El Gobierno ha comunicado al Congreso su disconformidad con la tramitación parlamentaria de propuesta del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213,29 millones de euros.

Este escrito de veto se registró a última hora del miércoles, al filo del plazo que tenía el Gobierno para pronunciarse, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo capacidad para bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que altere su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos. La Mesa del Congreso recibirá el escrito en su reunión de la próxima semana y si lo acepta, como viene ocurriendo esta legislatura con los votos de los diputados del PP y de Ciudadanos, la ley del PSOE quedará bloqueada.

Mientras que el Ejecutivo se excusa en los gastos que supondría esta reforma, se ha sabido hoy que Defensa lleva desde 2003 repatriando a miembros de la División Azul, lo que ha costado más de 23.000 euros.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha lamentado "la doble moral del Gobierno con la que Rajoy presume de dedicar cero euros a la memoria histórica pero sí tiene presupuesto para ayudar a las familias de los muertos de la División Azul que se incrustaron en el ejército nazi para que el dictador Francisco Franco le devolviera a su socio, Adolf Hitler, los favores que el creador del nazismo les había hecho a los militares fascistas españoles que asaltaron violentamente el poder con ayuda de la Alemania y la Italia fascistas en 1936".

La reforma de los socialistas persigue entre otros asuntos que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas.

En la comunicación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la propuesta del PSOE rebasa la partida que los Presupuestos prevén cada año para Memoria Histórica, que según el Ministerio de Justicia tiene "consignación presupuestaria suficiente" para los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de AND, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos.

Así, indica que la idea del PSOE de garantizar indemnizaciones a las familias de los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 que aún no hayan sido compensadas supondría un sobrecoste de 15,79 millones de euros. Además, señala que el resarcimiento económico a las personas que sufrieron incautaciones de bienes y sanciones económicas en el franquismo conllevaría un aumento de créditos presupuestarios, ya que la compensación es forzosamente monetaria, así como el coste de crear un mecanismo para gestionar las solicitudes.

Respecto al derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda, argumenta que en el Banco de España no hay datos suficientes para estimar el impacto económico de su restitución, pero cree que, a partir de informaciones de la Administración sobre unas reclamaciones previas, se puede hablar de 1,67 millones de pesetas del año 1936, que al cambio actual, el Gobierno cifra en 140 millones de euros.

En cuanto a la pretensión del PSOE para sufragar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos, el Ministerio de Justicia calcula que para el conjunto de los trabajos y el personal contratado se necesitarían otros 57,5 millones de euros. A ello se suman los análisis científicos de los restos, que el Instituto Toxicológico cifra en 600 euros por cada víctima, más los gastos para la obtención y análisis de las muestras de sus familiares.

En suma, el Gobierno concluye que la aprobación de esta proposición de ley generaría un incremento de los créditos presupuestarios por un importe de al menos 213.292.846,23 euros, por lo que se niega a dar su conformidad a la tramitación.