Ley de seguridad ciudadanaEl Congreso da un nuevo paso para reformar la ley mordaza con el único rechazo de PP y Vox

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por 91 votos a favor, 205 votos en contra y dos abstenciones el veto del PP a la proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. Una aplastante mayoría absoluta ha respaldado continuar con la tramitación parlamentaria de la iniciativa registrada por el PNV, que ahora pasará a la Comisión de Interior para ser enmendada.

PP y Vox –aunque no ha votado el veto del grupo popular– han sido los únicos defensores de una de las normas más polémicas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, criticada por la sociedad civil, diferentes organizaciones de derechos humanos y la mayoría de partidos políticos. De hecho, el partido de Pablo Casado, en la enmienda a la totalidad con texto alternativo debatida este jueves, proponía mantener la ley para no arrojar más "incertidumbre" en medio de la situación de pandemia. Asimismo, la diputada conservadora Teresa Jiménez, encargada de defender el veto al texto, ha destacado que la norma supone una "herramienta legal e imprescindible que responde a las necesidades del estado de alarma".

Precisamente, solo en el periodo transcurrido entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el primer estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación del polémico artículo 36.6, que tiene que ver con la desobediencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). En esta línea, Mikel Legarda, ponente del PNV en la reforma de esta norma, ha criticado en una entrevista a este medio la interpretación errónea que se ha hecho de este precepto durante la emergencia sanitaria.  

Si bien, la diputada popular, hermana de una víctima de ETA, ha dedicado gran parte de su intervención a atacar al PNV y a EH Bildu utilizando el recurrente discurso de la banda terrorista, disuelta desde hace más de nueve años. "Pocas lecciones pueden dar estos nacionalistas sobre cómo defender a los ciudadanos", ha apuntado Teresa Jiménez. "Ustedes, señores de Bildu y PNV, deben preguntarse por qué no quisieron derrotar a ETA", ha añadido.

Asimismo, ha pedido que se deje de llamar "ley mordaza" a esta norma, ya que "la única mordaza es la que les pone este Gobierno a los españoles que se sienten impotentes ante un ejecutivo que pone en riesgo su libertad y derechos fundamentales". También, ha cargado contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un supuesto pacto del Ejecutivo con EH Bildu para el acercamiento de los presos de ETA. "Señor Marlaska, los españoles no entendemos por qué se han acercado, excarcelado o progresado de grado a más de 150 terroristas de ETA", ha comentado pese a que este acercamiento se produjo también durante los gobiernos del José María Aznar y Mariano Rajoy. 

"Queremos acabar con esta ley que el PP se inventó para acabar con las protestas a sus recortes"

Jon Iñarritu, diputado de Bildu, ha lamentado que la diputada del grupo popular haya "utilizado su terrible drama para hablar sobre ETA en lugar de la ley mordaza". Y, sobre esta norma, Iñarritu ha destacado que es la ley que "más ha aunado a la oposición en el rechazo" de la misma. "Ustedes hablaron solos y ahora nos dicen que hay que mantenerla", ha expresado para después añadir que su partido perseguirá la "derogación" de la ley. No obstante, ha apuntado que, además de esta norma, España tiene uno de los sistemas penales "más duros", en referencia a las modificaciones que sufrieron los delitos de enaltecimiento del terrorismo y los de odio, cuya interpretación extensiva han supuesto penas de cárcel para artistas y tuiteros.

ERC también ha defendido la derogación de la ley mordaza. "Queremos acabar con las devoluciones en la frontera que los sucesivos gobiernos han llegado a hacer", ha justificado su diputada María Carvalho. Asimismo, ha acusado al PP de ir más allá de Vox y de sumarse a la "Internacional Cristofascista", una expresión que la formación de extrema derecha ha pedido retirar del diario sesiones. Carvalho, que no se ha retractado, ha tildado la ley de "necropolítica".

Mikel Legarda ha defendido que, aunque el Tribunal Constitucional haya avalado la ley casi en su totalidad, esto no significa que la reforma que se plantea sea inconstitucional. El TC "tiene una naturaleza de legislador negativo, señalando por dónde no puede ir constitucionalmente esta Cámara, pero no determina las distintas políticas públicas que el poder legislativo decida más adecuadas a los intereses públicos dentro del marco constitucional", ha manifestado el diputado jeltzale.

Y es que, el PNV propone cambios sustanciales en 44 preceptos de la polémica ley e incorpora tres disposiciones finales en las que modifica la norma reguladora del derecho de reunión y la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la que establece un "procedimiento legal y efectivo" de devoluciones en frontera acorde a la normativa internacional de DDHH y de protección internacional, dando así cumplimiento a demandas continuadas de diversas organizaciones.

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha manifestado que "la seguridad ciudadana es una premisa necesaria para el disfrute de los derechos humanos", avanzando que los grupos trabajarán en "mejorar la reforma". "Queremos acabar con esta ley que el PP se inventó para acabar con las protestas a sus recortes y garantizar la dignidad de las personas. Nos vamos a permitir que quienes sustentaron la dictadura vengan a quitarnos los derechos", ha zanjado el portavoz de IU.

Con todo, la proposición para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana da un nuevo paso en el Congreso de los Diputados. Este es el tercer intento para acometer una reforma integral de la norma aprobada en la Cámara Baja con el único apoyo del PP en marzo de 2015. Dos legislaturas fallidas, un adelanto electoral y la emergencia sanitaria han retrasado los intentos de cambiarla, pero la aparente estabilidad de la presente legislatura otorga cierta confianza entre los grupos del arco parlamentario para dejar atrás la norma diseñada por el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.