El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es desde hoy la persona que más tiempo ha ocupado este cargo desde la Transición democrática. Este 16 de enero cumple 2.049 días como titular de la cartera de Interior. El juez lleva en el puesto desde su nombramiento el 7 de junio de 2018, después de que la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) diera la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez (PSOE).

Marlaska ha sorteado las polémicas que han rodeado su mandato y las críticas de la oposición, que le han valido incluso una reprobación en el Congreso. El ministro se sitúa ya por delante del también socialista José Barrionuevo, que tuvo este cargo durante 2.048 días y era hasta ahora la persona que más tiempo había ocupado esta cartera ministerial desde el fin del franquismo.

Barrionuevo fue ministro del Interior en el Gobierno de Felipe González, entre el 3 de diciembre de 1982 y el 12 de julio de 1988. Algo más de cinco años y medio. Una cifra que ya ha superado Marlaska por un día de diferencia.

A pesar de que Marlaska sonaba como uno de los que podía no repetir en el Ejecutivo tras las elecciones del pasado 23 de julio, Sánchez ha vuelto a confiar en él. Es uno de los pocos ministros que llevan acompañándolo desde su primer Gobierno. Ese primer Consejo de Ministros de Sánchez estaba formado por el PSOE en solitario. Los otros ministros que siguen desde entonces son Teresa Ribera, María Jesús Montero, Margarita Robles y Luis Planas.

Con sus 2.049 días como ministros aún les queda lejos el récord de Javier Solana, la persona que más tiempo ha ocupado una cartera ministerial en nuestro país. Solana fue ministro de distintos departamentos en el Gobierno de Felipe González durante un total de 4.764 días. El ministro que ha ostentado una misma cartera durante más tiempo ha sido Cristóbal Montoro, quien fue ministro de Hacienda durante 3.809 días con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

Melilla, destituciones y una reprobación

En sus más de 2.000 días de mandato Marlaska ha sorteado varias polémicas. De todas, la tragedia de Melilla del 24 de junio de 2022 ha sido probablemente la más grave debido a su alcance político, pero, sobre todo, a su coste humano. Aquella mañana de verano, 23 personas murieron al tratar de cruzar el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla, que separa el territorio español del marroquí. El paso, que permanecía cerrado desde la pandemia, se convirtió en una ratonera debido a la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.

Mientras los primeros intentaban impedir que los migrantes alcanzaran territorio español con balas de goma y gases lacrimógenos, al otro lado del puesto efectivos de la Guardia Civil trataban de repeler a los que lo lograban con porras y gases. Incluso se llevaron a cabo 470 devoluciones en caliente, según las estimaciones del Defensor del Pueblo. El resultado fue una avalancha humana en la que una veintena de jóvenes murieron por asfixia y por las lesiones causadas por la policía.

Cinco días después de la tragedia, Grande-Marlaska compareció por primera vez en el Congreso de los Diputados. Negó que se produjeran devoluciones en caliente y que la avalancha humana hubiera tenido lugar en jurisdicción española. Además, alabó la actuación de las fuerzas de seguridad de ambos países, a pesar de que, como reveló Público, agentes del país africano cruzaron el puesto y golpearon a migrantes en suelo español para después devolverlos en caliente a Marruecos.

Esta ha sido la tónica general del ministro en todas sus declaraciones. Incluso cuando en noviembre del mismo año una investigación de Lighthouse Reports acreditó que, al menos, uno de los migrantes había muerto en territorio español. Se llamaba Abdul Aziz Yacoub, era de Sudán y tenía 27 años.

El Partido Popular sacó provecho de esta circunstancia y en febrero de 2023 consiguió los apoyos suficientes para que el Congreso de los Diputados reprobara al ministro por su cuestionable gestión de la tragedia. La iniciativa contó con los votos a favor del ala conservadora de la cámara, con Vox, Junts y Ciudadanos, pero también de parte de la izquierda, con la CUP, ERC y BNG. PNV y EH-Bildu se abstuvieron.

Por el momento, ninguna de las autoridades competentes ha asumido responsabilidades por la masacre. Sólo la destitución del coronel Jesús Vicente Torresano Muñoz, tres meses después de ser nombrado jefe de la Guardia Civil de Melilla, evidenció las fracturas entre Interior y la Comandancia.

Y es que los desencuentros entre Grande-Marlaska y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido una constante en su mandato. Algunos de ellos se han saldado con destituciones. Probablemente la que recibió mayor atención mediática fue la del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cesado a mediados de 2020 tras salir a la luz un informe elaborado por la Comandancia de Madrid, de la que era jefe, que vinculaba la manifestación del 8M de aquel año con la propagación del coronavirus.

El informe era fruto de unas diligencias previas iniciadas por el Juzgado de Instrucción nº51 de Madrid. La derecha utilizó este suceso para arremeter duramente contra el Gobierno y desacreditar su gestión de la pandemia.

Pero la relación de Grande-Marlaska con la Guardia Civil también le ha valido las críticas de los aliados del PSOE. En abril de 2023, el ministro aprobó el ascenso de Arturo Espejol, ahora teniente general y Mando de Apoyo de la Guardia Civil. Espejol estuvo implicado en la tortura y muerte de Mikel Zabalza, acaecida en 1985 en el marco de la guerra sucia contra ETA. Bildu y PNV pidieron explicaciones al ministro por este ascenso, que él defendió alegando que no existía ninguna condena sobre Espejo.

