El juez Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es, sin duda, el juez más famoso de España, como en su día lo fue Baltasar Garzón. Se dice en los mentideros judiciales que la sombra de Marchena es alargada y que es capaz de convencer a propios y extraños. Pero, ante todo, lo que se recordará de sus diez años al frente de la presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo es el cariz ideológico de sus resoluciones más señaladas, siempre en contra de ciertas medidas de los gobiernos presididos por Pedro Sánchez.

Marchena deja este 5 de diciembre la presidencia de la Sala Segunda o de lo Penal, la competente para investigar y juzgar a las personas aforadas, tras dos mandatos consecutivos —un tercero está prohibido por la ley — y se quedará como magistrado raso en la misma Sala, aunque nadie duda de que seguirá ejerciendo toda su influencia.

El procés, la ley del solo sí es sí, el escaño de exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, la ley de amnistía, y más recientemente la causa abierta contra el fiscal general del Estado por una filtración para desmentir un bulo. En el haber de Marchena, brillan como medallas las resoluciones que sobre cuestiones que atañen a la acción de gobierno han significado un varapalo para Pedro Sánchez y sus socios. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, considerada la joya de la corona del Alto Tribunal, donde de los 15 miembros actuales solo cuatro son de sensibilidad progresista, ha torpedeado medidas tan cruciales del Gobierno de coalición progresista como la ley del solo sí es sí, la norma que puso en el centro el consentimiento de las mujeres en las relaciones sexuales. 

Un aluvión de rebajas a agresores sexuales

Desde la Sala de lo Penal se dio rienda suelta a las rebajas de penas a los agresores sexuales en base a un criterio jurídico que chocaba con otro que sí que hubiera evitado las rebajas. Pero desde la Sala de Marchena se prefirió invocar la supuesta caducidad de una disposición transitoria de 1995, que no ha sido derogada, para impedir las rebajas a los agresores sexuales que admitir que con dicha disposición y en los casos en los que las penas impuestas estén dentro de la horquilla prevista para ese delito sexual en la ley del solo sí es sí no cabría rebajar la condena. 

Pero eso hubiera significado avalar al Gobierno y a Unidas Podemos, que desde el Ministerio de Igualdad de entonces, a cargo de Irene Montero, impulsó la ley del solo sí es sí.

El enfado de Marchena

El dictamen del Supremo para fijar doctrina de cara a las revisiones de condena de los agresores sexuales llegó justo después de una medida impulsada por el Ejecutivo que enfadó mucho a Marchena: la modificación de los delitos de sedición y malversación. 

Aquella reforma penal tenía el objetivo de favorecer una reducción de las penas de inhabilitación que pesaban sobre los líderes del procés, condenados precisamente por la Sala Segunda, y que habían sido indultados por el Gobierno de Sánchez en cuanto a las penas de cárcel.

Pero la abolición del delito de sedición y la reforma del de malversación apenas tuvo reflejo en la modificación de las sentencias del procés, porque Marchena se las ingenió para hacer una interpretación que dejaba al entonces líder de ERC, Oriol Junqueras, con la misma pena de inhabilitación de 13 años, pese a que ya no podía aplicarle la sedición. Por eso, fuentes del Supremo recuerdan aquel auto ponencia del juez Marchena como una "obra maestra de la ingeniería judicial".

Uno de los autos más duro del Supremo

Al enfado de Marchena y otros miembros de la Sala Segunda por los indultos a los líderes del procés  que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, se unía así el malestar por una reforma del Código Penal con la que se quería contribuir a pacificar 'la cuestión catalana'. 

Marchena aprovechó una vez más para reprender al Gobierno de Pedro Sánchez, volcando opiniones políticas en autos judiciales, o lo que es lo mismo, hacer política con la toga puesta.

Entre otras cosas, Marchena dijo que la reforma del Gobierno "desenfoca el problema" y puede "dejar impunes" futuros ataques a la Constitución. 

Hay que recordar que el Supremo se opuso, informando negativamente, a los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por la consulta del 1-O porque considera que los indultos dejaban casi sin efecto la sentencia judicial.

Piedras en el camino de la amnistía

Posteriormente, con el debate sobre la ley de amnistía, la postura de la Sala Segunda se endureció aún más, hasta el punto de negarse a aplicarla para los condenados del procés por malversación. De esta manera, la Sala de Marchena se ha puesto en el borde de la insubordinación, como opinan varios juristas consultados por este diario.

La ley de amnistía excluye el delito de malversación cuando exista lucro personal con aumento de patrimonio. Pero el Supremo ha retorcido el argumento para hacer encajar el relato del procés en el supuesto de malversación no amnistiable.

La Sala de Marchena ha llevado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, destacando la presunta vulneración del derecho a la igualdad. 

El escaño de Rodríguez

Otro de los asuntos por los que será recordado Manuel Marchena es por el juicio y la sentencia contra el entonces diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por pegar una patada a un policía durante una manifestación años antes de convertirse en parlamentario. 

Condenado en una polémica sentencia donde las pruebas brillan por su ausencia, Alberto Rodríguez perdió inexplicablemente su escaño y tiempo después el Tribunal Constitucional sentenció que la medida fue desproporcionada. 

En la memoria colectiva quedará para siempre el tono de Marchena cuando le comunicó taxativamente a la anterior presidenta del Congreso, Maritxell Batet, que la condena conllevaba la inhabilitación inmediata del diputado de Podemos, que perdió un sillón en el Congreso. 

Investigación al fiscal general del Estado

Como despedida de la presidencia de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena deja otra medida inédita en su currículo: la investigación abierta a un fiscal general del Estado.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado por una filtración para desmentir un bulo en el marco de la querella del novio de Ayuso. Para ello, desde el Supremo se ordenó el registro del despacho del fiscal general. 

La querella que un grupo de intelectuales y juristas ha presentado en el supremo por dos delitos fiscales de Juan Carlos I ha recaído por turno de reparto en Manuel Marchena, según ha podido saber Público. Ahora tiene que decidir si la admite a trámite. Marchena tumbó la querella de IU contra el rey emérito porque estaba basada en recortes de prensa.