El Gobierno de Aragón investigará el patrimonio de sus altos cargos después de que cesen para comprobar si se han enriquecido de manera ilícita durante su mandato. Esta es una de las principales novedades de la Ley de Integridad y Ética Pública que este jueves han aprobado las Cortes autonómicas con el voto favorable de PSOE, Podemos, Cha e IU y el respaldo matizado, con oposición a varios contenidos, de PP, Par y Ciudadanos.

La normativa, que también veta el uso de tarjetas de crédito a cargo de empresas públicas y organismos y que proscribe el cobro de sobresueldos en los partidos, contempla que un órgano del ejecutivo examine al finalizar su mandato “la situación patrimonial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos” y emita, en un máximo de cuatro meses tras los dos de plazo que los afectados tendrán para hacer su declaración, un informe sobre la existencia o inexistencia de “indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de la situación patrimonial”.

En caso de aparecer sospechas, la nueva Agencia de Integridad Pública abrirá una investigación con la colaboración de la Agencia Tributaria. Y si una vez finalizada esta persisten, “se dará traslado a las autoridades y órganos competentes”: Fiscalía o los juzgados.

La creación de esa agencia, cuyas funciones incluyen apoyar a las comisiones de investigación, evaluar los proyectos de leyes y su aplicación desde el punto de vista de la ética pública, gestionar el Registro de Lobbys y la actividad de los lobistas, inspeccionar posibles casos de uso irregular de fondos públicos y supervisar el manejo de información por parte de los altos cargos, ha sido uno de los principales focos de tensión entre los partidos durante la tramitación de la norma.

"La Ley Estella"

El debate incluyó un homenaje a la letrada de la cámara Vega Estella, principal artífice de la redacción final de la norma, según coincidieron todos los grupos. “Será la ley Estella”, indicó la portavoz de C’s, Susana Gaspar, poco después de que la cámara la ovacionara cuando el diputado del PSOE Florencio García Madrigal destacó “su pundonor y constancia en la ponencia”.

La valoración de la letrada fue el único punto de acuerdo total entre los grupos. “Esta ley pone en valor al Parlamento”, sostuvo García Madrigal, para quien con la ley “hemos hecho que las autoridades y altos cargos no tengan título de diferencia con los ciudadanos”. “Espero que pasen de las musas al teatro”, le replicó la conservadora Marian Orós, que calificó el texto de “respuesta cómoda y oportunista” al problema de la corrupción cuando en realidad, dijo, “va a provocar inseguridad jurídica. “Tiene un título muy sugerente pero va a ser poco efectiva –añadió-. Hemos intentado mejorarla teniendo claro que era un desastre jurídica y conceptualmente”.

Héctor Vicente (Podemos) celebró que la ley, cuya versión inicial también calificó de “francamente mejorable”, llega “en un buen momento por el aluvión de casos aislados de corrupción” generados por “los ladrones que hemos tenido de gobernantes”.

Coincidió en el planteamiento con Patricia Luquin (IU), para quien la norma “no se hace necesaria, sino imprescindible, cuando vemos la evolución del país”. La diputada lamentó, no obstante, lo que consideró algunas carencias de la ley, como el veto a las denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades. “Podríamos haber sido más audaces”, añadió.

Ni tarjetas, que sigue habiéndolas, ni regalos

La ley, de 86 artículos y disposiciones, proscribe el uso de tarjetas de crédito por “las autoridades o cargos del sector público autonómico”. Pese a la erradicación de las visas en el ejecutivo la pasada legislatura, al menos siete organismos autonómicos mantienen diez de esos medios de pago en manos de sus directivos, e incluso del encargado de mantenimiento en el caso del parque tecnológico Walqa.

Las otras seis entidades cuyos directivos mantienen tarjetas son, según una respuesta del Gobierno a la diputada del Par Elena Allué, la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés (3), la empresa pública Sarga (2), la Sociedad para el Desarrollo Industrial (2), la Ciudad del Motor, el Parque Tecnológico del Motor y Aragón Exterior. “Las tarjetas son blancas, son las personas quienes las pueden haber black”, señaló.

