El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido este lunes  toda la "iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9-N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament". Mas ha afirmado que las exconselleras Ortega y Rigau se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha iniciado el juicio contra Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que afrontan penas de inhabilitación por un delito de desobediencia grave y de prevaricación, acusado de mantener la votación en la consulta independentist, pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.

Mas se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular en el juicio por el 9-N, por lo que únicamente está respondiendo a su defensa. Al preguntarle el ponente del TSJC qué preguntas accede a contestar, Mas ha dicho que no responderá "ninguna" de la Fiscalía ni de la acusación popular, sino de su defensa y de las defensas de las otras dos acusadas (las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau).

A preguntas de su abogado, Xavier Melero, el expresident ha explicado que tenían un gran compromiso para hacer la consulta soberanista porque era la voluntad "de una buena parte del pueblo de Catalunya", por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.

Mas ha alegado que el Constitucional no advirtió al Govern de las responsabilidades en que incurriría de mantener la consulta del 9-N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat. "Nadie nos requirió, nadie nos advirtió, solo recibimos una comunicación", ha afirmado en respuesta al interrogatorio de su abogado.

El expresident  ha admitido que el gobierno catalán modificó el "formato" de la consulta independentista de 2014 tras la suspensión del TC, de forma que la ejecución de esta quedó exclusivamente en manos de voluntarios.

Más ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta del 9 de noviembre"fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización" y sin ellos hubiera sido materialmente imposible, en sus palabras. Mas ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que necesitaban 20.000 personas.

Vista de las pantallas en una de las salas de prensa, durante la declaración de Artur Mas en el juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña celebra contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista del 9-N. EFE/Alberto Estévez

Mas ha explicado que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración "ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo". Según ha dicho, sobre todo querían hacer "algo serio y que se entendiera en todo el mundo", y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.

Ortega Y Rigau destacan el papel de los voluntarios

Por su parte, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha defendido durante su interrogatorio en el juicio del 9-N que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: "Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible". Al igual que Mas,  Ortega se ha negado a contestar tanto a las cuestiones de la Fiscalía como de la acusación particular.

La defensa de Artur Mas y dos conselleras en el juicio por la consulta del 9-N. E.P.

A preguntas de su abogado, Rafael Entrena, la exvicepresidenta ha dicho que "ya estaba todo listo" cuando llegó la suspensión el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de las votaciones. Ortega ha alegado hoy que los "más de 40.000 voluntarios" fueron el "alma" de la consulta soberanista y fueron ellos los que "hicieron posible" el proceso participativo, y no la Generalitat.

Ortega ha descrito EL 9-N un "acto de democracia", que tuvo lugar pues "gracias a toda esta gente que de una manera altruista participó en este proceso participativo y democrático", y ha recalcado que "escuchar el pueblo, a la gente", no puede ser "nunca un acto delictivo y aún menos un acto criminal".

Por su parte, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau ha negado que presionaran a los directores de institutos para que abrieran las puertas de los centros para la votación del 9-N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia.

Rigau, que como Mas y Ortega únicamente ha respondido a su abogado, Jordi Pina, ha negado haber presionado a los directores de instituto para que colaboraran con la consulta: "Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones".

La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un "caso singular" porque ve un "trasfondo político" en las reticencias mostradas por su directora, Dolores A., que mañana declara como testigo.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau, a su salida del Palacio de Justicia de Barcelona tras la primera sesión del juicio por la consulta del 9-N. REUTERS/Albert Gea

Tras la declaracion de Rigau, sobre las 12.15 horas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha dado por finalizada la primera sesión del juicio, que se reiniciará a las nueve de la mañana de este martes con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern para urnas y el dispositivo informático y de prensa.

Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han salido del TSJC pasadas las 12.30 ante el grito de una multitud de concentrados ante el tribunal, que han coreado consignas como 'Votaremos' e 'Independencia' y cantando la canción L'estaca, un himno para el movimiento soberanista. Al pie de las escaleras del TSJC les han recibido los presidentes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Miquel Buch (ACM), además de los consellers Meritxell Ruiz y Josep Rull, y el líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, entre otros.

Media hora de retraso

Mas, Ortega y Rigau han llegado a las 9.25, con casi media hora de retraso, a las puertas de la sede del TSJC, acompañados de Carles Puigdemont y su Govern, para iniciar el juicio por el 9N de 2014.

Sobre las 8.20 horas, los tres acusados han salido del Palau de la Generalitat, arropados por el Govern en pleno y cargos electos de las fuerzas soberanistas, para dirigirse lentamente y a pie hasta el Palacio de Justicia de Barcelona, en cuyos alrededores les esperaban miles de personas para expresarles su apoyo con gritos de ánimo como "Ni un paso atrás", "No estáis solos" o "Independencia".

Mas, Ortega y Rigau encabezaban la comitiva, al lado de Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, seguidos de cargos de Junts pel Sí, la CUP y los comunes y apoyados a lo largo del trayecto por personas que han acudido a mostrar su rechazo al juicio por la consulta del 9N, que hacían ondear banderas estelades y cantaban L'estaca de Lluís Llach o Els Segadors.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas (2d), la exvicepresidenta Joana Ortega (d) y la exconsellera Irene Rigau (i) a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona donde son juzgados por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. REUTERS/Albert Gea

A la altura del Fossar de les Moreres, en el barrio del Born de Barcelona, la comitiva se ha detenido para cantar el himno catalán, acompañados por miembros de La Coronela, agrupación que recrea una histórica milicia encargada de la defensa de la ciudad de Barcelona en 1714 frente a las tropas borbónicas.

Sobre las 9.05, la cabecera de la marcha ha pasado por debajo del Arco de Triunfo, en el Paseo de Lluís Companys, decorado con un gran cartel con el lema Love democracy (Ama la democracia) colgado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios, entidades convocantes de la movilización soberanista.

Este último tramo hasta las escalinatas del Palacio de Justicia, en el mismo Paseo de Lluís Companys, lo han recorrido lentamente, entre los vítores y los gritos de "Independencia" de los miles de congregados que han respondido a la convocatoria de las entidades soberanistas, muchos de los cuales exhibían estelades y carteles con lemas como Las urnas no se juzgan o Votar es democracia.

Una persona lleva una urna reivindicativa en apoyo al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau, durante la concentración de apoyo en su recorrido a pie desde el Palau de la Generalitat hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde se inicia el juicio contra ellos por la consulta del 9-N. EFE/Quique García

Antes de entrar en la sede del TSJC, Mas, Ortega y Rigau han subido a una tarima para saludar a los asistentes a la concentración y expresarles su agradecimiento, aunque no han tomado la palabra.

Los tres encausados, que estaban citados a las 9.00 horas, han llegado pues con cerca de media hora de retraso al TSJC, donde entre hoy y el viernes serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cinco días antes.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Ortega y Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias pide elevar a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.