BRUSELAS
Actualizado:El ¡Sí se puede! ha resonado con fuerza en el Europarlamento este miércoles. Una veintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de 11 comunidades autónomas han viajado a Bruselas para explicar su ley de vivienda, y para buscar lealtades a esta iniciativa entre las formaciones políticas españolas.
Esta proposición de ley está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados, y ahora buscan apoyos a nivel político y mediático. En una mañana cargada de actividad, vestidos con sus características camisetas y sudaderas verdes, los activistas se han reunido con PSOE, Podemos, Izquierda Unida, ERC, ICV y Equo -EH Bildu no ha podido asistir-, para concienciarles de que un desahucio "no es sólo cuestión de una vivienda. Son hogares los que quedan en la calle, y no se recuperan de un día para otro".
Sacristán: Hay muchas vidas en juego, demasiadas; no puede ser que sintamos vergüenza por nuestro país, y está pasando"
La cita corresponde a Soledad Sacristán, una de las activistas que ha acudido a esta cita: "Esta ley se ha elaborado partiendo de esas experiencias, sabemos lo que está pasando", afirmaba en la reunión, incidiendo en que no pueden permitirse "volver a España" con la convicción de que el Europarlamento es "sólo un edificio". "Hay muchas vidas en juego, demasiadas; no puede ser que sintamos vergüenza por nuestro país, y está pasando".
Además de sus reivindicaciones, los activistas han traído consigo un documento de apoyo a esta ley, para el que han obtenido las firmas de diputados de todos los partidos mencionados, salvo del PSOE, que no obstante sí ha comprometido su apoyo a esta iniciativa durante su tramitación en la Cámara Baja. "Tenemos la norma de no firmar nada que dé órdenes a otro parlamento autonómico", explicaba el eurodiputado socialista Sergio Gutiérrez, añadiendo que "lo importante" es que en el Congreso sí apoyarán la tramitación de esta iniciativa.
La ley de vivienda elaborada por la PAH, y asumida por Unidos Podemos, Compromís, ERC y EH Bildu para trasladarla al Congreso, llegó al registro de la cámara en el mes de enero, y los activistas se centran ahora en darla a conocer, en explicarla. Recuerdan que, a pesar de que hace años esto queda fuera del foco mediático, en España cada día tienen lugar 170 desahucios, y denuncian la pasividad de PP y Ciudadanos ante esta realidad.
En esencia, y como explicaba en rueda de prensa uno de sus portavoces, Luis Sanmartín, el objetivo de esta lucha es lograr "un marco legislativo para que esto no se repita". "Lo que tenemos ahora no funciona", insistía.
Minutos antes de la rueda, en la que se han visto respaldados por los diputados Miguel Urbán (Podemos), Paloma López (IU), Ernest Urtasun (ICV), Florent Marcellesi (Equo) y Jordi Solé (ERC), Sanmartín ha incidido en que, hasta la fecha, las medidas aprobadas por el Gobierno del PP "no han solventado la realidad ni del 1% de las familias afectadas", y ha advertido de que los conservadores aún tienen de plazo hasta el 16 de marzo para utilizar su facultad de veto en la Cámara Baja.
Para curarse en salud, la iniciativa especifica que cualquier medida que afecte al ejercicio presupuestario en curso se prorrogará hasta el siguiente año. En esencia, y además de las medidas que ya han explicado, el texto "corresponsabiliza a los responsables de la emergencia habitacional", según Sanmartín -bancos, fondos buitre, etc-
La cortina de humo del PP
Por otra parte, los activistas han alertado de que el PP ya les ha revelado en qué consistirá el plan de vivienda que ultiman: "Supone una nueva transferencia de dinero público a los bolsillos privados", explican, apuntando que el Gobierno quiere "promocionar a promotoras inmobiliarias para que se construyan nuevos pisos de alquiler, que también serán para ellas". Por eso llaman a evitar que el Ejecutivo "pueda impedir con argucias" la tramitación de esta ley.
De hecho, las cifras a las que recurren para justificar la necesidad de la nueva normativa también son desoladoras: afirman que en España la vivienda social "sólo representa el 2% del mercado total, frente al promedio del 16% en el resto de la UE".
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