El torpe intento del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por capitalizar políticamente el rechazo social a la sentencia de La Manada ha acabado de colmar la paciencia de jueces y fiscales, que han recibido las alusiones a la supuesta inacción del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) con el inconcreto “problema singular” del juez Ricardo González como el enésimo ataque de un Gobierno contra cuyo “abandono” las siete asociaciones profesionales de ambas carreras han convocado una jornada de paro para el 22 de mayo, con un prolegómeno este jueves al convocar una concentración ante el Ministerio.

Las tensas relaciones del Gobierno del PP con la judicatura y la fiscalía desde la etapa del ministro Alberto Ruiz Gallardón han derivado, con el desafortunado intento de Catalá por recuperar el apoyo de la calle tras la sentencia de la Audiencia de Navarra, en un imprevisto choque frontal de inciertas consecuencias y que pone sobre la mesa el inédito aislamiento institucional del Ejecutivo: distanciado y enfrentado al mismo tiempo del legislativo, cuyas iniciativas veta por decenas y cuyas reprobaciones desoye por norma, y del poder judicial mientras los sondeos pronostican un declive demoscópico.

En ese escenario se sitúa el ataque de Catalá al GCPJ, que llega mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantiene una tensa polémica con el Supremo al sostener la inexistencia del delito de malversación de caudales por el que este tribunal investiga a la anterior cúpula de la Generalitat catalana, una postura que su departamento ha matizado tras pedirle formalmente explicaciones el magistrado Pablo Llarena.

Las manifestaciones de Catalá, en un posicionamiento que ha sorprendido en amplios sectores, se enmarcan en el intento del Ejecutivo y del PP por recuperar el apoyo de la calle en un país que sitúa entre sus doce principales problemas “el Gobierno y partidos o políticos concretos”, muy por encima de la inseguridad ciudadana, la inmigración, la propia inestabilidad política o, también, la justicia.

“Solo Catalá ha logrado poner a todos de acuerdo”

“Solo Catalá ha logrado poner de acuerdo a las siete asociaciones profesionales de jueces y de fiscales para plantear un paro”, explica el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.

Esa huelga, señalada para el próximo 22 de mayo y precedida de paros semanales de una hora, cuenta con el apoyo del Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, además de JpD.

“Gallardón se enfrentó con todos los operadores judiciales, pero a Catalá aún le quedan los abogados”, ironiza un fiscal, mientras el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, Fernando Zubiri, ponía hace unos días sobre la mesa en un debate público las “injerencias” y las presiones que desde el Gobierno y el PP viene sufriendo desde hace meses la judicatura.

La crisis entre las togas y el Ejecutivo tiene difícil marcha atrás, tal y como ponen de manifiesto las reacciones a las palabras de Catalá, tachadas de “intromisión del Ejecutivo” en el ámbito judicial por las asociaciones profesionales mientras el CGPJ apelaba a la "responsabilidad institucional" para evitar "la utilización política de la Justicia" y "el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y la profesionalidad" de jueces y magistrados.

“Esas declaraciones resultan intolerables, han sido la gota que ha colmado el vaso”, anota González Vega.

A ese cuadro se le suma el hecho de que las relaciones entre el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro del ramo son prácticamente inexistentes.

Falta de medios y promociones

Las reivindicaciones de los jueces se centran en el ámbito material, por lo que consideran una notoria falta de medios en la que destacan situaciones como los fallos de seguridad y caídas de la red de notificaciones Lexnet o las dificultades para cumplir los abreviados plazos de tramitación de las causas, y también en el legal, por la ausencia de un modelo claro de oficina judicial.

Sin embargo, el conflicto incluye otro vector inquietante: el de la llegada de fiscales y magistrados considerados afines al PP y al Gobierno a puestos clave de la judicatura.

De esa vertiente forman los tormentosos pasos por la Fiscalía General del Estado del fallecido José Manuel Maza y de Manuel Moix por Anticorrupción, desde donde llegó a acusar a la Guardia Civil de ir “más allá de sus funciones” en una investigación sobre la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Y también la promoción en la Audiencia Nacional de Concepción Espejel y de Enrique López, ambos exvocales del CGPJ a propuesta del PP y el segundo colaborador habitual de la Fundación FAES, o la llegada al Supremo del exsenador conservador Vicente Magro y de Pedro Román, secretario de Estado de Justicia con Ruiz Gallardón.