El pasado 28 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una orden del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), que recupera, después del parón por la emergencia sanitaria, además de otros asuntos, la tramitación de una línea de ayudas "a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de apoyo y atención social a la mujer gestante en situación de vulnerabilidad, así como a entidades locales de ámbito municipal para proyectos de apoyo a las familias".

Esta es una medida que aún está en fase embrionaria, pero que acabará por ver la luz en cuanto supere todo el proceso de tramitación, y que forma parte de los acuerdos presupuestarios firmados por PP, Ciudadanos y Vox en 2019. En el punto diez, se recoge lo siguiente: "La administración pública andaluza debe incorporar entre sus servicios el de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades económicas y de cualquier otra índole para llevar adelante su embarazo".

El texto prosigue de este modo: "Se pondrá en marcha un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres, ofreciendo la totalidad de las alternativas disponibles a la mujer embarazada, de forma respetuosa con su decisión final".

Los tres partidos cerraban su acuerdo en este punto de este modo: "Los presupuestos del 2020 incorporarán las partidas necesarias para dicha anualidad, asignando, en su caso, la Consejería la anualidad 2019 en el marco de su presupuesto".

La fórmula escogida por el consejero para dar salida a este compromiso de los tres socios es la de subvenciones por concurrencia competitiva, la misma fórmula que el Gobierno andaluz ha utilizado en las etapas socialistas para conceder otras subvenciones, como las de memoria histórica, que a día de hoy continúan paralizadas, y las feministas, que el Gobierno de PP y Cs ha frenado para casi 300 proyectos a instancias de la Intervención de la Junta. Contra estas ayudas, el partido ultra ha arremetido una y otra vez al tacharlas de "chiringuitos". 

Asociaciones feministas y Adelante Andalucía y PSOE consideran que la creación de esta línea de ayudas es completamente innecesaria y está fuera de foco. "Nos preguntamos cuál es el problema social que se pretende solucionar, porque no se describe. Parece que se trata de subvencionar a entidades privadas sin ánimos de lucro para apoyar a mujeres con problemas sociales, familiares, de pareja, de capacitación o de autonomía, añadiendo que sean mujeres que desean continuar con su embarazo", afirma la Federación Feminista Gloria Arenas en un documento enviado a la consejería de Salud al que ha tenido acceso Público.

"Teniendo en cuenta que la maternidad es una opción, y la interrupción voluntaria del embarazo un derecho, no existe el problema que se pretende solucionar", agrega la federación.

Remacha la organización feminista: "El problema que existe, es el de mujeres y hombres que no pueden optar a la maternidad y paternidad, por problemas de índole económica, o de disponibilidad de tiempo, o por la dificultad de sostener los cuidados que requiere una criatura y hacerlos compatibles con las exigencias del mercado de trabajo, en una sociedad que aún no está siendo capaz de hacerse cargo de lo que significa la corresponsabilidad pública en los cuidados de la infancia".

La Junta de Andalucía tiene una orden, que fue publicada en 2016, en los años de gobiernos del PSOE, para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva, que ha financiado diversas medidas de apoyo a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Dar las ayudas desde la óptica del Instituto de la Mujer a darlas desde el punto de vista de una Consejería de Familias es muy diferente. En Andalucía, el IAM está en manos de Ciudadanos y la consejería en las del PP.

Postulados retrógrados y machistas

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, puso este martes el foco en esta norma y arremetió con dureza contra ella. Aguilera lamentó que cada nueva medida del Gobierno andaluz se fundamente en postulados "retrógrados y machistas". La orden, agregó la diputada, "supone un cuestionamiento del derecho a la interrupción voluntaria de la gestación y de la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y su maternidad".

"La nueva medida del Ejecutivo de PP y Cs, tal como está planteada, no aporta soluciones a los problemas que hay detrás de las dificultades para tener hijos, sino que sólo busca el reparto de dinero público entre sus entidades afines de corte ultraconservador que se oponen al libre ejercicio de un derecho de las mujeres", agregó Aguilera.

"Si el Gobierno aspirase a mejorar las condiciones de vida que facilitan la maternidad, estaría focalizando sus políticas en generar empleo estable y de calidad, el establecimiento de horarios compatibles con la crianza, la promoción de la corresponsabilidad social en los cuidados y, sobre todo, blindando su inversión en servicios públicos, especialmente en escuelas infantiles", añadió.

Aguilera manifestó, en un comunicado recogido por Europa Press, que las mujeres sufren en mayor medida la precariedad, la pobreza y la exclusión en Andalucía y que el acceso al apoyo de la administración, ya sea directa o indirectamente, debe ser generalizado para todas las ellas, no en función de la decisión que adopten en relación a su maternidad.

"Decidan lo que decidan las mujeres sobre sus cuerpos, la administración pública debería garantizarles su apoyo y desde Adelante Andalucía seguiremos defendiendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre, gratuita y en el servicio público de salud", remachó Aguilera.

La diputada del PSOE, Soledad Pérez, dijo a Público al respecto: "El gobierno con paso firme cumple los acuerdos con Vox para la destrucción de las políticas de igualdad, a la vez que recortan 1,8 millones del IAM precisamente para terminar con el tejido asociativo de mujeres, convocan subvenciones para entidades de dudoso fin social, financiando chiringuitos de la ultraderecha española".

"Para esto si hay dinero, para atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, después de poner al frente de la estrategia de salud sexual y reproductiva a una persona claramente ultraconservadora ahora financian al brazo armado de la misma en las asociaciones provida", agregó la socialista.