La derecha española está decidida a utilizar el asalto al Capitolio de Estados Unidos perpetrado por los seguidores del presidente saliente Donald Trump en su favor. Por ello, la consigna que se ha instalado entre los dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos es comparar ese episodio con las manifestaciones de rodea el Congreso los años 2012 y 2016, cuando Mariano Rajoy fue investido como presidente del Gobierno, con la concentración feminista frente al Parlamento de Andalucía el día que Vox facilitó la investidura de Juan Moreno en enero de 2019 y también con las Marchas por la Dignidad contra el bipartidismo del año 2015.

Desde Pablo Casado pasando por Santiago Abascal, Teodoro García-Egea, Toni Cantó o el alcalde de la capital y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida. Todos ellos han sacado a relucir dichas concentraciones para equipararlas con lo sucedido en el Capitolio con los seguidores de Trump utilizando la violencia para allanar la sede de la soberanía nacional. "El origen intelectual de lo que sucedió ayer en EEUU y lo que pasó en España con rodea el Congreso es el mismo", aseguro Almeida.

El número tres del PP censuró que hubiera partidos "que llamaron a rodear el Congreso" durante la investidura de Rajoy en el año 2016. " Recuerdo a líderes de Podemos saliendo a alentar aquella tarde a los que rodeaban el Congreso. Estaban protestando porque se estaba eligiendo por los métodos democráticos constitucionalmente establecidos en España a un presidente del Gobierno", criticó. Un mensaje similar al que expuso el líder de Vox. "Me extraña que a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio. Aquí tenemos a un vicepresidente que llamaba a asaltar el Congreso.  Aquí tenemos a una Generalidad gobernada por los que asaltaron el parlamento catalán", escribía.

Sin embargo, las declaraciones de Almeida, Abascal y el resto de dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos ponen de manifiesto las incoherencias de sus discursos. Hace precisamente un año, en la segunda jornada de la investidura de Pedro Sánchez, el alcalde de la capital acudió acompañado por la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Camíns y el portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, a una manifestación 'fantasma' para protestar contra Sánchez bajo el lema "Por el futuro de España Unida. Por un Gobierno que vele por la Constitución y la Unidad de España". La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, de Ciudadanos, también secundó la concentración.

Por su parte, los ultraderechistas hicieron un llamamiento a la movilización el 12 de enero en toda España "ante el repugnante fraude electoral de Sánchez". "Levantamiento popular contra el Gobierno traidor, ilegítimo y enemigo de la soberanía nacional", fueron las palabras que la cuenta oficial que Vox escribió en sus redes sociales, donde acumula más de 400.000 seguidores. Un razonamiento que coincide con el planteado por Trump a sus seguidores.

La manifestación contra Sánchez acaba en el Congreso

En el mismo momento en el que estaba teniendo lugar la celebración del pleno de investidura, una parte de las 15.000 personas que acudieron a la manifestación contra Sánchez —según datos de la delegación del Gobierno— acabaron su recorrido a las puertas del Congreso, pese a que el destino final de la protesta era la plaza de Colón, que se encuentra a 1,5km de las puertas de la Cámara Baja. Bajo gritos de "viva España", "con terroristas no se negocia" o "España no se vende", los manifestantes se situaron frente al cordón policial —al grito de "ésta es nuestra policía"—que se creó expresamente para contenerlos con nueve furgonetas y una veintena de agentes.

Ningún partido político la convocó, tampoco una organización de la sociedad civil ni contó, tan siquiera, con un nombre propio detrás que la sustentara. Aun así, Almeida y Villacís acudieron a la cita como representantes de sus partidos, debido a que los diputados se encontraban en el hemiciclo en ese momento. "Quien pacta con los que quieren romper España, no merece ser presidente del Gobierno de España", aseguró el alcalde de la capital en declaraciones ante los medios. "Las personas tienen derecho a manifestarse y a decir a Pedro Sánchez lo que se merece", dijo.  Un discurso que contrasta con sus planteamientos actuales. Villacís lamentó que a Sánchez le "saliera gratis tanta mentira".

Jusapol derribó el cordón policial y la derecha salió a recibirlos

El tres de marzo de 2020 tuvo lugar una concentración de agentes de policía convocados por el derechista sindicato Jusapol, sindicato respaldado por Vox y financiado en su nacimiento por Ciudadanos. Durante esa jornada, los agentes de policía y guardias civiles que acudieron a la protesta —la mayoría de ellos ocultando su identidad con máscaras— derribaron el cordón policial situado a escasos metros de la puerta de los leones en el Congreso, en la parte inferior de la Carrera de San Jerónimo y trataron de acceder a la sede de la Cámara Baja.

No hubo cargas policiales. Tampoco detenidos. No se vieron imágenes de policías identificando a manifestantes que habían desobedecido sus órdenes. Nada de esto sucedió. Lanzaron petardos. El ruido de bocinas y pitos, unido al humo, enturbia el ambiente. La diputada Laura Borràs, actual candidata a la presidencia de la Generalitat por JxCat, denunció que había sido increpada e insultada por los manifestantes.

Tanto el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, como la líder Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la portavoz de Interior en el PP, Ana Vázquez, salieron del Congreso para mostrar su apoyo a los concentrados en su reivindicación y desde allí cargaron contra el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. "Es una auténtica vergüenza que un Gobierno rehén de los separatistas y de los proetarras trate a los policías y guardias civiles como si fueran los CDR catalanes o delincuentes", fueron las palabras del número dos de Vox, que se subió a una tarima desde la que hablar a los manifestantes.

Concentración contra la ley Celaá frente al Congreso

Centenares de padres, profesores, representantes de la patronal de la escuela concertada y sindicatos docentes se concentraron varios días del mes de noviembre frente al Congreso para manifestar su "contundente rechazo" a "la escuela única, pública y laica", que, a su juicio, quiere imponer la ley Celaá, informa ABC. Una de esas concentraciones, convocada por la plataformas 'Más Plurales', coincidió con la aprobación del dictamen final sobre la Lomloe en la Comisión de Educación y Formación Profesional, como previo paso a su aprobación en el Congreso y Senado.

Los dirigentes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox se sumaron en distintas ocasiones a las protestas organizadas por la plataforma, que también convocó manifestaciones con coches para protestar contra la Ley Celaá por diversas ciudades españolas. El líder del PP, Pablo Casado, puso en marcha una recogida de firmas contra la ley educativa  y se comprometió a derogarla si llega a La Moncloa. El pasado 22 de noviembre Casado acudió junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde Martínez-Almeida a una de esas protestas en la capital.

Protestas contra el "Gobierno de la muerte" por la eutanasia

El pasado 17 de diciembre el pleno del Congreso avaló la proposición orgánica de regulación de la eutanasia. El dictamen de la Comisión de Justicia cosechó cerca de una mayoría de tres quintos (el 60% de la Cámara Baja), con 198 votos a favor, 138 votos en contra y dos abstenciones. PP y Vox fueron los únicos partidos que no se sumaron al amplio consenso generado en torno a una norma "profundamente garantista".

Justo en ese momento tenía lugar una manifestación frente a la Cámara Baja. Los manifestantes llevaban máscaras y pancartas en las que se leía 'Gobierno de la muerte' y 'Eutanasia igual a recortes en pensiones, a recorte sanitario y a recortes en Dependencia'. Algunos diputados de Vox, entre ellos el líder de los ultraderechistas Santiago Abascal, y el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, salieron a arropar a los manifestantes. Desde la asociación Abogados Cristianos denunciaron que se trataba de una ley "totalmente ilegal", que es "un peligro para todos, no solo para los vulnerables" y que trata de crear "un negocio".