El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha dicho esta tarde que está dispuesto a 'realizar la presentación' del libro Victus en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid. El responsable de la diplomacia española ha hecho esta afirmación al final de su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados.

Margallo estaba convocado, entre otros asuntos, para que explicase la suspensión del libro Victus (un relato novelado sobre lo ocurrido en Catalunya en el año 1714), del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, en la sede del Instituto Cervantes (organismo de promoción cultural en el exterior que depende de su ministerio) en la ciudad holandesa de Utrech el pasado día 4 sin previo aviso. Este hecho ha provocado un escándalo tanto en Holanda como en España por considerarse una acción de represalia contra el proceso soberanista en Catalunya y la cercanía de la celebración de la Diada

El ministro se ha desentendido de cualquier implicación personal en la toma de esa decisión que, en cualquier caso, ha considerado que nada tiene que ver 'con un acto de censura'. 'Si ha habido una intervención del embajador como mucho es una infracción leve', ha dicho, al tiempo que ha encuadrado en la 'libertad de expresión' el alegato contrario al libro que realizó el día anterior en otro acto en Amsterdam por parte de la primera secretaria de la embajada española en ese país.

Toda la oposición ha criticado la suspensión de ese acto cultural por entender que se trata de una coacción 'con criterios infantiles', como le ha dicho el portavoz de ERC, Alfred Bosch. 'Ya son ganas de crearse problemas', ha insistido el representante de CiU, Jordi Xuclà. Ha sido en su respuesta a las intervenciones de la oposición cuando ha dicho que se ofrecía a presentar el libro 'pero para dar también las otras versiones de lo que supiuso el año 1714 en Catalunya'.

Momentos antes, el ministro Margallo ha vuelto a reiterar, ahora en sede parlamentaria, lo dicho durante un desayuno informativo a primera hora de la mañana, sobre la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre anunciada por el president de la Generalitat, Artur Mas: 'El Gobierno tiene la obligación de atebnerse a la legalidad y si el desafío soberanista llega a romper la legalidad el Gobierno usará todos los recursos legales, todos, para impedir que se incumpla la ley'. En ningún momento ha matizado que esa dinámica excluya la suspensión del régimen autonómico'.