Libertad de expresiónEl Constitucional belga estudiará el caso Valtònyc para determinar si la libertad de expresión ampara las injurias al rey

El Tribunal Constitucional de Bélgica analizará si los insultos contra la Corona del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, al que España reclama por el delito de injurias contra la Corona, están amparados por la ley belga.

Así lo ha decidido el Tribunal de Apelación de Gante en una cuestión prejudicial que ha planteado al Constitucional. El próximo 3 de diciembre habrá una primera vista, si bien la defensa de Valtònyc ha señalado que hasta que se pronuncie el Constitucional belga puede llevar entre seis meses y un año.

"Tenemos en Bélgica una ley de 1800 en la que es un delito insultar al rey. El Tribunal de Apelación pregunta al Constitucional si esta ley quiebra la libertad de expresión y de derechos fundamentales", ha señalado Simon Bekaert, abogado del cantante mallorquín.

Aunque esto ralentiza la conclusión del caso, el abogado se ha mostrado optimista al recordar que hay jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos en esta dirección.

"Es una opción que teníamos prevista"

"Es una opción que teníamos prevista. Está bien que pase esto, los Borbones cada semana que pasa lían alguna. Todos los argumentos que podamos tener delante del tribunal belga para defender que lo que dije no es una mentira, es una vía que podemos explotar", ha señalado Valtònyc en declaraciones a la prensa, que ha señalado que cuantos más tribunales le den la razón, tendrá más argumentos para acudir a la Justicia europea.

La Justicia española reclama a Valtònyc tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Su entrega ya fue rechazada hace dos años en primera instancia.

El cantante mallorquín huyó de España en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.