Más de 50 juristas españoles han firmado un manifiesto para apoyar expresamente la Iniciativa Legislativa Popular que tramita el Congreso de los Diputados para resolver el drama de los desahucios, lo que consideran 'una obligación moral' y una 'cuestión de vida o muerte' en los tiempos que corren. El documento avala expresamente la dacion en pago retroactiva para liquidar una deuda hipotecaria y la paralización de los desalojos, en ambos casos cuando afecten a la vivienda habitual.

El manifiesto está firmado por 53 jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores, catedráticos de Derecho, funcionarios y también por un notario. Entre ellos figura el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, que elevó la consulta a los tribunales europeos que derivó en la condena a España por no tener mecanismos para frenar los abusos en materia de ejecuciones hipotecarias.

El documento está redactado en forma de 'carta a todos los/las compañeros/as juristas de España a propósito de la tragegia de los denominados 'desahucios''.

La misiva destaca que los firmantes dan su apoyo a la iniciativa legislativa que puede suponer 'un cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas, presentada con el apoyo de más de 1.400.000 firmas'.

'No nos dirigimos a ti --dicen estos juristas a sus compañeros-- para que nos ayudes a buscar soluciones o a realizar estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a hacer contigo gestos grandilocuentes,  ni queremos animarte a desarrollar comportamientos de desobediencia civil (...) Únicamente estamos mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que, por los mecanimos democráticos, una determinada norma sea modificada, como tantas otras son modificadas todos los días.'

Los firmantes se desmarcan de las 'voces de expertos en Economía (y también de “supuestos expertos” en Economía) diciendo que no es viable la dación en pago. Estos expertos sólo representan a una parte de los técnicos en la materia. Pero es que el hecho de que España se constituya como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los poderes, no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley. Y en cuestión de Leyes, los expertos somos nosotros. Y sabemos de qué hablamos cuando decimos que la ley, en un régimen democrático, debe ser la expresión de la voluntad del pueblo'.

Agregan que 'no es consustancial a la hipoteca el que una persona, además de perder su vivienda entregándola a la entidad financiera (con la posibilidad para ésta de volver a enajenarla, en definitiva de volver a obtener beneficio de ella),  haya de responder con todo su patrimonio actual y futuro de una deuda hipotecaria que sigue subsistiendo a pesar de la entrega del bien. Tampoco que haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco. Todo eso no sucede en otros países'.

Por ello, entienden que en España se modifique la regulación es sólo cuestión de voluntad política. 'Sólo están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí), y la paralización de los desahucios cuando se trata también de vivienda habitual y de deudores de buena fe, con conversión en alquiler social, de modo que un máximo del 30% de sus ingresos se destinen a pagar por el uso del inmueble'.

'Pero que ese deudor --añaden los firmantes-- no se quede en la calle. Estas medidas afectan, según los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a un porcentaje muy reducido de las ejecuciones hipotecarias'.

'Te pedimos que, públicamente, apoyes la proposición de ley. Con ellos, podemos hasta salvar vidas humanas. Dar esperanza a muchísma gente, ayudarles para que puedan tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos una voz relevante en el debate que se está abriendo. Entre otras cosas, porque cada día vemo s de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico', agrega la carta.

'Sólo te ruego --señalan los firmantes-- que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la neutralidad y objetividad que debemos observar en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, son compatibles con nuestro legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como ciudadanos. Nada hay ilegal, nada reprochable, en expresar nuestra voluntad de que una norma jurídica sea modificada por los trámites legalmente previstos'.

'Para nosotros, apoyar esta causa, es una obligación moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Porque por comportamientos de las entidades financieras, calificados ya como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay personas que están muriendo'.

Como colofón, señalan: 'Nos ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra mano, no está en la de todas esas personas que esperan que les ayudemos. ¿Te unes a nosotros?'

Paralelamente a esta carta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha iniciado una campaña de apoyo de juristas de toda España a la misma Iniciativa Legislativa Popular, a través de la página: www.juristasporlailp.wordpress.com