Una de las novedades más importantes que incorpora la nueva ley de memoria, que recibirá previsiblemente el visto bueno definitivo del Congreso el próximo jueves, es la creación de una comisión técnica cuyo cometido sea "elaborar un estudio", que no investigar, sobre la violencia que se produjo durante la Transición. En concreto, desde la promulgación de la Constitución, en 1978, hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando el Gobierno de Felipe González llevaba ya un año de rodaje.

"El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación".

Este extracto corresponde a la nueva disposición adicional decimosexta incluida en la Ley de Memoria Democrática tras un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Más País. El redactado de la enmienda, a pesar de ser escueto y de las críticas lanzadas por las derechas (reducen la medida a una suerte de ensalzamiento de los miembros de ETA), abre una ventana de oportunidad en aras de destripar el tan cuestionado relato de la Transición.

Así lo ha defendido EH Bildu por medio de su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, al señalar que con este comité se inicia el camino para "reparar de alguna forma el sufrimiento" y "esa categorización diferente de víctimas", en relación, entre otros, al caso de los jóvenes vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala, torturados, asesinados y enterrados en cal viva por los GAL en otoño de 1983.

Una comisión aún por definir

Más allá de lo expuesto en la norma, pocos detalles se conocen al respecto de esta comisión. Fuentes gubernamentales recalcan que, en ningún caso este cambio supone una ampliación del límite temporal de la ley, establecido hasta 1978. En cuanto al órgano, estas mismas fuentes destacan que tendrá carácter de estudio, estará compuesto por historiadores y especialistas y servirá solo para identificar a estas víctimas. Los parámetros para discernirlas todavía están por definir, aunque no tendrá que ver con una investigación, matizan.

"El objeto de la comisión es revisar aspectos para recuperar situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que no se deberían haber producido nunca", añadió el pasado martes el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez.

Por tanto, no se conoce quién integrará la comisión, cuánto durarán los trabajos ni qué personas, de las ciento de asesinadas por el aparato franquista durante este periodo de la historia reciente, serán objeto de estudio. A ojos de Jacinto Lara, el abogado que representa a las víctimas del franquismo en la conocida querella argentina, la formulación es "tan genérica e indefinida" que corre el riesgo de que el órgano caiga en saco roto. Esto es, "como mucho, que se identifiquen las víctimas", aunque "tampoco se sabe el perfil de las personas que puedan tener encaje y cabida ahí, por lo que pueden ser muchas o pocas", señala en unas declaraciones a este medio.

Lara, uno de los artífices de la imputación de Rodolfo Martín Villa en Argentina (aunque su procesamiento está revocado, el caso está pendiente de que la jueza instructora, María Servini, profundice más en su investigación), destaca dos historias de los casos incluidos en la causa criminal y que se corresponden al periodo fijado en el marco de la comisión.

Uno de ellos es el asesinato por la Policía Armada de Germán Rodríguez durante las fiestas de Sanfermines en Pamplona el 8 de julio de 1978, el cual permitió ampliar el período temporal al que se circunscribía inicialmente la querella argentina (hasta junio de 1977) a hechos acontecidos con posterioridad. Otro caso es el de Gustavo Muñoz, un joven activista de 16 años asesinado por un agente de Policía Nacional en Barcelona durante la manifestación de la Diada de 1978. 

En la retina, el asesinato de Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, a los 16 años por dos miembros de Fuerza Nueva en febrero de 1980. También en ese mismo año, otro ejemplo de la violencia heredada del franquismo fue el de Arturo Pajuelo, asesinado por un grupo de extrema derecha cuando volvía de casa de la manifestación convocada por el Día del Trabajador.

Casi 600 muertes por violencia política

Más allá de estos ejemplos, hay otros muchos en la sombra a la espera de ser identificados y que, por ende, todavía no han encontrado justicia. A falta de datos oficiales, el periodista Mariano Sánchez documentó en su libro La Transición sangrienta (Península) las 591 muertes por violencia política cifradas entre 1975 y 1983.

