Una de las primeras medidas que adoptó Alberto Núñez Feijóo cuando llegó a la presidencia de la Xunta en la primavera de 2009 fue eliminar la gratuidad de los libros de texto que había implantando el Ejecutivo autonómico de coalición de PSOE y BNG. 

Durante la campaña electoral que le dio su primera mayoría absoluta, el hoy candidato del PP a la presidencia de la Xunta había prometido que los recortes que iba a hacer con la excusa de la crisis financiera no afectarían a las clases medias y bajas. No fue así.

El 14 de agosto de 2009, sólo cuatro meses después de su investidura, el Diario Oficial de Galicia publicó una orden de la Consellería de Educación que acababa con la gratuidad de los libros escolares en la enseñanza pública.

El nuevo Ejecutivo autonómico ideó un sistema que supuestamente apoyaba a los hogares más desfavorecidos: ayudas de 180 euros para familias con dos o más hijos e ingresos anuales por debajo de los 21.600 euros, y para familias monoparentales con menos de 12.000 euros anuales.

En la práctica, eso supone que, por ejemplo, una pareja con dos sueldos de 800 euros mensuales en 14 pagas o una madre o padre soltera/o con un salario de 900 euros quedaban excluidas de las subvenciones. Desde entonces, han pasado catorce cursos en las que más del 70% de las familias gallegas han quedado al margen de cualquier ayuda para la compra de los libros que sus hijos e hijas precisan para ir al colegio o al instituto.

Cheque de 200 euros

El 1 septiembre del año pasado, a pocos días del inicio del curso escolar, Feijóo exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que entregara un cheque universal de 200 euros a todas las familias españolas con hijos en edad escolar con independencia de su renta, para la adquisición de libros y material de estudio. Algo que él no hizo durante los trece años que gobernó Galicia con plenas competencias en materia educativa.

"La política de Feijóo en Galicia se resume en cuatro puntos: recortar inversiones en unidades educativas y en profesorado, empeorando sus condiciones laborales y salariales; apoyar a la enseñanza privada y concertada y golpear el uso del gallego en la educación pública", asegura Xesús Bermello, secretario nacional de Enseñanza de la Confederacion Intersindical Galega, el sindicato mayoritario en los centros de la comunidad dependientes de la Administración autonómica.

Según el anuario Datos e Cifras do Ensino non Universitario de la Consellería de Educación, en Galicia había 31.375 docentes en el año 2009. En 2022, cuando Feijóo renunció a la presidencia de la Xunta para liderar el PP, eran 30.534, es decir 841 menos. A 31 de diciembre de 2008 estaban en funcionamiento 1.246 centros escolares de titularidad pública. Hoy quedan 1.082, un 13% menos.

El actual conselleiro de Educación, Román Rodríguez, justifica el cierre de colegios y la disminución del número de profesores en la crisis demográfica. Pero eso no concuerda con las cifras que ofrece el Instituto Galego de Estatística. Es cierto que Galicia pierde población y envejece al galope, pero también lo es que el número de alumnos y alumnas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado. Eran 364.129 en 2009 y hoy son 380.917, un 4,6% más.

En cuanto al profesorado, Xesús Bermello también recuerda la pérdida de poder adquisitivo de los docentes que provocó la decisión de Feijóo de rebajarles los salarios: un 15,4% entre 2010 y 2021. Además, Galicia fue el único territorio del Estado donde no se devolvieron las pagas extras retenidas entre 2010 y 2016, lo que supuso para los docentes una pérdida de 6.500 euros de media por persona.

Centros concertados

La política de Feijóo en materia educativa también se caracteriza por el apoyo decidido a los centros privados concertados, que sí pudieron aumentar sus plantillas y crear más unidades educativas porque entre 2009 y 2022 la Xunta aumentó tanto el número de conciertos  -131 más en los doce años de mandato de Feijóo- como el dinero que les entregó. Mientras el presupuesto de la Xunta destinado a los centros públicos se incrementó en 18 millones de euros en esos doce años, el de los centros concertados aumentó en 37 millones.

