*Este artículo fue publicado originalmente el 16 de enero en el diario argentino Página12 bajo el título de Crímenes del franquismo: Servini viaja a España para indagar a un ex ministro

Tras idas y vueltas, finalmente la jueza federal María Romilda Servini viajará a España en marzo para tomar declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ex ministro durante los primeros años posfranquistas, a quien investiga en Argentina por su presunta responsabilidad en asesinatos de militantes demócratas durante la década del 70. La indagatoria había sido rechazada por la Justicia española en dos oportunidades, pero fue habilitada luego de que Villa insistiera en querer declarar.

Servini viajará a Madrid junto a un grupo de funcionarios judiciales a mediados de marzo. El 20 de ese mes, Villa prestará ante ella declaración indagatoria en la sede del Consulado de Argentina en la capital española. La jueza aprovechará el viaje para tomar testimonios a otros testigos sobre la causa que investiga en Argentina y que tiene como eje los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, delitos que España se niega a juzgar.

Hace una década que el tribunal Oral Federal 1, a cargo de Servini, tramita varias denuncias sobre asesinatos cometidos durante la dictadura franquista en España. En ese expediente figuran más de una quincena de ex ministros y funcionarios policiales de la época. En 2014, la jueza sumó a Villa, que fue ministro de Relaciones Sindicales y de Gobierno interior durante los primeros gobiernos conformados tras la muerte del dictador Franco.

La indagatoria de Villa es esperada por los familiares de las víctimas no solo por las consecuencias que pueda llegar a tener sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto de los otros imputados. “Es un puntapié muy importante ya que le va a dar fuerza a esta causa, tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance”, sostuvo Ricardo Huñis, abogado junto con Maximiliano Castex, de un grupo de familiares.

Sin la indagatoria a Villa, el expediente local estaba paralizado. Una vez que se le tome indagatoria, la jueza podrá ordenar su sobreseimiento, su procesamiento o la realización de más medidas, así como sumar las declaraciones de otros imputados.

A Villa se le acusa de haber tenido injerencia en los asesinatos de 11 personas. Cinco fueron víctimas fatales de lo que se conoce como los sucesos de Vitoria, ocurridos el 3 de marzo de 1976. Entonces, la policía desalojó con gases lacrimógenos y disparos de balas de plomo a miles de trabajadores que se encontraban reunidos, en huelga, en la iglesia San Francisco de Asis, en la provincia vasca de Ávala. Allí hubo decenas de heridos y cinco muertos: los trabajadores Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral.

Las querellas integradas por familiares de víctimas acusan a Villa de tener responsabilidad en las muertes de otras seis personas. Norma Menchaca Gonzalo fue asesinada el 9 de julio de 1976, José María Zabala Erarsun murió el 8 de septiembre de aquel año; el 23 de enero de 1977 falleció Arturo Ruiz García; el 12, el 14 y el 15 de mayo fueron asesinados Rafael Gómez Jáuregui, José Luis Cano Pérez y Francisco Javier Núñez. Todos fueron muertos durante protestas y manifestaciones.

Todos los hechos “habrían sido cometidos en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, con conocimiento de ese ataque; y cuya responsabilidad mediata en aquellos es achacada a Rodolfo Martín Villa, como titular de uno de los ministerios actuantes en el conflicto”, sostiene la jueza en la resolución que anuncia la inminente declaración. Villa era ministro de Relaciones Sindicales cuando sucedió la represión de Vitoria, y de Gobierno interior durante los demás hechos.

Hace algunos años, Servini de Cubría solicitó su extradición al gobierno de España así como también que fuera la Justicia de ese país la que lo interrogara por los crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo. No tuvo éxito: las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977.