La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se encamina hacia su final en el Congreso, pero esta afirmación no conlleva implícitamente que la modificación salga adelante en la Cámara Baja en virtud de un desacuerdo prolongado en el tiempo. La reforma será o no será, pero en caso de que ninguna de las partes ceda en sus reclamos, la probabilidad de que acabe durmiendo en el limbo hasta que la legislatura muera es muy baja. 

Después de un año de intensas negociaciones entre los grupos afines al cambio (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts), con más de 40 reuniones a sus espaldas, y de otros tantos años de espera de esta ansiada reforma reclamada por colectivos sociales y diversos organismos, el texto legislativo transita por un túnel parlamentario con dos bifurcaciones.

Fuentes del PSOE confirman a Público su intención de someter la reforma a votación en la Comisión de Interior a lo largo de este mes de febrero "y si cae, se acabó", ya que entienden que el plazo de las negociaciones "no se pueden extender más para los mismos artículos de siempre".

Y es que, la modificación de la polémica ley que impulsó el PP en 2015 (en un contexto de movilizaciones en la calle por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy) ha salvado este miércoles su primera bola de partido al superar la fase de la ponencia. Lo ha hecho gracias al apoyo in extremis de ERC, que coincide con el anuncio del acuerdo entre el Govern de Pere Aragonès y el PSC para los Presupuestos catalanes.

En este sentido, aunque los republicanos descartan que el sí de este miércoles haya sido una "contraprestación", varias fuentes de la negociación aseguran que ERC ha usado las conversaciones sobre las cuentas para "presionar" en Madrid con la modificación de esta ley.

En todo caso, pese a este avance, las discrepancias entre el Gobierno y sus principales socios de investidura, ERC y EH Bildu (el rechazo de las derechas a la reforma convierte a estas formaciones en indispensables), en torno a cuatro puntos clave del articulado perduran. Así, el actual texto llegará a su debate en la comisión del ramo con los mismos flecos sueltos y sin visos de desencallarse.

Los puntos calientes de la discordia

Estas formaciones abogan por "desactivar los artículos más lesivos" de la norma impulsada por el PP en 2015. En concreto, reclaman "eliminar u objetivar" el delito de desobediencia (36.6) y el de las faltas de respeto a la autoridad (37.4), dos de los preceptos más usados para sancionar bajo el paraguas de la ley mordaza. Asimismo, y no menos importante, piden prohibir expresamente el uso de las pelotas de goma (prohibidas para los Mossos y restringidas para la Ertzaintza) y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

"Aunque hoy hemos permitido este avance, todavía nuestro voto es no al texto como ha quedado hasta ahora, pero no queremos levantarnos de la mesa; queremos seguir dialogando y que haya movimiento, sobre todo desde el PSOE, en los principales escollos", ha señalado la diputada de ERC María Dantas tras el cierre de la ponencia.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu ha justificado su no de este miércoles porque prefiere "continuar en ponencia para llegar a acuerdos, aunque fuera poco a poco". Asimismo, ha vuelto a poner el foco sobre los socialistas: "No nos engañemos: el PSOE quiere mantener los puntos más lesivos de la ley mordaza dando un margen de interpretación amplia a las FCSE. Lo que pedimos es objetividad para que no se utilicen esos artículos para sancionar como les venga en gana, sin motivo alguno. Continuaremos trabajando y espero que tengamos buenas noticias en las próximas semanas", ha explicado el representante de la coalición abertzale.

Los márgenes del PSOE

Dentro de ese "inmovilismo" que estos grupos achacan al PSOE, los de Pedro Sánchez reconocen que no están abiertos a tocar nada relacionado con las devoluciones en caliente de personas migrantes. "El marco no es esta ley", añaden fuentes de los socialistas para remitirse a una hipotética reforma de la ley de extranjería en este sentido, la cual se presta casi imposible dado los meses que restan hasta el fin de la actual legislatura. "Hace un año, cuando se propuso trasladar esta cuestión ahí, sí era viable", sintetizan.

No obstante, el PSOE, Unidas Podemos y el PNV confían en alcanzar un acuerdo en la Comisión de Interior en torno a los otros tres puntos de la discordia con unas propuestas que se han visto en la ponencia de este miércoles a través de tres enmiendas, aunque EH Bildu, ERC y Junts, además de las derechas, no las han respaldado al considerarlas "insuficientes".

Según ha podido tener acceso Público, el Gobierno y el PNV proponen encargar al Ministerio del Interior la elaboración de un estudio sobre el empleo de material antidisturbios. "A partir de ahí, las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo a estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, los mecanismos para la adecuada identificación de los agentes asignados en las unidades que utilicen este tipo de material, técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas", reza la disposición adicional.

También, estos tres partidos han propuesto una modificación del artículo 37.4 para tratar de "objetivar" las faltas de respeto a los agentes al incorporar que serán infracciones leves las "expresiones o actos humillantes, despectivas u ofensivas que desacrediten objetivamente el ejercicio" de las fuerzas de seguridad.

En lo relativo al precepto del delito de desobediencia, PSOE, Unidas Podemos y PNV han planteado que, para considerarse infracción grave, la desobediencia a la autoridad ha de ser "manifiesta", mientras que ERC y EH Bildu han pedido sustituir este adjetivo por "expresa y reiterada". Asimismo, el texto de la enmienda añade que la resistencia a los agentes solo se considere si hay "oposición corporal".

Al margen de estas propuestas, estos tres grupos reivindican todos los avances alcanzados hasta la fecha con la reforma de "35 artículos de los 54" de la ley mordaza, además de una modificación en la norma de derecho de manifestación. "El texto que sale poco se parece a la ley de Rajoy de 2015", ha subrayado el ponente de Unidas Podemos Enrique Santiago.

Por último, desde el PSOE y el PNV hablan de "estrategia política y electoral" para acusar a ERC y EH Bildu de impedir la aprobación de la reforma a pesar de los cambios introducidos. "Votar en contra de este texto es quedarte con lo que hay. Si lo rechazan, nos quedamos con la ley del 2015 del PP", apostillan fuentes del PSOE.