Sólo en el curso 2000-2001, la Xunta pagó 276,4 millones a los centros privados, es decir casi veinte veces más que lo que destinó, con Feijóo en la presidencia, a becas y ayudas para las familias con hijos en edad escolar. Doce años antes, la Administración educativa a cargo del Gobierno de PSOE y BNG destinó a becas y bolsas 35 millones de euros.

Quejas del personal docente

Luz López Pérez, secretaria xeral de CCOO-Ensino en Galicia, recuerda que muchos de los recortes de Feijóo han tenido como consecuencia "un aumento importante en las funciones burocráticas del personal docente", pero subraya además su negativa a implementar leyes estatales. "Un ejemplo claro es la poca o nula importancia que le están dando la Coordinación de Bienestar, cuando de todas es sabida la importancia de la salud mental en la población en general y en la adolescencia en particular"

Además, López recuerda que a los interinos con derecho a cobrar los meses de verano no se les están abonando desde 2012, que Galicia es de las pocas comunidades autónomas donde los profesores siguen con más horas lectivas que el resto, que no se han rebajado las ratios de alumnos por profesor... "Feijóo fue pionero en Galicia con los recortes en nombre de la crisis y estos aún perduran, y se niega a reconocer la deuda y también a negociar la devolución de todo lo que nos arrebató", concluye.

Freno al uso del gallego en los centros escolares

Además de eliminar la gratuidad de los libros de texto, la segunda medida que adoptó Feijóo en Galicia en materia educativa nada más llegar al poder fue derogar la norma del Gobierno anterior que establecía que el 50% de las asignaturas que se estudian en los colegios e institutos de la comunidad debían tener el gallego como lengua vehicular. Desde entonces, ninguna materia cientifico-técnica se imparte en esa lengua.

Trece años después, los resultados están a la vista: el idioma oficial de Galicia ha perdido hablantes y uno de cada tres jóvenes ni siquiera sabe expresarse correctamente en esa lengua, según un estudio de la Real Academia Gallega.

En el debate a siete entre los portavoces de los principales grupos parlamentarios en el Congreso celebrado el pasado jueves en RTVE, el representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, llegó a decir que los padres gallegos no pueden elegir que sus hijos estudien en español en la enseñanza pública.

Una afirmación que no se ajusta a la verdad. Sucede todo lo contrario. En Galicia sólo existe un centro escolar, privado y no concertado, que imparte todas las asignaturas en gallego.

Una universidad privada de regalo para Abanca

Donde tampoco se imparte ninguna materia en gallego es en la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), el centro privado adscrito a Abanca, la entidad financiera propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet.

Feijóo la autorizó con la oposición de los rectores de las tres universidades públicas de Galicia -A Coruña, Santiago y Vigo-, de los sindicatos, del Gobierno central, de la oposición en el Parlamento autonómico y, también, de la de Ley de Universidades que el PP gallego aprobó en 2013. 

Esa norma establece que el catálogo de titulaciones que puedan ofertar los centros universitarios privados que se instalen en Galicia "deberá ser complementario y no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas en el sistema universitario" de la comunidad.

La Universidad de Abanca, cuyo rector es el primo carnal de Escotet, ofrece cuatro grados -Administración y Dirección de Empresas, Administración de Negocios Digitales, Ingeniería de la Empresa e Ingeniería en Sistemas Inteligentes- con currículos idénticos o similares a los que ya ofrecen en las tres universidades públicas. 

Desde el curso 2022-2023,la UIE imparte esas materias en español e inglés, lo que también vulnera la Ley de Universidades impulsada por el propio Feijóo, y que establece que "el gallego, como lengua propia de Galicia, es el idioma de uso normal en las actividades de las universidades", sean públicas o privadas.