El juez Pablo Llarena ha reactivado este martes las euroórdenes de detención contra tres exconsellers de la Generalitat de Catalunya procesados en la causa del procés que permanecen fuera de España. Así, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reclama la entrega de los exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, por la comisión de los delitos de sedición y malversación, en el caso de Comín; por sedición, en lo que respecta a Clara Ponsatí, y por malversación y desobediencia en el caso de Puig.

Los dos primeros residen en Bélgica, como el expresident Carles Puigdemont -cuya entrega fue reclamada en primer lugar-, mientras que la segunda permanece en Escocia.

 Llarena accede así a las pretensiones de la Fiscalía del Alto Tribunal, que ya le instó a la reactivación de las euroórdenes el 31 de octubre, apenas dos semanas después de conocerse la sentencia condenatoria del mismo tribunal contra 12 de los líderes del procés independentista.

El también instructor de esta causa -antes en manos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- emitió la orden de detención internacional contra el expresident el mismo día en que se conoció la sentencia, seguida por una oleada de protestas y con enorme influencia en el tablero político, a escasas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Sus actuaciones presentan indicios de criminalidad"

En julio de 2018, el Supremo declaró a los tres exconsellers en rebeldía y hoy Llarena explica en su auto de 59 páginas el motivo por el que considera fundada la petición de la Fiscalía, una vez conocida la sentencia redactada por el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena. 

Y, si bien argumenta que el resultado probatorio de la sentencia no es directamente extrapolable a estos exconsellers -que no han sido juzgados-, también sostiene que el fallo sustancia la conclusión que él ya expuso en el auto de procesamiento de Comín, Puig y Ponsatí: "Los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad", argumenta.

Recuerda también que la sentencia condena a 9 de los 12 dirigentes por un delito de sedición -él les procesó inicialmente por rebelión-. y que considera constitutivos de un delito de malversación todos los gatos generados por actividades relacionadas con el referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017, aún cuando sólo hubieran sido comprometidos, y no abonados.

En contra de lo defendido por la Fiscalía, la cesión de locales y colegios para la celebración de estas votaciones no es constitutiva de este delito según el fallo, y por eso Llarena no reclama la entrega de Ponsatí por malversación -como también en esta ocasión reclamó el Ministerio Público-.

En concreto, en la resolución dada a conocer este martes, en lo que respecta a la malversación, Llarena señala que desde distintas consellerías se comprometieron gastos por la realización de la votación, entre ellos la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734 sobres con tarjetas censales, encomendados a la empresa Unipost SA.

“Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig i Gordi, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín i Oliveres, la cantidad de 233.180,55 euros”, precisa el auto.