El PP y Ciudadanos han dado el visto bueno a las últimas y rebajadas exigencias que el partido ultraderechista Vox ha puesto sobre la mesa para apoyar un Gobierno en la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso en coalición con la formación naranja.

Un paquete de medidas redactadas de forma más ambigua y generalista que las del primer documento rechazado por Ciudadanos, pero que sigue dejando patente el sesgo antimigratorio y, en ocasiones, racista y xenófobo que caracteriza a la formación ultra, liderada en Madrid por Rocío Monasterio.

Entre las exigencias de Vox siguen figurando propuestas para rebajar o eliminar el presupuesto de cooperación al desarrollo, la persecución policial de personas migrantes en situación irregular, la criminalización de la infancia migrante tutelada por la Comunidad Autónoma o la vigilancia y limitación de las subvenciones que reciben las organizaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión, entre ellas, personas migrantes y refugiadas.

Varias de las medias han sido rebajadas ante la manifiesta ilegalidad o imposibilidad de su ejecución por diversas razones, aunque en algunos casos, las propuestas siguen siendo irrealizables, según los expertos en cada materia.

Acceso policial a la información regional de 'sin papeles'

Una de las exigencias de la ultraderecha que PP y Ciudadanos han aceptado es la posibilidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado "tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular". Una medida que, inicialmente, concretaba los datos relativos a la Sanidad, es decir, a los centros de salud y hospitales. Esta medida colisionaba con la Ley de Protección de Datos española y, en este nuevo documento, los ultraderechistas han decidido añadir la aclaración "de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos".

Sin embargo, esta medida tendría todavía un difícil encaje legal, opina Samuel Parra, experto en protección de datos y responsable de ePrivacidad. En primer lugar, explica Parra, es necesario especificar finalidad por la que la Administración recaba datos personales. Vox no lo menciona en la propuesta, aunque se entiende que la intención de que la Policía acceda a esta información es proceder a la expulsión o devolución de estas personas.

"Se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo", especifica la formación. Según Parra, la normativa de protección de datos deja muy claro que la información recabada por una administración no puede ser usada para un fin diferente al original. "Si quieren que la Policía acceda a datos de hospitales o colegios para hacer una lista de migrantes irregulares que hacen uso de los servicios públicos, eso es directamente incompatible con la finalidad para la que fueron recabados esos datos originalmente, sería un uso ilícito", desarrolla el experto, que añade que podría modificarse la ley para que ya se prevea esa cesión de datos a la Policía, "pero aun así sería anulada porque vulneraría los principios básicos de protección, en concreto, el principio de calidad de datos, que establece que no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que hubieran sido recogidos". Eso, añade, por no hablar de que todo esto "tiene que ordenarlo un juez", recuerda Parra.

Destinar las ayuda al desarrollo a reducir el paro y la despoblación en Madrid

Vox también propone —y PP y Ciudadanos han aceptado— "gestionar los recursos destinados a Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid dando prioridad a proyectos de desarrollo en la región" para paliar la despoblación de zonas rurales y "favorecer el acceso laboral de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad".

Es difícil entender si lo que propone es cancelar los proyectos actuales de ayuda al desarrollo y destinar ese dinero a otro fin o si lo que quiere es computar como ayuda al desarrollo un dinero y unos programas enfocados a la región.

Según las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo del Ministerio de Exteriores y Cooperación, se consideran actuaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo "las realizadas en países receptores de ayuda oficial al desarrollo, relativas a acción humanitaria, cooperación al desarrollo o acciones vinculadas al codesarrollo", por lo que la idea de Vox no podría computarse como tal. De hecho, sólo se considerarían ayuda al desarrollo "las realizadas en España cuando los beneficiarios últimos de la actividad procedan de países receptores de ayuda oficial al desarrollo y se encuentren insertos en algún programa o proyecto para el impulso del desarrollo de sus países de origen". La ley autonómica que regula la cooperación al desarrollo entiende por esta al "conjunto de recursos y capacidades que la Comunidad de Madrid pone al servicio de los países en desarrollo".

Según Sonsoles García, presidenta de la red de ONGD de Madrid, esta propuesta, "más allá de que legalmente sea o no aceptable, es una inmoralidad y una indecencia". García recuerda los compromisos internacionales que tiene suscritos y que actualmente se está ejecutando el Plan General de Cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid 2017-2020, que tiene presupuestados 13,45 millones de euros. "Esta propuesta es volver a algo ya superado, a aquello de "primero lo nuestro y luego lo demás", es enfrentar a pobres contra pobres. Además, no creo que el 0,02% del presupuesto regional, que es lo que se destina a cooperación, sea suficiente para reducir la despoblación y el paro", opina García.

Fijación con los menores migrantes

Una vez que Vox ha entendido que la repatriciación de los menores migrantes —agrupados bajo las siglas MENA— no es una competencia regional, ha decidido sacar esta propuesta de sus exigencias. No obstante, insiste en la criminalización de este heterogéneo colectivo y pide "revisar y modernizar la creación de centros" de acogida "bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos".

Al mismo tiempo, la formación ultra exige asegurarse de que ningún menor ingresa en los centros sin que haya sido verificada su minoría de edad. Una medida para la que la Comunidad de Madrid no tiene competencia, ya que recae en la Fiscalía de Menores que, por otra parte, ya aplica con asiduidad, vulnerando incluso los derechos de los menores, tal y como ha condenado el Comité de Derechos del Niño de la ONU en numerosas ocasiones.

Lucha contra "organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación irregular"

Si en un primero documento, Vox quería retirar las subvenciones públicas a las organizaciones que prestan apoyo a personas vulnerables, entre ellas, migrantes en situación irregular, en esta última propuesta exige sólo una profunda auditoría de las mismas. No obstante, el último punto habla de colaborar "en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal". La redacción es tan ambigua que dentro de esta categoría (favorecer la presencia de migrantes irregulares) cabrían organizaciones que prestan asistencia a este colectivo. Sin embargo, no precisa cómo se llevará a cabo esta lucha.