a un estadio de fútbol?

Fútbol, cultura y religión

Si rebautizar el teatro José María Pemán genera rechazo en ciertos sectores de la sociedad gaditana, mucho más la idea de cambiarle el nombre al Estado Ramón de Carranza, que fue alcalde de Cádiz durante la dictadura de Primo de Rivera, y posteriormente durante la Guerra Civil, hasta su muerte, en 1937. En este caso los recelos de los gaditanos trascienden la afiliación política e ideológica, y tienen más que ver con la identidad futbolística. El catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz y referente en materia memorialista, Diego Caro, tiene 62 años, y siempre ha conocido al teatro con el nombre de Pemán y al estadio con el de Carranza. “La realidad y la memoria la marca la sociología del territorio y lo cierto es que el nombre de Carranza no tiene ninguna connotación política para la mayoría de los gaditanos”, dice.

En 2015, al poco de llegar a la Alcaldía, Kichi abrió el debate para rebautizar el estadio del Cádiz y planteó una consulta popular para que los cadistas eligieran el nuevo nombre. Tuvo una contestación tremenda de la sociedad gaditana, de derechas y de izquierdas. El año pasado el Ayuntamiento aprobó cambiar el nombre a la Avenida Ramón de Carranza (rebautizada como 4 de Diciembre) pero se cuidó mucho de no reabrir el debate sobre el estadio.

Es algo que genera contradicciones en el marco de la Ley andaluza de Memoria: que se cambie el nombre de la calle, pero no el mismo nombre del estado; que se borre una calle en Córdoba, pero no en Cádiz; que se rebautice un teatro, pero no de un campo de fútbol, aunque ambos casos incumplen la legislación vigente. “Hay un choque de legitimidades entre lo que dice la ley y lo que dice la sociedad futbolera. El nombre de Carranza está incluso en el himno oficioso del Cádiz, que cantó la chirigota de Los Peperoni en los carnavales. Y las peñas cadistas no quieren tocarlo”, dice Caro, que tiene claro que “habrá más resistencia y calor popular para mantener el estadio Carranza”. “A nivel sociológico, el fútbol tiene más poder que el teatro”, bromea el catedrático.

Estas contradicciones, las salvedades y excepciones que pone cada ayuntamiento para esquivar el cumplimiento estricto de la Ley de Memoria, preocupan al Gobierno andaluz, que ve cómo en los pueblos se diluye el consenso alcanzado en el Parlamento para aprobar la norma sin ningún voto en contra. La legislación andaluza concede a los ayuntamientos 12 meses de plazo -desde su entrada en vigor- para que eliminen o retiren los vestigios del franquismo en sus municipios, so pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de subvenciones públicas si no lo hacen.

La Ley andaluza de Memoria entró en vigor en abril del año pasado, de modo que el plazo de los regidores expira dentro de dos meses. A partir de entonces será el Gobierno de Susana Díaz (a través de la Dirección General de Memoria, que gestiona Javier Giráldez) quien incoe de oficio la retirada de los símbolos que exalten la Dictadura o el franquismo, según reza el artículo 32 de la ley. Los alcaldes que se nieguen o que respondan con el silencio administrativo a la solicitudes de la Junta sobre símbolos concretos, se exponen a ser multados y a perder subvenciones públicas. El procedimiento que usará el Gobierno andaluz en materia de simbología aún no está desarrollado en un reglamento.

La Junta de Andalucía quiere tener listo un mapeo con los vestigios del franquismo que aún perviven en las calles y espacios públicos de la comunidad. Son las asociaciones memorialistas y alguna universidad quienes están colaborando en el rastreo de estos símbolos, porque muchos alcaldes se han negado a responder a las cartas que les envía la Dirección General de Memoria.

La Ley estatal de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, también obligaba explícitamente a las administraciones a retirar todos los símbolos del franquismo, pero no tuvo desarrollo reglamentario y no estableció ningún límite cronológico para cumplir con este mandato. En consecuencia muchos ayuntamientos, entidades públicas y otras administraciones aprovecharon ese vacío legal para eludir la normativa. La Ley andaluza de Memoria corrigió ese error: por primera vez una norma estableció un plazo fijo y concreto (12 meses) para cumplir con la obligación de retirar los símbolos franquistas de los espacios públicos.

Lo que no contempla esta ley es la desmemoria de algunos nombres que, como Ramón de Carranza, han pasado a la historia ajenos a su implicación directa en la represión franquista. Les protege otra aura, o bien el fútbol, que tiene más correligionarios que cualquier partido político, o bien la Semana Santa, en el caso de la polémica tumba del general franquista y genocida, Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la basílica de la Macarena.