Víctimas del franquismoLa ley de Memoria Democrática despega rumbo al Congreso: los socios del Gobierno piden que sea "más ambiciosa"

La aprobación de la ley de Memoria Democrática por el Consejo de Ministros será previsiblemente una realidad este martes. La norma, que recibe el visto bueno en segunda vuelta, da el pistoletazo de salida rumbo al Congreso, donde con toda probabilidad iniciará su tramitación parlamentaria a partir del mes de septiembre.

La medida estrella del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que hasta hace unos días dirigía Carmen Calvo, sufrió un nuevo retraso la semana pasada, cuando el nuevo titular del departamento, Félix Bolaños, decidió posponer la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros para "leerla y prepararla", según explicaron a este medio fuentes del entorno del ministro.

Si bien, el proyecto de la nueva ley de Memoria pilotado por Carmen Calvo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha sufrido una gran demora con respecto al plan inicialmente establecido. De esta forma, pandemia mediante, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2020 el anteproyecto de ley, una norma heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que tiene como premisa revertir el olvido y el silenciamiento de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Ilegalizar la Fundación Francisco Franco

El texto legislativo obliga al Estado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, crea un Banco Nacional de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos, prevé la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas y contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Fundación Francisco Franco.

Precisamente, para este último punto, el Gobierno ha tenido que optar por otra vía para sortear las críticas plasmadas en el informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que, el pasado mes de junio, el pleno de este órgano rechazó medidas como el cierre de organizaciones profranquistas o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo bajo el argumento de que están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas.

"Lo que dice el informe, que agradecemos mucho, es que hay que hacerlo por otra vía, pues lo hacemos por otra vía y ya está", aclaró Calvo pocos días antes de su cese en unas declaraciones recogidas por Europa Press. En esta línea, añadió que el texto rechazará el enaltecimiento de "cualquier totalitarismo", lo que en España se debe traducir en el enaltecimiento de la dictadura franquista.

Asimismo, la ley contempla la condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura, declarando nulos los juicios represivos de la Guerra Civil. En este punto, el CGPJ también pidió acotar esa nulidad "a la existencia de un contenido específico de condena o sanción".

ERC y EH Bildu: "Se queda corta"

Toda vez que la norma reciba luz verde en el Consejo de Ministros, su tramitación en las Cortes no se prevé fácil ni breve ya que, hasta la fecha, el borrador no cuenta con el apoyo de las asociaciones memorialistas ni de los grupos que necesita el Gobierno para sacarla adelante en el Congreso, como ERC, EH Bildu y Compromís. Unidas Podemos, por su parte, también la ve "insuficiente" y confía en que se pueda mejorar durante su trámite parlamentario.

ERC y EH Bildu consideran que el texto legal sigue negando la Justicia para "todas las víctimas" debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal para los crímenes del franquismo. Asimismo, la redacción actual de la norma "se queda corta, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva, debido a la Ley de Secretos Oficiales franquista". Por ello, piden que sea "más ambiciosa".

Además, EH Bildu alega que la reparación contemplada en el borrador es de carácter "simbólico-administrativo", y no da una "satisfacción integral" a las víctimas del terrorismo de Estado. El Grupo Republicano añade que tampoco "repara figuras" como la del anarquista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista.

Compromís entiende que "se ha dado un paso atrás" en la vía por la que ha optado el Gobierno para respetar las recomendaciones del CGPJ en el apartado que hace referencia a las organizaciones profranquistas. "Este punto debe volver a su redacción inicial", resuelve Joan Baldoví, quien avanza que presentará "muchas enmiendas" en consonancia con las peticiones de las organizaciones memorialistas.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha vuelto a señalar este lunes en rueda de prensa que al proyecto legislativo todavía le faltan "muchas cosas". En este sentido, ha pedido, entre otras medidas, que se contemple la posibilidad de que las víctimas del franquismo reciban una compensación económica y renombrar el Valle de los Caídos como "Cuelgamuros".

Los colectivos memorialistas ven "bastantes lagunas"

La mayoría de las peticiones de estas fuerzas políticas van en la línea de lo que sostienen las entidades memorialistas, que este domingo, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de 1936, se manifestaron frente a las puertas del Congreso para reclamar una nueva ley de Memoria que "ponga fin a la impunidad del franquismo". Asimismo, diferentes portavoces de las asociaciones de víctimas opinaron que el anteproyecto del Gobierno tiene "bastantes lagunas".

"Queremos que contenga el rechazo, la ilegalización y anulación de todas las sentencias del franquismo", reclamó Pablo Mayoral, presidente de La Comuna-Presxs del franquismo, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. El portavoz de la Comisión Coordinadora de Colectivos de Memoria Histórica y de Victimas del Franquismo, Arturo Peinado, también valoró que el texto legal "se queda corto", ahondando en "la anulación de las sentencias franquistas, incluyendo una declaración de ilegalidad de los tribunales represivos y de los consejos de guerra del franquismo, así como la judicialización de las fosas comunes del franquismo, que no sea con un sistema privatizado".

Más allá de su travesía en las Cortes hasta su aprobación definitiva, como ha ocurrido con otras leyes de gran calado social, la norma despega del Consejo de Ministros con amenazas de ser tumbada o derogada por parte de la derecha y la extrema derecha. El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado este lunes su voluntad de sustituir las leyes de memoria por una ley de concordia en caso de llegar a la Moncloa, mientras que el portavoz de la formación ultra, Jorge Buxadé, ha aseverado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva norma "sin verla".