Hasta 67 organizaciones antirracistas han enviado una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo medidas contra las actuaciones "desproporcionadas" contra personas racializadas en operativos policiales.

Las organizaciones firmantes han incidido en la "necesidad de reconocer la existencia de un problema arraigado en las instituciones
del Estado como lo es el racismo". Es por ello que piden "medidas reales y efectivas" para combatirlo, especialmente en los casos de "paradas e identificaciones policiales basadas en criterios racistas", según el texto compartido por Rights International Spain.

En referencia a un reciente estudio sobre identificaciones policiales en base al perfil étnico y racial, las organizaciones han exigido una serie de medidas "como punto de partida".

En primer lugar, las firmantes de la carta han pedido el reconocimiento "de la existencia de los controles policiales basados en criterios étnicos y raciales, acompañado de un compromiso real y efectivo por su erradicación".

Para llevar a cabo este punto, las organizaciones que suscriben el comunicado han enfatizado la necesidad de crear un mecanismo independiente que monitorice y supervise la actividad policial, con capacidad de habilitar vías de denuncia y pueda abrir investigaciones cuando proceda.

En paralelo, la carta solicita que se implementen "registros que den constancia de la motivación de la parada e identificación policial y el resultado de la misma", de forma que las personas tengan un registro de que han sido detenidas y tengan la posibilidad de reclamar si creen que sus derechos han sido vulnerados.

En esta herramienta exigen que se incluyan los "datos desglosados por raza y etnia de las personas afectadas, real y percibida", de forma pública, para que la ciudadanía conozca de primera mano el accionar policial.

Precedentes recientes

La carta incluye varios casos de precedentes recientes, en los que denuncian que la actuación policial está motivada por la raza o etnia de los identificados. "Las inmediaciones del transporte público son uno de los lugares en los que más se da la práctica policial de interceptar e identificar a personas en base a sus características étnicas y raciales", señalan.

Este fue el caso de un periodista, quien denunció que un agente le pidió su documentación mientras esperaba a su familia en la estación de Chamartín, en Madrid. Esta fue su primera experiencia, aunque ha conocido otros casos. "Gente a la que por su raza o aspecto se les presupone delincuentes, cuando nuestro único error es cruzarnos con ellos", denuncia.

Muchos de estos casos se vuelven virales en las redes sociales. Como el caso de varios agentes de Policía reduciendo a un chico negro en la estación de autobuses de Zaragoza, "después de que uno de los agentes se dirigiera a ellos de forma irrespetuosa sin motivo alguno".

También existen otros tipos de casos, donde la Policía ha detenido a personas racializadas en controles "por prevención de hurtos", en un espacio donde los agentes solo identificó a las dos únicas personas negras de un espacio en el que la mayoría de personas eran blancas.

Ya en 2021, un centenar de organizaciones enviaron una carta al Ministerio del Interior denunciando estos casos, pero la única respuesta que recibieron fue "la negación de la existencia del racismo institucional y de esta práctica en particular", señalan.