El Congreso decidirá el próximo martes si admite a trámite la proposición de ley de Unidas Podemos de protección de la libertad de expresión, una norma que contempla la derogación de cuatro delitos recogidos en el Código Penal: el delito de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el delito de injurias a las instituciones del Estado y el delito de enaltecimiento del terrorismo.

La reforma busca revertir los cambios introducidos en la jurisdicción española por el Gobierno del PP a partir de 2014 que, junto a la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, colisionan con el derecho fundamental a la libertad de expresión recogido en la Constitución, tal como han denunciado numerosos organismos estatales e internacionales y ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por medio de múltiples sentencias.

El espacio confederal ya registró esta iniciativa hace casi tres años (marzo 2018), y llegó hasta la Comisión de Justicia. Si bien, su tramitación decayó con el adelanto electoral de abril de 2019. Un año después, en esta legislatura, el partido morado volvió a presentarla, pero la retiró al poco tiempo para poder introducir otras normas relativas a las necesidades surgidas de la pandemia, según ha sostenido el grupo.

Discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos

El pasado mes de febrero, Unidas Podemos volvió a la carga y presentó su propuesta sobre libertad de expresión a escasos días de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias, y calumnias a la monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al difundir una serie de mensajes en redes sociales.

Si bien, el registro de la iniciativa evidenció las divergencias que subyacen en el seno del Gobierno sobre cómo acometer la reforma de estos delitos, así como la pugna entre los partidos que lo sostienen, PSOE y Unidas Podemos, por la autoría de algunas medidas, sobre todo si se trata de una norma de carácter progresista.

De esta manera, Unidas Podemos puso en conocimiento a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes (un protocolo establecido por los partidos del Gobierno para mejorar su coordinación de cara a las iniciativas que se tramiten en sede parlamentaria) su intención de llevar al Congreso la norma para derogar los citados artículos del Código Penal, una iniciativa que se presentaría al día siguiente en una rueda de prensa en el Congreso.

Sin embargo, la Secretaría de Estado de Comunicación se adelantó y anunció a través de una nota que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en una serie de reformas para revisar aquellos delitos relacionados "con excesos en el ejercicio a la libertad de expresión". El comunicado hablaba de eliminar las penas de cárcel, un cambio menos ambicioso que el recogido en la iniciativa del grupo morado.

La ley advierte de la "deriva autoritaria" en España

Hasta el momento, poco más se sabe del texto anunciado por Moncloa. Por ello, Unidas Podemos ha adelantado el debate al incluir su propuesta en el orden del día del próximo Pleno. El pasado martes, el portavoz parlamentario del grupo morado, Pablo Echenique, afirmó que se había hablado previamente con el PSOE, al que le parecía "bien". Y, sobre el sentido del voto de su socio, Echenique aseguró desconocer si los socialistas apoyarán o no su toma en consideración. No obstante, desde Unidas Podemos no se plantean "otra cosa que un voto favorable por parte del PSOE" para negociar más tarde los aspectos en los que todavía no hay acuerdo, tal como señalan fuentes de la formación.

Con todo, la norma alerta de que "en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites". Esto se está produciendo principalmente por dos vías: la senda administrativa, a través de la ley mordaza (cuya reforma está también pendiente en el Congreso), y el cauce penal, mediante la aplicación de determinados artículos del Código Penal.

Como consecuencia de estos últimos, "se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —la procesión del Coño Insumiso—, criticar al rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los monarcas".

En esencia, la proposición de ley suprime los delitos contra la Corona (artículos 490.3 y 491), el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (artículo 525), las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos (artículo 543), los delitos contra las Instituciones del Estado (artículo 504) y de enaltecimiento del terrorismo (artículo 538). Asimismo, se reforma el agravante 4 del artículo 22 al introducir entre los colectivos protegidos en este punto al de víctimas del terrorismo, y por otro lado, ante cualquier conducta vejatoria o humillante a las víctimas, existe para su protección el delito de injurias.