El debate está abierto en las instituciones políticas, por más que no vaya a salir adelante en la primera ocasión en la que se ha planteado: las Cortes de Aragón debatirán este jueves, y previsiblemente rechazarán salvo sorpresa de última hora, una propuesta de IU para incluir en el Código de Derecho Foral de la comunidad la obligación para los jueces de suspender a los maltratadores la patria potestad sobre sus hijos desde que son imputados hasta que se extinguen sus condenas.

La iniciativa fue presentada por la formación de izquierdas como enmienda a una proposición de ley de Ciudadanos que planteaba que los condenados por maltrato pierdan la capacidad de decisión sobre los tratamientos psicológicos de sus hijos mientras dure su condena, una reforma del Código Foral necesaria para adaptar las normas de derecho civil de la comunidad al contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Es una medida arriesgada, valiente, porque supone hablar de qué papel debe jugar el maltratador sobre el menor y víctima", explica Álvaro Sanz, diputado y coordinador autonómico de IU, que anota que "vamos a insistir y a seguir con esto, porque abre muchas vías. Y estamos seguros de que acabará en el Código Civil".

Aragón, el único territorio de Europa en el que es posible alcanzar la mayoría de edad a los catorce años, es, junto con Baleares, Catalunya, Euskadi, Galicia y Navarra, una de las seis comunidades habilitadas para aplicar esa medida antes de que sea incorporada al Código Civil estatal por disponer de uno propio. De hecho, cualquier modificación de la patria potestad, a la que se denomina "autoridad familiar", debe reflejarse en su Código Foral.

El Defensor del Pueblo apoya restringir la patria potestad 

Esa medida, reclamada históricamente por sectores del movimiento feminista y también por el Defensor del Pueblo, partidario de implementar una "suspensión temporal de la patria potestad" cuando haya medidas cautelares penales u orden de protección que el Ministerio de Justicia se ha comprometido a estudiar, y sobre la que hay un debate abierto en el Parlamento vasco, puede ser aplicada por los jueces en un proceso penal, aunque eso no suele ocurrir antes de la condena, y ser solicitada en el ámbito civil.

En ambos casos su ejecución depende del criterio de los tribunales, mientras que la propuesta que este jueves debaten las Cortes aragonesas eliminaba esa discrecionalidad. "El juez puede hacerlo a su criterio, pero se trataba de concretarlo y de que no quede al albur de interpretaciones", anota Sanz, añadiendo un tercer punto al artículo 71 del Código.

La enmienda de IU en Aragón proponía que los jueces suspendieran automáticamente y de manera cautelar la "autoridad familiar" sobre sus hijos a los padres sobre los que se dictara una orden judicial de detención, una de alejamiento o un auto de imputación o de procesamiento y que esa situación, que cesaría en caso de exoneración, se mantuviera en caso de condena "mientras no se extinga su responsabilidad penal".

La iniciativa sería de aplicación en los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexuales "del otro progenitor o de los hijos".

"Se ha abierto un nuevo debate que se abordará"

La propuesta que llega al pleno fue rechazada tras su debate en la ponencia y en la comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en la que IU solo tuvo el apoyo de Podemos mientras PSOE, PP, Par y Vox votaban en contra y C’s y Cha se abstenían, posiciones que mantendrán hoy. Trasladado al pleno, son seis síes, 46 noes y quince abstenciones.

No obstante, la iniciativa sí ha logrado abrir una vía para que esos planteamientos puedan prosperar más adelante. "Creemos que se ha abierto un nuevo debate que se abordará cuando corresponda", señaló el diputado autonómico y secretario de Organización del PSOE aragonés, Darío Villagrasa, que anotó que el trabajo de la ponencia "se había consensuado entre todos y planificado para abordar un aspecto muy concreto, que era en el que habíamos estado trabajado".

"La ponencia se abrió para realizar un trabajo muy concreto que era adaptar el Derecho Foral de Aragón al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de asistencia psicológica de los menores", añadió.

El texto final, sin la enmienda de IU, tiene el apoyo de siete de los ocho grupos parlamentarios de la cámara, todos salvo Vox. "Votaremos a favor del acuerdo", señaló Sanz, que insistió en que "hay un principio claro que hay que trasladar al ámbito político: los maltratadores no pueden ser buenos padres, y esta medida tenía entre sus objetivos evitar que sus víctimas puedan ser utilizadas y que se pueda producir una ruptura real de su vínculo".