Cada vez que la limitación del precio de los alquileres llega a la mesa de negociación de la ley de vivienda, en trámite en el Congreso de los Diputados, la norma detiene su avance y sufre un bloqueo; la suma de todos los bloqueos hace que el texto legislativo lleve forjándose dos años y medio entre el Gobierno y la Cámara Baja.

El 2022 terminó con lo que parecía una certeza acerca de esta cuestión: la ley de vivienda no vería la luz en esta legislatura y su texto decaería sin posibilidad de impulsar una de las normas más ambiciosas del Gobierno de coalición. Sin embargo, a principios de enero la situación cambió de manera drástica. Los grupos parlamentarios del denominado bloque de la investidura (en especial ERC y EH Bildu, además de Unidas Podemos) retomaron las negociaciones con el PSOE y, pocas semanas después, avanzaron que el acuerdo podría estar más cerca que nunca.

El empujón de primeros de año, sin embargo, ya ha sido frenado. Los grupos que negocian con los socialistas siguen mostrándose optimistas con la marcha de las conversaciones, pero asumen que, de nuevo, la ley se ha topado con lo que parece ser el muro infranqueable de la limitación de los alquileres.

Los partidos negocian distintas cuestiones que atañen al texto (definición de grandes tenedores, situación de los inmuebles que entran ex novo al mercado del alquiler...), pero es, otra vez, la limitación de los precios la que enciende las alarmas de un PSOE que tira del freno de emergencia cada vez que el tren de la vivienda se encarrila hacia la regulación de los alquileres.

En este caso, desde los grupos se pide que la norma recoja un límite o tope permanente en la subida de las rentas del alquiler que llevan a cabo los caseros. Es habitual que en los contratos de arrendamiento se establezca una cláusula que liga la actualización de los precios a la evolución del IPC. En el último año y medio, sin embargo, España y el resto de la Unión Europea han sido golpeados por una inflación alimentada por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus y de la guerra de Ucrania.

Por este motivo, desde Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se apuesta por introducir un límite en la ley de vivienda para que las eventuales subidas de los precios del alquiler no puedan situarse por encima de un 3% o de un 4% (la cifra no está completamente cerrada), con el objetivo de que no se produzcan incrementos descontrolados en contextos de inflación elevada. Esta medida supone, de facto, hacer estructural la limitación del 2% que se ha desplegado durante la pandemia y la guerra para evitar subidas descontroladas, y que seguirá vigente durante 2023.

El PSOE siempre ha sido reticente a intervenir el mercado

Sin embargo, esta fórmula no convence al Ministerio de Economía. El departamento dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha irrumpido de lleno en la negociación de esta norma para revisar los avances que se habían producido en las negociaciones que mantienen desde principios de año los grupos parlamentarios. 

Economía, aseguran fuentes del Congreso, habría vetado este límite y habría propuesto la elaboración de un índice estadístico para fijar los topes. La problemática que ven grupos como Unidas Podemos en esta fórmula es que el índice no se elaboraría, en principio, hasta que la ley estuviera aprobada, por lo que, de facto, se hurtaría la posibilidad de negociar las cifras para topar precios (y, por lo tanto, el alcance de esa limitación) en el proceso de tramitación de la ley. 

Con todo, en el espacio confederal apelan a la discreción para llevar a buen puerto las negociaciones con Economía y esperan que esta discrepancia se pueda resolver. La limitación de los alquileres ha estado en el epicentro de todos los bloqueos, ya que el PSOE siempre ha sido reticente a intervenir el mercado de forma directa bajo cualquier formulación.

Cuando se comenzó a negociar esta ley en el seno del Gobierno, Unidas Podemos propuso elaborar un índice de referencia de precios para establecer unas horquillas de subida en las denominadas zonas de mercado tensionado, de manera que los propietarios no pudieran subir el precio de sus alquileres por encima de lo estipulado para su zona. Los socialistas, sin embargo, rechazaron esta vía y propusieron desplegar una serie de ventajas y beneficios fiscales (a través del IBI y de otros tributos) para aquellos propietarios que de manera voluntaria no incrementaran sus precios por encima de unos límites.

Este fue el principal enfrentamiento entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido primero por Pablo Iglesias y después por Ione Belarra, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido primero por José Luis Ábalos y después por Raquel Sánchez, respecto a la ley de vivienda.

El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar la ley de vivienda en octubre de 2020, hace casi dos años y medio, aunque el acuerdo definitivo no llegó hasta octubre de 2021 y el texto no fue aprobado en Consejo de Ministros hasta febrero de 2022.