El proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados cobra este jueves un nuevo impulso con la reunión del grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así, las diferentes formaciones comenzarán a debatir sobre las enmiendas que se incorporarán a la iniciativa lanzada por el departamento que dirige la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

La norma, imprescindible para avanzar hacia una economía circular, traspone las directivas europeas de 2018, de residuos, y 2019, de plásticos de un solo uso con el objetivo de revisar la ley de 2011. De esta manera, restringe por primera vez la utilización de plásticos de un solo uso en España, como los bastoncillos, bolsas, cubiertos, vasos y platos, pajitas, palos de globos, tampones o tapas.

Asimismo, la ley establece la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otros, para los biorresiduos, los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos. En cuanto a la recogida separada de las botellas de plástico, a través de una enmienda transaccional basada en una propuesta de PSOE y Unidas Podemos, la norma introducirá previsiblemente durante su tramitación en el Congreso un cambio relevante, reclamado por las organizaciones ambientales y que se ha puesto en marcha en otros países europeos.

Se trata del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), un modelo que asocia un valor a cada envase en forma de fianza para que este sea devuelto por el consumidor para su reciclaje, toda vez que el consumidor recibirá el dinero pagado previamente por dicho envase. Este sistema ya se aplica en más de 40 regiones del mundo con unas cifras de recuperación bastante favorables (entre el 80 y el 95% en los países escandinavos, y un 98.5% en Alemania).

Además de los partidos que sostienen el Gobierno de coalición, socios como EH Bildu, PDeCAT, ERC y Más País-Verdes EQUO han presentado enmiendas en este sentido. Por ello, se debatirá previsiblemente este jueves en la ponencia de la comisión del ramo una enmienda transaccional que plantea la modificación del Artículo 59, relativo a la "recogida separada de botellas de plástico".

En esta línea, el texto al que ha tenido acceso este medio recoge que, a los objetivos de recogida separada establecidos en el proyecto de ley (el 77% para 2025 y el 90% para 2029) se añaden otros: "A más tardar en 2023, el 70% en peso respecto al introducido en el mercado" y "A más tardar en 2027, el 85% en peso respecto al introducido en el mercado".

Asimismo, se incorpora un segundo apartado en el cual señala que, en caso de que no se cumplan esas cifras de recogida fijadas para 2023 o en 2027 a nivel estatal, "se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años" el SDDR de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en 2025 y 2029.

"Para la implantación de estos sistemas, además de las botellas de plástico, se podrán incluir otros envases y residuos de envases, de forma que se garantice la viabilidad técnica, ambiental y económica", remacha la enmienda transaccional que previsiblemente saldrá adelante. 

Incertidumbre

Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción y representante del colectivo Retorna (formado por varias organizaciones ambientales favorables a este sistema de retorno) defiende su implantación como medio imprescindible para alcanzar los objetivos fijados por la UE.

No obstante, muestra su desconfianza de cara a los plazos establecidos, ya que la implantación de este modelo se supedita al cumplimiento de los objetivos de la recogida separada de las botellas, actualmente en manos de Ecoembes. "Para el 2023 va a ser incumplido de forma rotunda porque actualmente la recogida separada de envases está en torno al 25%, siendo las botellas de plástico un porcentaje muy inferior", explica.

Asimismo, este incumplimiento "se probaría en 2024 y, al darse un plazo de dos años para su implantación, llegaríamos tarde para el cumplimiento de los objetivos europeos del 2025, por lo que tendremos expedientes sancionadores seguro", afirma en relación a la trasposición de las reglas europeas.

También, muestra su incertidumbre de cara al real decreto de envases y residuos de envases abierto a información pública a finales de septiembre. Esta norma, que estará lista como pronto en el primer semestre de 2022, desarrollará las determinaciones de la ley y concretará el sistema de depósito. "Los envasadores están en contra del SDDR y lo que quieren es retrasar la aprobación de este real decreto, que haya elecciones y que gane la derecha para que no se implante", advierte.