La izquierda también le ha reprochado que no se haya aprobado la derogación de la ley mordaza, una eterna promesa del PSOE que nunca ha llegado a materializarse. Así, en estos casi seis años, la gestión de Marlaska ha estado en el punto de mira de formaciones conservadoras y progresistas, así como de diferentes movimientos sociales.

De hecho, la última vez que el CIS preguntó por la valoración de los ministros, Marlaska obtuvo un 4,03 de nota. Sólo las líderes de Podemos, Irene Montero, exministra de Igualdad, e Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, tuvieron peor puntuación que él.

De las cloacas de Fernández Díaz al terrorismo de Estado de Barrionuevo

A lo largo de la democracia ha habido 16 ministros del Interior. El uso del masculino no es genérico: todos ellos han sido hombres. Interior es, de hecho, la única cartera que todavía no ha estado dirigida por una mujer. El histórico lo conforman ocho políticos del PSOE, cinco del PP y tres de la extinta UCD. Entre ellos está Marlaska, pero también otros como Rodolfo Martín Villa, José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Ángel Acebes, Alfredo Pérez Rubalcaba o incluso el expresidente Rajoy.

Algunos de ellos han protagonizado, no sólo varios de los escándalos políticos de mayor alcance de la historia reciente de España, sino también algunos de los procesos judiciales e investigaciones periodísticas más relevantes de la democracia, gracias a los cuales se ha destapado la trampilla bajo la que se ocultaban las cloacas del Estado. Uno de los que ha hecho uso de ellas ha sido Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016.

Su ministerio utilizó las cloacas del Estado para investigar a sus rivales políticos —especialmente a los partidos independentistas y a Podemos— y elaborar dosieres falsos sobre ellos, algo que ya destapó Público en 2016. Además, el exministro estaría implicado en el caso Kitchen: el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con la documentación sobre la financiación ilícita del partido que obraba en su poder. La Fiscalía pide por ese caso 15 años de cárcel para Fernández Díaz, que está imputado por diversos delitos.

Durante su mandato, además, se aprobó la polémica ley mordaza. Rajoy a finales de 2016 renovó algunas caras de su Gobierno. Así, Fernández Díaz salió del Consejo de Ministros y su cargo pasó a ocuparlo Juan Ignacio Zoido, el predecesor de Marlaska. Zoido estuvo en el foco mediático en 2017 por usar la cárcel de Archidona (Málaga) como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y encerrar en ella a casi 600 migrantes recién llegados a España. Tras un mes de encierro, bajo la amenaza permanente de la deportación, uno de ellos se suicidó.

Otro ministro del ramo fue Ángel Acebes. El político del PP era ministro del Interior cuando tuvo lugar el atentado del 11M. Acebes acusó a ETA de estar detrás del mayor atentado terrorista que ha sufrido nunca España, a pesar de que todos los indicios indicaban que había sido un ataque yihadista. La tragedia tuvo lugar a solo unos días de las elecciones generales del 14 de marzo, que acabó ganando Zapatero. La autoría de ETA en caso de que hubiera sido cierta podría haber beneficiado al PP en las urnas.

Pero Acebes no es el único exministro del Interior que se ha visto envuelto en graves polémicas. Probablemente, la más dura de todas fue la de José Barrionuevo, quien dirigió este ministerio durante más de cinco años bajo la presidencia de Felipe González. Para hacer frente a ETA, que en aquellos años vivía su época de mayor actividad, Barrionuevo financió con fondos reservados a los GAL, unos grupos parapoliciales que practicaron el terrorismo de Estado contra la banda terrorista vasca. Los GAL asesinaron, al menos, a 27 personas, según reconoce el propio Estado. También llevaron a cabo secuestros y torturas.

Uno de los secuestrados fue el ciudadano francoespañol, Segundo Marey. En 1998, Barrionuevo y el ex secretario de Estado, Rafael Vera, fueron condenados a más de 20 años de prisión por ese secuestro y por malversación de caudales públicos. Unos meses después de la condena, con el PP de Aznar al frente del Gobierno, ambos fueron indultados parcialmente y apenas llegaron a pasar tiempo en la cárcel.

Rodolfo Martín Villa, primer ministro del Interior tras la muerte de Francisco Franco, también ha estado en el ojo mediático, político y judicial por su tiempo en el Gobierno. Villa dirigió la cartera de Interior entre 1976 y 1979, si bien anteriormente había desempeñado otros cargos durante la dictadura, como el de ministro de Relaciones Sindicales. En marzo de 1976, cuando todavía estaba al frente de esta cartera, tuvo lugar una huelga general que fue masivamente seguida en Vitoria, y que acabó con cinco trabajadores muertos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Villa pudo ser responsable de al menos tres de estos homicidios.

Así lo considera la investigación llevada a cabo por la jueza argentina María Servini, que en 2014 dictó una orden de detención internacional contra el exministro español, en el marco de la querella por los crímenes del franquismo. En ella se investiga a Martín Villa por su presunta implicación en un total de 12 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo su mando. En 2017 la orden de detención quedó anulada y desde 2020 Martín Villa ha declarado varias ocasiones frente a la jueza. Actualmente la causa sigue abierta.