"Pese a aprobarse la Constitución, se asesinaron a tiros a personas porque sí", señala Sánchez a este medio en relación a la violencia política durante este proceso. La mayoría de estos asesinatos eran ejecutados por los propios cuerpos de seguridad del Estado y por grupúsculos de extrema derecha asociados a estos. Esta vinculación de ultraderechistas con los servicios de información del régimen franquista, primero, y una vez muerto Franco, con funcionarios del aparato en activo, se conoce como "tramas negras".

"Entre las víctimas de todo este proceso hay jóvenes que tuvieron la mala suerte de toparse con un comando de fascistas, guardias civiles, grupos de neofascistas", añade para referirse a esa violencia ejercida con total impunidad para "crear terror e impedir los avances democráticos". "Durante la Transición, se cambiaron los nombres de las instituciones, pero las personas que trabajaban para ellas y ordenaban eran las mismas", remacha Mariano Sánchez Soler.

La historiadora Sophie Baby contabilizó en su ensayo El mito de la transición pacífica: Violencia y política en España (Editorial Akal) 714 muertos entre 1975 y 1982. Y, aunque la mayoría de ellos fueron perpetrados por la banda terrorista ETA, casi 200 lo fueron a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, tanto Sophie Baby, en una entrevista con CTXT en 2018, como Mariano Sánchez coinciden en señalar que a partir de 1983 (fecha límite de la comisión técnica), con la llegada del PSOE de Felipe González a la Moncloa, hubo un cambio de paradigma, ya que la violencia pasó de ser ejercida por el Estado heredero del régimen a estar organizada por sus cloacas. "Lo que marca el cambio de los tiempos y metodología de la violencia son los GAL", concluye Sánchez.

Las víctimas anónimas

En el marco de esa violencia instalada en la etapa transicional, el historiador David Ballester subraya que no todos esos abusos policiales tenían motivación política. "La represión policial era tan arbitraria, que no solo afectaba a personas con una ideología determinada. En general, afectaba a ciudadanos anónimos", afirma en unas declaraciones a Público.

En su libro Las otras víctimas: la violencia policial durante la Transición (1975-1982), editado por Prensas de la Universidad de Zaragoza, el historiador documenta "con nombres y apellidos" 134 asesinatos en ese periodo, de los cuales, 91 se produjeron en contextos ajenos al plano político y sindical, como intentos de identificaciones o discusiones en la barra de un bar. 

Asimismo, Ballester estima que durante la Transición, "la policía mató producto de un error a un ciudadano cada caso 20 días durante siete años". Y, dentro de estos episodios calificados como "gatillo fácil", recuerda el caso Almería: cuando tres jóvenes, que acudían desde Santander a Almería a la primera comunión de un familiar, acabaron siendo torturados y calcinados por la Guardia Civil en 1981 al ser confundidos con miembros de ETA.

Por ello, afea que si la comisión de expertos "acota su trabajo a los defensores de la democracia, nos dejamos a mucha gente en el tintero". En este sentido, pide que esta consideración se haga bajo el prisma de ser víctimas de la violencia institucional. "Para mi no es terrorismo de Estado, sino de violencia institucional", explica. 

Extender el ámbito temporal de la ley

Otro reclamo del colectivo memorialista tiene que ver con la ampliación del ámbito temporal de la ley (comprende desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978) con el objetivo de que todas esas víctimas que la comisión de expertos logre identificar estén amparadas en la nueva norma.

Rosa María García fue detenida a finales de agosto de 1975 por militar en una asociación de estudiantes perteneciente al FRAP. Primero fue torturada en la antigua Dirección General de Seguridad, ubicada en la madrileña Puerta del Sol, y después pasó cerca de cuatro meses en la Cárcel de Yeserías. Una vez muerto el dictador, le dieron la libertad condicional con previo pago de 30.000 euros de fianza.

En este sentido, como "resistente y víctima del franquismo", pide una unificación de ambos periodos "de forma correcta". Por ende, cuestiona la creación de esta comisión: "¿Va a significar algo? ¿Será un brindis al sol? Vamos a estar detrás de que se cumplan los propósitos", zanja.