La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, avanza en el Congreso, pero a un ritmo lento. La ponencia encargada de la modificación de la polémica norma ha retomado este martes su debate, pero tras una reunión de cerca de cuatro horas, ha emplazado a una nueva reunión, prevista para el próximo 1 de marzo, la discusión de los aspectos más polémicos de la reforma, tal como han confirmado fuentes parlamentarias.

Asimismo, según han avanzado fuentes de Unidas Podemos, el encuentro mantenido por los grupos ha concluido con la revisión de otros 10 artículos, además de los 19 primeros preceptos de la ley revisados en la primera ponencia celebrada en enero y que acotó la duración de la identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a un máximo de dos horas, entre otras medidas.

Con todo, según estas fuentes, los grupos han avalado este martes que los registros corporales fuera de dependencias policiales se realizarán cuando existan indicios "fundamentados racional y objetivamente". En ese caso, y también a propuesta de los partidos que sostienen el Gobierno, "no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus
partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó", según reza la enmienda introducida por PSOE y Unidas Podemos.

Además, estas acciones serán realizadas por agentes "del mismo sexo, salvo causas excepcionales debidamente justificadas", y tendrán que respetar los principios de "idoneidad, necesidad, injerencia mínima, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación; y se realizarán de modo que causen el menor perjuicio, con respeto a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de manera inmediata y comprensible de las razones de su realización".

Los grupos han acordado, entre otras medidas, dotar de mayores garantías el uso de cámaras de videovigilancia móviles, que "deberá hacerse costar en cada atestado por actuación en la vía pública". En esta línea, a tenor de la enmienda registrada por Unidas Podemos, dichas grabaciones deberán ser "custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser recabadas por la autoridad judicial".

Por otro lado, ante la falta de acuerdo, se ha vuelto a posponer el debate de los puntos donde existe mayor fricción entre la propuesta del Gobierno y sus aliados parlamentarios, como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.