El adelanto electoral se ha cobrado una nueva víctima en el Congreso. La ponencia para reformar la ley de seguridad ciudadana, también conocida como la ley mordaza, ha echado el cierre este miércoles sin que los grupos hayan logrado un consenso definitivo. En estos últimos meses, habían avanzado sobremanera y, según fuentes del órgano, el final de la reforma estaba cerca.

Los grupos se han reunido por última vez para acordar el cierre de la ponencia. La decisión ha sido tomada, entre otras cuestiones, para que la precampaña electoral que ha dinamitado la actividad habitual del Congreso no rompa los acuerdos conseguidos en el seno de la Comisión de Interior, según han apuntado estas mismas fuentes.

Además, los partidos se han emplazado a continuar con los trabajos, en la medida de lo posible, en la próxima legislatura, aunque el cambio en las mayorías parlamentarias y la entrada de la extrema derecha a la Cámara Baja pueden dificultar mucho la reforma de una de las normas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy.

En esta línea, los grupos han solicitado a los letrados de la comisión un informe con un resumen de los puntos cerrados y de las enmiendas presentadas por los distintos grupos. Aunque la reforma haya pisado el acelerador tras su entrada en la fase de ponencia, su tramitación parlamentaria ha estado plagada de obstáculos. Estuvo bloqueada en el trámite de enmiendas durante varios meses, a lo que se añadió la complejidad de la existencia de dos textos presentados (uno del PNV para reformar la ley mordaza y otro del PSOE para derogarla), que finalmente se refundieron en uno.

Las reformas que decaen

En los últimos meses, los grupos habían conseguido importantes avances que modificaban sustancialmente la norma actual. En la primera reunión de la ponencia, se acordó acotar la definición de "seguridad ciudadana", cuya “ambigüedad” creaba espacios donde pueden producirse “abusos” por parte de los poderes del Estado; además, se incluyó una definición de seguridad ciudadana más aproximada a “garantizar los derechos y las libertades” frente a ciertas arbitrariedades.

En las siguientes reuniones, los partidos lograron un principio de acuerdo para que los registros se practiquen “como norma general” en dependencias policiales, y, de esta manera, limitar lo máximo posible los registros que implican desnudos en la calle.Los agentes solo podrían practicar estos registros en la calle cuando perciban la existencia de un riesgo real para su seguridad o la de la ciudadanía.

El objetivo de esta medida era el de evitar que el registro corporal en profundidad se utilice como una suerte de medida disuasoria destinada a “humillar” a la persona y también el de evitar que existan posibles tratos discriminatorios. En la ley actual el único límite que se establece para estos registros es que se deberán efectuar “en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros” en los casos en que se “exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa”. Se quiere establecer además que estos registros se hagan respetando cuestiones como la identidad sexual.

Los grupos también estudiaban en el seno de la ponencia reducir el tiempo en el que una persona puede permanecer retenida en dependencias policiales para proceder con su identificación. Actualmente la norma fija un máximo de seis horas, pero la mayoría de los partidos están de acuerdo en incluir en la ley una estimación en base al tiempo medio que los agentes tardan en identificar a una persona.

Los partidos habían alcanzado un principio de acuerdo  para despenalizar la toma de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, siempre que la difusión de estos datos no suponga un peligro para los agentes o para sus familiares.

El apartado 23 del artículo 36 de la actual ley de seguridad ciudadana tipifica como "infracción grave" el "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". La intención era la de incluir un apartado en el artículo que precise que no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, de manera que se precisa que solo se podrá penalizar la difusión de estas imágenes cuando exista un riesgo "real" para la seguridad del agente.

En la ley las infracciones graves acarrean multas que pueden ir de los 600 a los 30.000 euros. Además de despenalizar la toma de imágenes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los grupos también habían alcanzado un principio de acuerdo para delimitar la responsabilidad de los organizadores y promotores de manifestaciones y reuniones. Los organizadores solo serían sancionados cuando no hayan dispuesto de suficientes medidas de seguridad y la manifestación se torne violenta.

De haber salido adelante la reforma, no se podría responsabilizar a estas personas de los actos violentos que puedan cometer otros asistentes a la manifestación. Si los promotores disponen las medidas de seguridad a su alcance (diálogo con la administración, instrucciones para guiar una marcha por una vía pública...) no serían sancionados aunque se produzcan hechos violentos.