Los altos cargos, que solo podrán percibir “los gastos de viaje, estancias y traslados” que previamente hayan costeado (contra tiquet), deberán entregar al patrimonio de la comunidad los “obsequios de mayor significación de carácter institucional” y rechazar “cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que suponga una ganancia o ahorro que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones”. También proscribe los sobresueldos por puestos en los partidos para quienes cobren de las instituciones.
Paralelamente, cada año habrán de presentar sus declaraciones de la Renta y del Patrimonio las autoridades y cargos (asesores y jefes de gabinete incluidos) del sector público autonómico, que pasa a estar integrado, además de por la comunidad autónoma con sus empresas, organizaciones y fundaciones, por la administración local, a la universidad y a las “entidades y organismos (…) que tengan a su cargo la gestión o manejo de fondos públicos del sector público de Aragón”.

Sus declaraciones de actividades, en las que aportar datos falsos pasa a acarrear la destitución y el veto para cargos ejecutivos durante un mínimo de cinco años, deben extenderse a los dos años anteriores a su nombramiento, mientras que su incorporación a nuevos empleos en los dos siguientes al cese queda pendiente de autorización para evitar conflictos de intereses. La realización de actividades incompatibles durante el mandato conlleva el mismo castigo.

El estatuto del denunciante y la agencia

La norma, que contempla introducir en los currículos educativos y en la formación del personal de las administraciones “contenidos que incidan en el impulso y concienciación de los principios informadores de integridad y ética pública”, crea el llamado “estatuto del denunciante”.

Estos no podrán ser despedidos de sus puestos de trabajo, en ocasiones tampoco tras el cierre del caso, si bien, por otro lado, la denuncia no exime de las sanciones que puedan corresponderles cuando se trata de “arrepentidos”. La agencia, que no admitirá denuncias anónimas pero sí abrirá un canal virtual para comunicarse con los denunciantes de manera discreta y segura, podrá pedir el traslado de estos a otros puestos “siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional” y, excepcionalmente, solicitar “la concesión de permiso por tiempo determinado con mantenimiento de su retribución”.

La ley salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Cha e IU y el apoyo parcial de PP, Par y C’s.

Paralelamente, la agencia, cuyo director debe contar con el respaldo de tres quintas partes de las Cortes mientras sus tres subdirectores necesitan el de la mitad más uno de los diputados, queda habilitada para “acceder a cualquier información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación”, lo que incluye la posibilidad de que sus miembros puedan, dentro de sus pesquisas y previa identificación, “solicitar información, efectuar comprobaciones in situ y examinar los documentos, expedientes, libros, registros, contabilidad y bases de datos” en “en cualquier oficina o dependencia de las entidades del sector público en Aragón”.

Sus integrantes también podrán “efectuar las entrevistas personales que se estimen convenientes” y acceder a daos bancarios “si así lo permite la legislación vigente” para desarrollar sus investigaciones, que cesarán en cuanto sepa que la Fiscalía o un juzgado han abierto diligencias.

El decálogo de la investidura con Podemos

La creación de la Agencia de Integridad y Ética Pública supone, en la práctica, el cumplimiento de otro de los puntos del decálogo de medidas que pactaron el PSOE y Podemos para la investidura de Javier Lambán, que incluía la puesta en marcha de una oficina anticorrupción y la tramitación de una norma “con capacidad para luchar con la corrupción, el clientelismo y el despilfarro que se da en la administración y organismos anejos”.

El diputado morado Héctor Vicente destacó cómo la existencia de una norma de este tipo, tras el retoque de la versión inicial del estatuto del denunciante, habría cambiado el desarrollo de algunas investigaciones de casos de presunta corrupción.

En Aragón, el denunciante del caso Plaza  acabó siendo trasladado por su empresa a otra contrata. En Madrid, una empleada de Acuamed fue despedida poco después de denunciar a los responsables de la empresa pública que alguien le había propuesto certificar un sobrecoste inexistente. “Una ley de este tipo puede actuar como un cortafuegos para el acoso laboral que sufren los denunciantes”, señaló.

La norma aragonesa, por último, veta que el Gobierno de Aragón pueda cerrar, sin la autorización previa de las Cortes, cualquier acuerdo sobre las indemnizaciones derivadas de casos de corrupción en los que ejerza la acusación.