La tramitación de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, está aún pendiente en el Congreso de los Diputados. Tras cerrarse el plazo de ampliación de enmiendas el pasado 6 de mayo, la ponencia de la Comisión de Igualdad, que estudiará en primera instancia las más de 400 correcciones presentadas al texto impulsado por PSOE, aún no ha sido convocada.

En este sentido, fuentes parlamentarias de los dos partidos que sostienen el Gobierno confirman que continúan negociando las enmiendas registradas en abril por Unidas Podemos, aunque aún no ha habido ningún avance al respecto (además, el periodo estival podría prolongar aún más dichas conversaciones). El grupo morado decidió abstenerse en la tramitación de la ley para "evidenciar la voluntad de llegar a acuerdos en relación al paquete legislativo antidiscriminatorio" contemplado en el acuerdo de Gobierno y que incluía esta norma, la ley trans y la ley LGTBI. 

Y es que, el registro de la Ley Zerolo por parte del PSOE a finales de enero causó malestar en las filas del espacio confederal y del Ministerio de Igualdad al entender que "vulneraba" el pacto entre los partidos de la coalición de Gobierno. Asimismo, por aquel entonces, PSOE y Unidas Podemos evidenciaban en público la pugna interna por la ley trans, siendo la autodeterminación de género el principal punto de fricción. Cabe destacar que finalmente esta norma se ha aprobado conjuntamente con la ley LGTBI, recibiendo el visto bueno del Consejo de Ministros el martes pasado.

Hasta que las dos formaciones llegaron a un acuerdo para sacar adelante la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, coincidiendo con el debate de toma en consideración de la Ley Zerolo (en febrero), Unidas Podemos criticaba que esta norma "obstaculizaba" la ley trans. PSOE, por su parte, defendía que habían llevado la iniciativa a la Cámara Baja en otras dos ocasiones, aunque no llegó a aprobarse. 

¿En qué consiste la ley?

La proposición legislativa recoge el legado del histórico dirigente socialista y activista LGTBI Pedro Zerolo, quien siempre defendió que "discriminar no debe salir gratis" ante la ausencia de una ley de igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación. La iniciativa, que cobra más sentido que nunca en el contexto actual por el asesinato del joven Samuel al grito de "maricón", no es "una ley más de derechos sociales" sino, sobre todo, de "derecho antidiscriminatorio específico que viene a dar cobertura de las discriminaciones que existen y a las que están por venir", reza el texto de la norma.

Por ello, se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación, ampliando este concepto y extendiendo su aplicación a todos los ámbitos. "Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sostiene la ley.

Cabe destacar también que no es una ley penal, sino que aborda la tutela y reparación de las víctimas de todo tipo de discriminación mediante el establecimiento de sanciones administrativas. Por ello, según el tipo de infracción y en base a varios criterios, las multas pueden oscilar desde 300 euros al medio millón.

Enmiendas de Unidas Podemos

Asimismo, entre las 89 enmiendas registradas por Unidas Podemos, que se encuentran en fase de negociación con el PSOE, "sin producirse avances" al respecto, el grupo morado modifica la "intolerancia como eje de la norma" e incluye como ámbitos de la ley "el origen nacional, la ascendencia, el color de piel, la condición de migrante o refugiado, las creencias, las características genéticas, la lengua y la cultura".

El Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación contemplado en la norma "debe ser independiente, elegido por tres quintas partes del Congreso y del Senado por un periodo de 7 años". Además contará con "competencias sancionadoras". También, incorpora en el Código Penal el antigitanismo, la aporofobia, la afrofobia, la negrofobia y la islamofobia "para situarlos al mismo nivel que el antisemitismo y que estos comportamientos no queden impunes".

Piden modificar la Ley de Extranjería para que "no se sancione administrativamente" a los extranjeros y extranjeras que sean víctimas de delitos de odio. Asimismo, se introduce en la producción estadística del INE el uso de datos desagregados que permitan conocer las causas, la extensión, la evolución, la naturaleza y los efectos de la discriminación.