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La ley del 'solo sí es sí' llega al fin de su andadura en el Congreso y abre paso a un debate sobre la prostitución

La norma recoge la reforma del Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y para borrar la distinción entre abuso y agresión sexual. Los asuntos que se sacaron relacionados con la abolición de la prostitución se abordarán en una legislación aparte propuesta por el PSOE.

11/05/2022.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en el Congreso para responder a una interpelación de Vox sobre las medidas que va a adoptar su departamento para garantizar la igualdad entre los españoles durante el pleno celebrado este mié
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una intervención en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo / EFE

La Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de sólo sí es sí, finalizará previsiblemente este jueves su andadura en el Congreso, un camino largo o corto según se mire, teniendo en cuenta los plazos marcados en un principio y el carácter orgánico de la norma, pero sobre todo complejo, que ha acabado dando paso a un debate en profundidad sobre la abolición de la prostitución.

La ley recibió luz verde del Consejo de Ministros el pasado 6 de julio. Recoge el testigo de aquellas movilizaciones feministas de 2018 en defensa de la víctima de La Manada de los Sanfermines y, con el lema "Hermana, yo sí te creo" debajo del brazo "sitúa el consentimiento en el centro y eso significa que sólo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad porque toda relación sexual sin consentimiento es una agresión", como definió Irene Montero, la titular del Ministerio de Igualdad que lideró el texto.

Entre otros importantes avances, recoge la reforma del Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y para borrar la distinción entre abuso y agresión sexual. Entre los agravantes, la ley incluye las agresiones grupales, ser pareja o familiar de la víctima, o que el agresor utilice sustancias químicas para anular la voluntad de la víctima.

El texto original consensuado por los dos partidos que sostienen el Gobierno incluía dos artículos que penalizaban el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa), dos preceptos destinados a ahondar en la abolición de la prostitución que causaron discordia con la mayoría de los grupos del Congreso.

Partidos de diferentes espectros ideológicos, desde ERC, EH Bildu o la CUP hasta Cs, PNV o Junts, entienden que el debate sobre la prostitución "merece un espacio y legislación propia" al margen de esta ley. De este modo, para facilitar el acuerdo, el Ministerio de Igualdad llegó a proponer "hasta 20 borradores distintos" sobre ambos elementos, pero los socialistas no cedieron e incluso incluyeron dos enmiendas para endurecerlos.

Hasta casi el último momento, el PSOE mantuvo su propuesta a pesar de saber que la inclusión de su iniciativa (esta posibilidad pasaba por el PP, que se mostró dispuesto a apoyarla, pero no la ley en su totalidad) expulsaba a la mayoría parlamentaria articulada en torno a la norma. ERC, EH Bildu, PNV, Cs, el Grupo Mixto y el Grupo Plural habían adelantado el voto negativo a la ley de contener ambos aspectos sobre la prostitución, mientras que el PSOE insistía en que no se podía hacer responsable del sentido del voto del resto de partidos. Mucho menos después de que su partido hubiera fijado como meta en esta legislatura la abolición de la prostitución en el 40 Congreso Federal celebrado en octubre.

Finalmente, la sangre no llegó al río, ya que durante el debate del dictamen de la ley en la Comisión de Igualdad, paso previo a su debate y votación definitiva en el Pleno del Congreso para ser remitida al Senado y continuar ahí su tramitación parlamentaria, el PSOE retiró sus enmiendas "en un ejercicio de responsabilidad" y avisaron de que presentaría una proposición de ley en este sentido. Así, pese a la tensión verbalizada en esta jornada, el texto fue aprobado por el órgano parlamentario del ramo con 23 votos a favor y 14 en contra.

Al día siguiente, el pasado jueves, los socialistas cumplieron su promesa y presentaron en la Cámara Baja una iniciativa legislativa para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas", que llevará al Pleno previsiblemente el próximo 7 de junio y obligará a los grupos a posicionarse en este asunto.

Ese objetivo de abolir la prostitución forma parte de un debate complejo y con muchas aristas que sigue sin poner de acuerdo a las diferentes fuerzas del arco parlamentario. Ni en la izquierda ni en la derecha hay una postura común (tampoco dentro del movimiento feminista), lo cual lo aboca un consenso político bastante complicado que se abre paso en el Congreso de la mano de los socialistas con un futuro aún por definir. 

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