El PP y Vox han dado este martes el primer paso para derogar la Ley de Memoria Democrática en Illes Balears. El pleno, sin embargo, tuvo otra protagonista: Aurora Picornell, víctima del franquismo y símbolo de la lucha antifascista en el archipiélago. El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), rompió el retrato de la pasionaria de Mallorca y expulsó de la Cámara a dos diputadas del PSIB-PSOE que llevaban fotografías de Picornell pegadas al ordenador. "Deberíamos mostrar todos una unánime repulsa. Es algo imperdonable de quien se declara demócrata", denunció Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática. La derecha y la extrema derecha no han condenado los hechos.

La cruzada de Vox con la Memoria ha ido en esta ocasión un paso más allá: Le Senne despedazó un retrato de Aurora Picornell y mandó retirar las fotografías de otras víctimas del franquismo que los representantes de la oposición habían colocado sobre sus mesas. Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament, fue una de las dos diputadas que acabó expulsada del pleno. "El presidente se tomó la Justicia por su mano. Le dio dos manotazos a mi ordenador de manera violenta. Lo que hizo no fue una llamada al orden, nos expulsó de manera arbitraria y desproporcionada", relata la socialista en una conversación con este diario. 

Las asociaciones memorialistas han reprobado los hechos y piden la dimisión del diputado ultra. "Es mucho más que una fotografía, hablamos de nuestra dignidad como pueblo. Es tremendamente doloroso ver al presidente del Parlament romper el retrato de una mujer que fue asesinada por las tropas franquistas. Lo hizo con rabia, no tiene justificación ninguna", señala Antonia Oliver, presidenta de la Asociación de Memòria de Mallorca y nieta de una víctima de desaparición forzada todavía sin localizar. La plataforma ha confirmado a Público que va a presentar una denuncia por considerar que la actuación es constitutiva de un delito de odio.

Le Senne ha salido este miércoles a pedir disculpas por el "gesto de golpear el ordenador", pero insiste en calificar de "provocación" la actitud de sus compañeras. "Lo que hizo el presidente del Parlament me parece un buen reflejo de lo que opinan la derecha extrema y la extrema derecha sobre la Memoria. Es una falta de respeto y consideración hacia los represaliados de la dictadura. La presión social y mediática sería insoportable en otros casos", precisa Toni Morant, profesor de Historia Contemporánea y miembro del Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València.

"El PP y Vox nos culpan a nosotras de la actitud violenta del presidente. Lo que quieren es silenciar a las víctimas y acallar a sus familias", continúa la vicepresidenta de la Mesa del Parlament. El PSIB, Més y Unidas Podemos han presentado un escrito para pedir la remoción de Gabriel Le Senne por sus "actitudes arbitrarias e injustificadas", porque atentan contra el reglamento de la propia Cámara. Los populares ni siquiera han admitido a trámite su propuesta. Vox tampoco contempla la dimisión de su diputado. 

"El comportamiento de Le Senne fue bochornoso"

El Gobierno estudia medidas legales para actuar contra el presidente del Parlament de Illes Balears. El Partido Comunista de España también ha denunciado los hechos ante la Fiscalía. Aurora Picornell militó durante años en la formación y lideró la lucha por los derechos laborales en el archipiélago. La activista fue fusilada y brutalmente torturada en el convento de Montuïri (Mallorca). Luis Ruíz, presidente del Fòrum per a la Memòria d'Eivissa i Formentera, presenció el desencuentro desde la grada de invitados de la Cámara. "El comportamiento de Le Senne fue bochornoso. Está claro que no está a la altura de lo que podemos esperar del presidente de una institución", señala. 

"La derecha ha perdido el respeto por las víctimas del franquismo y su memoria. ¿Qué pasaría si un diputado de ERC rompiera una foto del rey? ¿Qué pasaría si alguien de EH Bildu rompiera un retrato de Miguel Angel Blanco? ¿Cuál sería la postura del PP? Lo que pasa es que no tienen ningún tipo de consideración hacia las víctimas mortales de la dictadura, que son 150 veces más que las del terrorismo de ETA", expone el profesor Toni Morant. Las fuentes consultadas por Público confían en que las denuncias "salgan adelante" y piden "consenso" con las cuestiones de Memoria Democrática. 

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA), trata de explicar el origen del conflicto. "La Ley de Memoria estatal debe ser más ambiciosa y las resoluciones judiciales tienen que ir en la misma dirección que los derechos humanos. Lo que hemos visto en Illes Balears es lo que pasa cuando se legisla de forma tibia", lamenta. La actuación del diputado de Vox es contraria a la norma nacional y también choca con la autonómica, que "todavía no ha sido derogada". El problema es que ninguno de los dos textos contempla sanciones en el ámbito penal y solo permiten la apertura de un expediente sancionador a nivel administrativo.

La derecha, ¿en busca de la concordia?

La semana ha arrancado con más de un centenar de personas concentradas a las puertas del Parlament balear para denunciar la derogación de la Ley de Memoria. Los manifestantes han portado carteles y pancartas con imágenes de las personas fusiladas y enterradas en las fosas comunes del archipiélago. El PP insiste en maquillar los retrocesos pactados con la extrema derecha y dice que la medida "no tendrá ninguna consecuencia práctica". ¿Por qué defienden entonces su derogación?

Los populares mantienen un acuerdo de investidura con la extrema derecha que consta de 110 medidas, entre ellas, tumbar la Ley de Memoria, aprobada por todos los partidos de la Cámara autonómica durante la primera legislatura del Gobierno de Francina Armengol. "El PP presentó enmiendas en su día y se discutieron. La norma se aprobó por unanimidad [Vox todavía no tenía representación parlamentaria]. Los populares participaron y apoyaron el texto. Es todo absurdo y bastante contradictorio", advierte Luis Ruíz.

"Esto sucede porque el 13% del Parlament balear está en manos de la extrema derecha. Vox tiene capacidad para exigir que se derogue una norma que nadie en las islas ha pedido derogar. La familia de Aurora Picornell está indignada y ofendida", continúa Antonia Oliver. La cruzada de PP y Vox contra las leyes de Memoria va más allá del archipiélago balear. Los populares entraron el año pasado en seis parlamentos autonómicos gracias al sí de la extrema derecha. La formación ultra puso como condición derogar todos los avances cosechados en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. ¿Las consecuencias? El País Valencià, Aragón y Castilla y León maniobran para tramitar por la vía urgente las autodenominadas "leyes de concordia".

"Los retrocesos en materia de Memoria forman parte de la batalla cultural en la que están instaladas la derecha y la extrema derecha. Es un debate que solo pone de manifiesto el negacionismo de todos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista", reivindica el abogado Jacinto Lara. El Tribunal Constitucional ha admitido esta semana el recurso del Gobierno y ha suspendido de manera cautelar la derogación de la Ley de Memoria en Aragón. Las fuentes consultadas por este diario esperan que el resto de propuestas sigan el mismo camino y sentencian: "El PP se llena la boca hablando de concordia cuando lo que busca es impunidad y olvido. La Memoria Democrática debe ser una cuestión transversal, tanto de izquierdas como de derechas".