MADRID.- España es uno de los cuatro países de los 34 que componen la OCDE que no ofrece ningún tipo de protección legal a los filtradores de corrupción. Aquellas personas que decidan cargar contra las tramas clientelares que han contaminado cada estamento del estado y saqueado las arcas públicas deberán hacerlo por su cuenta.

Eso supone señalar a poderes que pueden hacer desaparecer empleos. Con capacidad para mantener años de litigios legales sin pestañear. “Si te están avisando de que vas a perder tu puesto de trabajo, si sabes que vas a perder muchos años de tu vida, muchos ahorros pagando abogados, y que vas a perder tu salud en el proceso, no denuncias corrupción”, explica Pedro Arancón, activista y presidente de la Plataforma por la Honestidad, que impulsa el anteproyecto de Ley de Protección de Denunciantes.

Se trata de una normativa que pretende instaurar un protocolo para que nadie tenga que pasar por aquello que han vivido denunciantes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura, miembros de la plataforma, que este martes se han reunido con representantes de PSOE, Podemos, Compromís y PNV. Este miércoles le toca el turno a Ciudadanos. ¿Y el PP? “Han dado acuse de recibo, pero no sé qué significa eso”, responde Arancón, que adelanta que el único remedio contra la corrupción es proteger a los filtradores anónimos para que cada vez aparezcan “más, más y más, para que llegue un momento en el que los que meten la mano se lo piensen dos veces”.

¿Qué sensaciones os dejan las primeras reuniones con los partidos?

Somos bastante optimistas. Nos hemos llevado una grata sorpresa por parte de algunos de ellos. Podemos, Compromís y En Marea se han comprometido en desarrollar un proyecto para proteger a los denunciantes de corrupción, poniendo a disposición profesionales jurídicos, colaborando estrechamente con nosotros. No han firmado el documento que les hemos presentado porque creen que es mejorable, nosotros también lo creemos.

También nos hemos reunido con el PSOE, que nos han comentado que ya están en ello, que lo llevan en su programa aunque nosotros lo que demandamos son medidas concretas y que impulsen este proyecto, y nosotros hasta ahora no hemos visto esta predisposición en ellos. Su postura nos parece insuficiente.El PNV simplemente nos ha dicho que llevará el anteproyecto a la Fiscalía para que le eche un vistazo.

Mañana [por este miércoles] vamos a reunirnos con Ciudadanos, que es otro de los partidos que han mostrado bastante interés. Con lo cual parece que los partidos emergentes tanto de derechas como de izquierdas son los que más nos van a ayudar para conseguir esto.

¿No ha habido noticias del PP?

El caso del PP es curioso. Yo me puse en contacto con todos los partidos al mismo tiempo para valorar la posibilidad de citarnos. Y justo ayer [por el lunes], cuando ya teníamos concretadas las citas con cinco partidos, me llegó el acuse de recibo del correo que envié hace dos semanas a la secretaria de Andrea Levy [Vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP].

No sé si este acuse de recibo quiere decir algo, pero nosotros intentaremos que el PP también se sume a este proyecto. Creo que es nuestra obligación como plataforma apartidista ofrecérselo a todos los partidos. Pero no esperamos demasiado del PP en esta materia, es un partido que está imputado por corrupción. Será difícil encontrar un compromiso por su parte.

Vosotros recogéis en el anteproyecto que la ONU recomendó legislar para proteger a los testigos de corrupción en 2003

Está en el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual España ratificó. Han pasado 12 años y ningún partido de los que han estado en el gobierno ha tenido la voluntad de hacerlo.

¿Por qué no se ha legislado todavía para proteger a los filtradores?

Creo que porque es tirar piedras contra sus propios tejados. Los grandes partidos, los partidos que han formado parte del gobierno en esta llamada democracia, están implicados en grandes casos de corrupción. Por lo tanto no creo que proteger a los que la denuncian sea una de sus grandes prioridades, por cuestiones obvias.

¿Tenéis la impresión de que al Estado no le interesa proteger la figura del denunciante de corrupción porque quiere tener el control de las filtraciones?

Sí, esto está claro. De hecho creo que esto se ve muy bien en el caso del falso informe sobre la financiación de Podemos. Se ven continuamente noticias que lo que vienen es a reafirmar que nos encontramos es un ‘todos contra el Estado y el Estado contra todos’.

Ningún miembro de un partido político va a denunciar a su propio partido. Se van a intentar proteger hasta lo imposible. Si el Estado lo manejan los partidos que han estado en el gobierno hasta ahora, que resulta que están hasta el cuello de corrupción, ¿cómo va a proteger a los filtradores? Evidentemente no les interesa.

¿Crees que los ciudadanos conocen la situación de personas como Ana Garrido, Luis Segura… Y la consecuencia que tiene en sus vidas haber denunciado la corrupción?

No. Creo que la opinión pública no conoce la situación. No son conscientes de lo que están padeciendo. Entre otras cosas, porque estas personas no suelen buscar el reconocimiento ni recompensas, solo quieren volver al mismo estatus social y económico que tenían antes de denunciar la corrupción. También recuperar la salud. Muchos de ellos sufren problemas físicos y psicológicos muy graves a causa de denunciar la corrupción.

Yolanda Díaz, diputada de En Marea, Enric Bataller, de Compromís, miembros de la comisión de Justicia del Congreso, en su reunión con Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura y Francisco Padilla, secretario de la Plataforma por la Honestidad. / PxH

¿Por qué? ¿Cuál es el proceso que atraviesan las personas que denuncian corrupción?

Cuando denuncias corrupción tu puesto de trabajo pende de un hilo. Van a ir a por ti. En el caso de Ana Garrido por ejemplo, el Ayuntamiento de Boadilla está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por acosarla. Tuvo que dejar su trabajo, y continuamente le están molestando con demandas.

Primero pierden el puesto de trabajo, luego se ven involucrados en juicios muy largos, teniendo en cuenta que las instituciones utilizan recursos públicos para pagar sus servicios legales, mientras que estas personas tienen que costearlo de su bolsillo.

Todo esto es un grave problema, no solo para los denunciantes de corrupción, sino porque no anima a denunciar. Si te están avisando de que vas a perder tu puesto de trabajo, si sabes que vas a perder muchos años de tu vida, muchos ahorros pagando abogados, y que vas a perder tu salud en el proceso, no denuncias corrupción. Estas son las bases sobre las que creo que hay que trabajar. No solo para resarcir a los que hayan denunciado, sino para que la gente se anime a hacerlo. Es algo vehicular para acabar con la corrupción: que salgan más denunciantes, y más, y más, para que llegue un momento en el que los que meten la mano donde no la tienen que meter se lo piensen dos veces.

¿Tenéis algún modelo a seguir? ¿Os habéis fijado en la legislación de algún Estado en particular para redactar el anteproyecto de ley?

No, lo han redactado los propios denunciantes de la plataforma: Ana Garrido (trama Gürtel), Luis Segura (Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal Isabel II) y Roberto Macías (UGT), basándose en su propia experiencia y en las carencias de las leyes actuales. Esto ha sido revisado por los servicios jurídicos. Ningún país ha desarrollado esta materia como lo que hemos propuesto. Nuestros principal objetivo, todo lo que queremos conseguir, se resume en el estribillo de una canción de Sabina: queremos conseguir que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena.