El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Bruselas que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el anteproyecto de ley LGTBI y ha trasladado a sus homólogos europeos la "extraordinaria preocupación" del Gobierno por el "socavamiento en algunos parlamentos sobre los derechos y libertades de este colectivo".

Sánchez ha realizado este anuncio en rueda de prensa en Bruselas en la que ha defendido que la determinación del Gobierno de España en esa materia es "fundamental".

Por ello, ha añadido que 17 Estados miembro de la UE han firmado una carta ante la próxima celebración del Día del Orgullo LGTBI, donde reafirman el compromiso de los Gobiernos y del conjunto de la UE con la diversidad, integración, la tolerancia y con el respeto a los derechos de las minorías.

Se ha referido en particular al colectivo LGTBI tras la "polémica" por la ley recientemente aprobada en el Parlamento húngaro de la que ha dicho que "mezcla muchas cosas como el acceso a información y educación por parte de los menores".

En ese sentido, ha destacado que el Gobierno de España ha sido uno de los países que junto con Luxemburgo ha liderado esta iniciativa porque ha defendido que "evidentemente" este es un "Gobierno comprometido con la diversidad y con el respeto a las minorías como uno de los valores de la sociedad española y de los valores que definen al proyecto europeo".

Finalmente, ha expuesto que dentro del Consejo Europeo, expresó su postura que defiende que el respeto a las libertades LGTBI tienen que ver con los derechos humanos y es así como hay que abordar estas cuestiones.

Tramitación de las leyes trans y LGTBI

El Gobierno tramitará en un único texto ambas leyes, en el que se ha incluido, finalmente, la autodeterminación, de forma que las personas trans podrán registrarse en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos ni terceras personas. Aún así, el Ejecutivo se refiere en todo momento en la norma a la realización de un cambio registral de sexo, y no de género, como pedían los socialistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que la norma se llevará al Consejo de Ministros del martes 29 de junio. Finalmente, el texto se tramitará bajo el nombre de Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

Fuentes de Igualdad han explicado a Europa Press que la autodeterminación, a la que se oponía el PSOE, está incluida en la ley tal y como se recogía en la última propuesta que el equipo de Irene Montero realizó al Ministerio de Justicia.

El anteproyecto recoge que el proceso para la rectificación registral de la mención relativa al sexo se iniciará mediante la comparecencia de la persona legitimada en la Oficina del Registro Civil en la que haya obtenido cita previa y que allí se le hará entrega del formulario que recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que se proceda a la correspondiente rectificación.

Se informará de las consecuencias jurídicas

En este documento se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil.

En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de la existencia de las medidas voluntarias de apoyo que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento, incluyendo medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato.

Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.

En el caso de los menores entre 14 y 18 años, todos los intervinientes en el procedimiento deberán tener en consideración en todo momento el interés superior de la persona menor. El texto indica, en este sentido, que la persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las consecuencias jurídicas en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.

Un plazo máximo de cuatro meses

Tras suscribir la persona solicitante que está conforme, deberá ser citada de nuevo en un plazo máximo de tres meses para comparecer de nuevo en el Registro Civil y ratificar la solicitud, aseverando la persistencia de su decisión.

Firmada y presentada la solicitud se dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Es decir, el proceso completo para el cambio de sexo duraría un máximo de cuatro meses.

Las mismas fuentes del Ministerio han destacado también la inclusión de medidas en la norma para garantizar los derechos de las personas intersexuales, o que las parejas lesbianas no necesiten estar casadas para aparecer ambas mujeres como madres de un bebé. Del mismo modo, lamentan que no se haya aceptado por parte del PSOE la inclusión de una tercera casilla para el género no binario, ni siquiera la disposición que aparece en los primeros borradores de la norma por la que se debía estudiar esta posibilidad en un plazo de un año.

Críticas de las organizaciones trans

Este anteproyecto recoge, aunque no completamente, algunas de las medidas que la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis, asociación de familias de menores trans, trasladaron al Gobierno en una reunión que mantuvieron a principios de este mes de junio.

Tal y como explicaron a los medios en rueda de prensa, se propuso, como seguridad jurídica a la autodeterminación, establecer un plazo máximo de tres meses para completar el proceso de cambio registral (que en la actualidad es de unos tres años), así como que la autodeterminación fuera posible para menores hasta los 12 años, mientras que los niños con menos edad pasaría por una primera fase de cambio de nombre únicamente. Además, no se oponían a la unión de las dos normas, como proponía el PSOE, siempre que se mantuviera el "nombre de las personas trans por delante".

En una posición muy diferente se encuentran las organizaciones trans, que considera que el Ejecutivo se ha "cargado" la ley que garantizaba los derechos de su colectivo y pedían que se tramitara de forma individual.

Tal y como ha denunciado la Federación Plataforma Trans, el Gobierno está "incumpliendo" su acuerdo, que hablaba de desarrollar dos leyes y considera que han "dejando en el limbo a las personas trans" y a los menores, al "excluir" a los de menos de 14 años de la posibilidad de realizar el cambio registral, así como al colectivo no binario, o a las personas trans migrantes.